El Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju-Nación) advirtió que el proyecto impulsado por el oficialismo para reformar la Ley de Ministerio Público, que comenzará a ser debatido en el Congreso, inicia “una caza de brujas” contra los más de 1500 empleados incorporados desde el inicio de la gestión de Alejandra Gils Carbó (2012) en la Procuración General, a través de una cláusula “ilegal” que posibilita despidos en áreas en que la legislación complementaria no tiene injerencia.
El planteo fue hecho por el sindicato a través de una carta enviada a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, donde se debate la iniciativa promovida por el Ministerio de Justicia. Allí se les pide a los legisladores la participación de representantes gremiales en la discusión. Pero hasta ahora no hubo respuestas.
El Sitraju concuerda con las voces más críticas respecto de la “ilegalidad” de la reforma porque afecta la autonomía del Ministerio Público, pero básicamente hace hincapié en “los serios perjuicios a la institución y a los trabajadores” incluidos en el artículo 23 del proyecto. En ese punto se incluye una cláusula transitoria que “deja sin efecto las designaciones de funcionarios efectuadas en las estructuras centrales de la Procuración”, hasta ahora a cargo de Alejandra Gils Carbó.
“Es una cláusula persecutoria”, dijo el secretario gremial del Sitraju Nacional, Demetrio Iramaín, quien confirmó que la medida afectará a las 1500 designaciones de los últimos cinco años en la Procuración pero también a los funcionarios que durante ese período fueron ascendiendo en los escalafones. Así, la cifra de puestos en riesgo sería aún mayor.
El dirigente calificó a esa cláusula como “ilegal” porque establece la revisión de puestos en una órbita que, según explicó a PáginaI12, va a contramano de la legislación. “De acuerdo con la Ley de Ingreso Democrático, la única causal de despido es por mala conducta, previo sumario administrativo –argumentó–. Esa ley rige únicamente para las fiscalías, juzgados y defensorías, pero no comprende a la Procuración ni a la Corte Suprema. Por eso es ilegal.”
“Claramente se trata de una política tendiente a desmantelar los derechos de los trabajadores judiciales en general”, definió el dirigente y resaltó que este perfil de reforma ya había sido adelantado por el presidente Mauricio Macri cuando, durante el anuncio de su plan de gobierno en el CCK, “criticó a los ordenanzas que sirven café”.
La carta enviada al Senado indica que la reforma promovida por Cambiemos también “arrasa con direcciones, procuradurías y unidades especializadas” creadas durante la gestión de Gils Carbó. Algunas áreas que quedan a tiro de ser dadas de baja son las procuradurías de Violencia Institucional (Procuvin), de Criminalidad Económica (Procelac), de Trata y Explotación de Personas (Protex), la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres y el programa de acceso a la Justicia Atajo, entre otras. “Todas quedarían a criterio del (nuevo) procurador”, puntualizó Iramaín. Esta situación, concluyó, “deja a los trabajadores con un despido en cámara lenta, pone en riesgo a todos”.
