La satisfacción con la implementación del acuerdo de paz en Colombia, entre personas que viven en las zonas más golpeadas por el conflicto, aumentó en los últimos dos años, colocándose en el 58,1 por ciento, según un informe del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) publicado este miércoles. El presidente Gustavo Petro dijo que, de ser necesario, avanzará con el acuerdo de paz mediante decretos y reiteró que irá al Consejo de Seguridad de la ONU a exponer la situación actual de su implementación.
Mejora la presencia del Estado
La coordinadora residente del PNUD en Colombia, Sara Ferrer, dijo que "la principal conclusión es que en los territorios PDET (departamentos priorizados en el acuerdo de paz, entre los que se encuentran Antioquia, Norte de Santander, Cauca o Nariño) la tendencia ha sido positiva en la satisfacción con la implementación del acuerdo". De esa forma "en el 2019 solo el 36 por ciento de las personas que viven en territorios PDET estaban satisfechas frente a la implementación y al día de hoy, son 58 por ciento de las personas en territorio que piensan que hay una mayor satisfacción frente la implementación del acuerdo".
El informe, que fue realizado con 11.820 encuestas en 72 municipios PDET y cinco ciudades capitales, muestra también una mejora de percepción de la presencia del Estado, aunque esa cifra sigue siendo muy baja y refleja los retos pendientes en cuanto a la paz. Hay un aumento de casi 10 puntos porcentuales de las personas que creen que mejoró la presencia del Estado en sus regiones, pero aún hoy el 71,2 por ciento de los encuestados creen que esa presencia de instituciones es nula o insuficiente para la provisión de bienes y servicios en la ruralidad.
Además "cuatro de cada cinco personas piensan que el conflicto persiste o que va a volver. Y, por supuesto, esto sí es un llamado de atención que debemos realmente mejorar", apuntó la coordinadora residente del PNUD. Según el informe "Escuchar la Paz", el 80 por ciento de las víctimas afirman no haber recibido ninguna reparación, a casi 15 años de que se aprobara la ley de víctimas, y el 74,2 por ciento de las víctimas consideran que existe una falta de oportunidades socioeconómicas para ellas.
Otro de los temas que refleja el informe es la brecha entre ciudades y ruralidad, ya que en las ciudades, donde se toman decisiones y se hacen las políticas públicas, hay "una mirada menos optimista frente a la implementación del acuerdo que la que tienen las personas que viven directamente esos dividendos de la paz", resumió Ferrer. Así, mientras que en territorios PDET el 82,1 por ciento de personas piensan que negociar es la mejor solución de conflictos, en las ciudades la cifra baja al 52,2 por ciento y casi el 40 por ciento prefieren el uso de la fuerza.
"Rezago" y pedido de Petro
El gobierno colombiano confesó el miércoles pasado que hay un "rezago" en la implementación del acuerdo de paz que firmó en 2016 con la guerrilla de las FARC y manifestó que está en busca de "todos los mecanismos y los medios" para poder cumplir lo pactado. En mayo el propio presidente Gustavo Petro dijo que denunciará ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) que el Estado colombiano no cumple el acuerdo y vaticinó que eso puede llevar a "derramamientos de sangre".
Petro llegó a esa conclusión después de señalar que el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) firmó el acuerdo de paz pero no se cumplió cabalmente el primer punto sobre una reforma rural integral, ni tampoco otros relacionados con verdad y justicia. Este miércoles el mandatario propuso implementar el acuerdo con las FARC a través de decretos, evitando de esa forma recurrir a una Asamblea Nacional Constituyente rechazada por la oposición.
"El acuerdo de paz con las FARC se entregó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidad bajo la forma de una declaración unilateral de Estado. ¿Vamos a cumplir o vamos a violar el compromiso ante la sociedad? Y esto último significa abrirle la puerta a un derecho internacional con capacidad de ejecución en Colombia, con efecto vinculante", sostuvo Petro luego de posesionar a Carlos Hernán Rodríguez como nuevo contralor general. El mandatario insistió en que debe cumplirse, por ejemplo, la reforma agraria que establece la entrega de tres millones de hectáreas.
