Una moto lo cercó contra un container de basura. Otra se puso a la par y el policía que estaba en la parte trasera blandió su tonfa y la estrelló –como si nada– contra su cabeza. El hombre quedó tirado en el piso. Los uniformados aceleraron y se fueron sin más. La escena quedó retratada en un video casero en el que también se escucha a otros transeúntes gritar por la agresión a una persona cuyo único "delito" fue tener la mala suerte de cruzarse con la motorizada. Ésa fue una de las postales de la brutalidad policial del miércoles pasado en las inmediaciones del Congreso. Por ese ataque, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una denuncia penal y pidió que se investigue a la Policía Federal Argentina (PFA), una de las fuerzas que dependen de Patricia Bullrich.
La presentación fue hecha este martes en los tribunales de Comodoro Py por Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos –copresidentes de la CPM– y por Roberto Cipriano García, secretario del organismo con sede en La Plata. La denuncia quedó radicada en el Juzgado Federal 6, que subroga Ariel Lijo.
La CPM es el mecanismo local de prevención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la provincia de Buenos Aires. El miércoles pasado estuvo en la zona del Congreso –mientras el Senado trataba la ley Bases– realizando tareas de monitoreo junto con el Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT) y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
Para las 18, la cacería ya estaba desatada en las calles laterales a Avenida de Mayo, a varias cuadras de la sede del Palacio Legislativo. Un grupo de monitoreo de la CPM llegó hasta Santiago del Estero al 150 alertado por vecinos. Al arribar, los integrantes de la entidad se encontraron con un hombre tirado en posición fetal, con una herida sangrante en la cabeza.
La persona se identificó como Nicolás Peralta. Explicó que estaba muy dolorido y mareado. La CPM llamó al SAME para que lo atendiera. Los profesionales del SAME estaban preocupados de que no se tomaran imágenes de la persona que estaba tirada en el piso. Incluso le ordenaron a la Policía de la Ciudad que retirara los celulares de los miembros del equipo de monitoreo de la CPM.
Pese a eso, hubo imágenes de cómo la PFA dejó herido a Peralta. También se viralizó un video en el que se veía una veintena de motos de esa fuerza circular a contramano por Santiago del Estero desde Adolfo Alsina hasta Hipólito Yrigoyen.
Para el organismo, hay elementos suficientes para avanzar en la investigación contra los integrantes de la sección motorizada de la PFA. “Resulta acreditado que el accionar de la PFA fue efectuado por fuera de los límites del uso legítimo de la fuerza, siendo que no existían motivo o razón alguna para intervenir o ejercer violencia contra Nicolás Peralta, resultando el actuar policial de forma ilegal, irracional y arbitraria”, dice la denuncia a la que accedió Página/12.
La CPM también resalta que no se trató de un hecho aislado dentro de la represión del 12 de junio pasado –que terminó con 33 personas detenidas, de las cuales hay todavía 16 alojadas en cárceles federales. “El accionar no resultó ser un exceso en la conducta de un agente solitario, sino que evidencia una práctica o una orden dirigida a los agentes”, sostienen desde el organismo.
En la denuncia que presentaron los diputados de Unión por la Patria (UxP) por haber sido gaseados por la Prefectura Naval Argentina (PNA), también se hace hincapié en que los agentes no actuaron por su propia cuenta, sino que obedecieron órdenes. Para los legisladores, hay una responsable directa: Bullrich, que después salió a justificar la avanzada contra los parlamentarios a quienes acusó de ser “delincuentes”. Esa causa también deberá ser investigada por Lijo, pero en el juzgado en el que es titular.
La PFA tiene un rol protagónico en la causa en la que hay 16 personas detenidas. Actúa como auxiliar de la jueza María Servini y del fiscal Carlos Stornelli. La División Delitos Constitucionales de la PFA es la que está analizando las pruebas para determinar qué personas habrían participado de incidentes. En sintonía con lo que planteó inicialmente la Casa Rosada y la propia Bullrich, Stornelli acusa a estas personas de haberse alzado contra la democracia y les achaca un sinfín de delitos con el agravante de terrorismo.
La intervención de la PFA es, al menos, controversial. “La fuerza no puede estar investigando los mismos hechos que causó”, sostiene el abogado Matías Aufieri, que junto a Myriam Bregman –del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh)-- interviene en el expediente.
