Taty Almeida se ató su pañuelo blanco antes de entrar a los Tribunales de Comodoro Py. Unas horas antes, el presidente Javier Milei había llamado “delincuentes” a quienes salieron a las calles a protestar contra la ley Bases que impulsa su gobierno. Taty –que lleva casi 50 años buscando respuestas por la desaparición de su hijo Alejandro– subió hasta el tercer piso del edificio de Retiro para pedirle a la jueza María Servini que le ponga fin a la causa por la que hubo 33 personas detenidas en cárceles federales –de las que aún permanecen cinco privadas de su libertad. “Los métodos que les aplicaron a los presos nos traen recuerdos de épocas que pensamos que ya no íbamos a volver a pasar. Como en la dictadura”, dice después de retirarse con la comitiva de organismos de derechos humanos y dirigentes políticos. Acababan de dejar en el juzgado un petitorio --firmado por 65.000 personalidades y organizaciones-- en el que se pide la libertad de los detenidos y el fin de la criminalización. 

El 12 de junio, mientras el Senado debatía la nueva versión de la ley ómnibus, las fuerzas federales desataron una cacería en las inmediaciones del Congreso. Contaron con la asistencia de la Policía de la Ciudad –que detuvo a 22 personas. La reacción se organizó rápidamente. El viernes 14, ya había dirigentes de organismos, de la izquierda y del peronismo en los tribunales de Comodoro Py para pedirle a Servini que liberara a los detenidos.

En ese momento, empezó a tomar forma un petitorio que catalogaba como “absurda” la acusación del gobierno de que los manifestantes eran “terroristas” o que intentaban un golpe de Estado. Una semana después, esa declaración había reunido apoyos que iban desde las agrupaciones de derechos humanos locales hasta el cineasta Pedro Almodóvar, pasando por el exjuez español Baltasar Garzón o los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero o Evo Morales. En general, hubo una adhesión compacta de diputados y senadores nacionales de Unión por la Patria (UxP). Lo mismo que los diputados del Frente de Izquierda y sus Trabajadores (FIT). El gobernador bonaerense Axel Kicillof se sumó al reclamo por la libertad de los presos junto a todo su gabinete. Desde el radicalismo se plegaron Ricardo Alfonsín y María Luisa Storani, vicepresidenta del partido.

Myriam Bregman –que acaba de dejar su banca en el Congreso y preside el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh)-- llegó con una carpeta con las firmas. Había estado dedicada a esa tarea durante la última semana con Victoria Montenegro, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y una de las nietas que restituyó su identidad gracias a la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo.

Taty entró al Juzgado Federal 1 junto con Bregman y Montenegro para dejar el pedido. Como la jueza no estaba disponible en ese momento, las recibió uno de sus secretarios –Adolfo Omar Piendibene. En la noche del martes, Servini había excarcelado a once de los dieciséis presos y dictado 28 faltas de mérito. Hay cinco personas que aún permanecen detenidas. Los fallos de la jueza fueron un golpe duro al relato de La Libertad Avanza (LLA) y al accionar del fiscal Stornelli: para Servini, el representante del Ministerio Público convalidó detenciones sobre las que no había pruebas.

En la reunión, la voz cantante la llevó la referente de Madres de Plaza de Mayo -Línea Fundadora. Taty Almeida expresó su preocupación porque Stornelli pretende que la Sala II de la Cámara Federal porteña revoque las excarcelaciones y que, de esa forma, los detenidos vuelvan a estar presos –en sintonía con lo que reclama el Poder Ejecutivo. En el juzgado les explicaron que estaban analizando filmaciones y que pedían que particulares acercaran los registros que pudieran dar cuenta de los momentos de las detenciones.

El secretario se comprometió a transmitirle la conversación a Servini. Las tres se fueron con la sensación de que habían sido escuchadas. El funcionario judicial tuvo contacto con otros integrantes de la comitiva que esperaban afuera del juzgado. Eduardo Tavani, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), le recordó que los organismos tenían una reunión pendiente con Servini y pidió que se les permita ingresar a las cárceles federales para asistir a los presos.

En el hall del tercer piso estaban los diputados nacionales Mónica Macha, Carolina Yutrovic, Eduardo Valdés, Nicolás del Caño, Christian Castillo y Romina del Plá. Había legisladores porteños como Cele Fierro, Alejandrina Barry y Victoria Freire. Entre los referentes de organismos de derechos humanos se encontraban Carlos "Charly" Pisoni, de H.i.J.O.S Capital, María Elena Naddeo (APDH) y Carlos “Sueco” Lordkipanidse, sobreviviente de la ESMA e integrante del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Los acompañaban la exministra de Seguridad Sabina Frederic, el economista Claudio Lozano y el abogado Luis Zamora, entre otros.

En Comodoro Py, su presencia no pasó desapercibida. El secretario general de la Cámara de Casación, Juan Montesano, bajó para acompañar --sobre todo-- a Taty Almeida y para que pudiera llegar sin inconvenientes hasta el juzgado. Durante el fin de semana, los organismos habían puesto el grito en el cielo porque el viernes hubo un despliegue sin precedentes de la Policía Federal Argentina (PFA) dentro del edificio. La situación --que incluso fue repudiada por los trabajadores de Comodoro Py-- no se repitió.

“Frente a semejante panorama de horror y de represión es que construimos la unidad. Lo hicimos con el manto de los organismos”, dice Victoria Montenegro –que hizo saber el apoyo de Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, a la movida. “Tenemos que visibilizar lo peligrosa que es esta avanzada y que decidimos enfrentarla. Nosotros no especulamos”, agrega.

Bregman coincide que la concertación que viene dándose desde el viernes –con la primera conferencia de prensa en el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) hasta la concentración en Plaza de Mayo del martes– es la respuesta del campo popular a una intentona represiva del gobierno nacional. “No nos puede ganar el miedo. Que estén las Madres y las Abuelas a la cabeza es fundamental para decir que esas situaciones –incluso las más adversas– se pueden enfrentar con la movilización”, afirma.

Taty Almeida piensa lo mismo: las detenciones al voleo y la saña demostrada por las fuerzas con los detenidos –algunos contaron que se desmayaron del dolor, otros que los amenazaban con doblarles dedos, que en la comisaría les decían que el fiscal había pedido que los mantuvieran con esposas y uno incluso denunció que el Servicio Penitenciario Federal de Patricia Bullrich lo recibió con gases lacrimógenos y con cánticos de "la patria no se vende"– fueron un mensaje hacia quienes se oponen al modelo del gobierno de Milei y Victoria Villarruel. “Esto fue hecho para amedrentarnos. Así que esto no se termina aquí. Seguiremos. Tenemos que estar más unidos que nunca”.