La Cámara de Diputados de Brasil revirtió su decisión de acelerar el tratamiento legislativo del proyecto que busca criminalizar el aborto en caso de violación, luego de que cientos de mujeres salieran a las calles de São Paulo y Río de Janeiro para rechazar la medida antiderechos.
Ahora, los legisladores crearán una "comisión representativa" para debatir el proyecto de ley "de manera amplia en el segundo semestre", explicó el presidente de la Cámara Baja, Arthur Lira.
La presión de las poderosas bancadas conservadoras había conseguido la semana pasada aprobar un requerimiento de "urgencia", que empujaba el texto directo al plenario de la Cámara, sin ser debatido antes en las comisiones.
El avance de la iniciativa suscitó una enorme polémica y miles de manifestantes protestaron en varias ciudades, mientras que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que dice estar en contra del aborto, la tachó de "locura".
Ante el clamor, Lira subrayó la "importancia de un amplio debate" y dijo que la Cámara no aprobará proyectos que hagan "retrotraer los derechos ya garantizados" o provoquen "daños a las mujeres".
Qué propone el proyecto antiderechos
El proyecto de ley busca modificar el Código Penal de Brasil, que actualmente no castiga el aborto en casos de violación, riesgo de muerte de la gestante o malformación cerebral del feto.
Fuera de esas excepciones, el aborto está penado con hasta cuatro años de cárcel.
La reforma impulsada por la bancada evangélica califica como "homicidio simple" cualquier aborto que se practique después de la semana 22, incluyendo los que son para detener una gestación producto de una violación.
En estos casos, la nueva norma prevé un castigo de 6 a 20 años, el doble de la pena máxima a la que se enfrenta un violador.
Ello puede afectar especialmente a jóvenes que no se atreven a hablar de que fueron violadas o que detectan sus embarazos solo tiempo después.
La vocera de la oficina de Derechos Humanos de la ONU, Elizabeth Throssell, dijo que el proyecto debe ser extensamente discutido "para entender sus implicaciones y su conformidad con los estándares internacionales en derechos humanos".
