El plan de reconversión del microcentro porteño, que buscaba transformar la zona en un área residencial, quedó oficialmente en pausa. Así lo anunció el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), que decidió suspender los actos de aprobación de todos los proyectos privados que se habían presentado para optar por los beneficios impositivos establecidos en la ley que creó el programa, aprobada en 2021 por el propio oficialismo porteño. Ahora el Ejecutivo considera que esos beneficios constituyen un costo "excesivo", por lo que realizará un "proceso de revisión" del plan. 

De la postal desolada que dejó la pandemia en el microcentro surgió una certeza compartida por casi todos los espacios políticos porteños: la zona debía refuncionalizarse hacia un uso residencial. Desde el oficialismo y la oposición presentaron, así, diversos proyectos que tendían, desde diferentes enfoques, a reconvertir los usos de los edificios del área. Haciendo uso de su mayoría casi automática, fue la propuesta oficial la que terminó por prevalecer y en diciembre de 2021 la Legislatura aprobó la Ley N° 6.508 de "Transformación del área céntrica de la Ciudad". Sólo los bloques del entonces Frente de Todos y el Frente de Izquierda se opusieron al proyecto. 

Dos años y medio después, y recambio ejecutivo mediante, es el propio oficialismo el que decidió, ahora, poner en pausa el plan de transformación. Lo anunció a través de un comunicado del Ministerio de Desarrollo Económico, a cargo de Roberto García Moritán, en el que se informó que el GCBA "resolvió realizar una revaluación integral a fin de mejorar el régimen de Reconversión del Microcentro, que otorgaba beneficios impositivos a los proyectos que se aprobaran en esa zona de la Ciudad".

La decisión quedó formalizada a través de la publicación en el Boletín Oficial de una resolución conjunta de los ministerios de Desarrollo Económico y de Hacienda y Finanzas, y de la Secretaría de Desarrollo Urbano. La resolución, que anuncia el inicio de “un proceso de revisión de la implementación” del plan, oficializa la suspensión de "los efectos de los actos administrativos de pre-aprobación y aprobación de proyectos de reconversión en el marco del régimen previsto en la Ley N° 6.508", así como el freno a "toda tramitación relacionada al otorgamiento o reconocimiento de beneficios enmarcados en dicha Ley". 

En otras palabras, el GCBA suspende la aprobación de todos los proyectos, incluso los que ya habían sido presentados hasta la fecha límite de entregas, fijada en el 31 de enero de este año. Lo cierto es que esa convocatoria no había obtenido el mayor de los éxitos. Según pudo saber este diario, sólo se presentaron 22 proyectos desde el inicio del plazo de presentación hasta el 31 de enero. Distribuidas en distintos puntos del microcentro, menos de la mitad de esas iniciativas habían llegado al estado de pre-aprobación. 

Pero el argumento central utilizado por el GCBA para suspender el plan no radica en el éxito o el fracaso de la iniciativa. Es, por el contrario, puramente económico. Desde la cartera de García Moritán aseguran que el aporte total del Estado para la concreción de los proyectos presentados llegaría a alcanzar "un costo fiscal de unos 215 mil millones de pesos", mientras que los privados pondrían alrededor de 152 millones de pesos. "Esto implica que casi el 60 por ciento de la inversión total la aporta el Estado y es considerado excesivo por la actual gestión, que busca priorizar la participación mayoritaria privada", sostienen. En la resolución se precisa que el plan "no puede efectuarse sin que de ello resulte un compromiso considerable para el equilibrio de las finanzas públicas de la Ciudad".

Es que la ley aprobada en la sesión del 9 de diciembre de 2021 establece beneficios que van desde el 50 al 70 por ciento de lo invertido para los privados que emprendan proyectos de reconversión. El beneficio se efectiviza a través de exenciones en el impuesto sobre los Ingresos Brutos. Lo llamativo es que fueron los y las legisladoras de la oposición quienes advirtieron en aquella sesión sobre lo generoso de los beneficios previstos y alertaron que terminarían por reproducir el círculo del uso especulativo y financiero de las propiedades céntricas. El oficialismo no escuchó esos argumentos y avanzó igual con la aprobación.

Aunque ratificaron que el plan de reconversión no está caído definitivamente sino que será sometido a una reevaluación de su implementación, desde el Ministerio no precisaron en qué consistirá la revisión ni qué sucederá con los 22 proyectos presentados. Lo cierto es que el plan tiene carácter de ley, por lo que si el Ejecutivo quisiera modificar alguno de los puntos esenciales de la iniciativa debería presentar un nuevo proyecto en la Legislatura. 

Un informe realizado por el Observatorio Universitario de Buenos Aires (OUBA) de la UBA advertía ya el año pasado que los beneficios impositivos previstos en la ley "terminan favoreciendo a la especulación inmobiliaria o a servicios como Airbnb". "Por cómo está planteado, se incentiva la remodelación de edificios enteros, entonces un gran inversor compra un edificio en bloque y lo transforma en una oferta de lujo muy asociada al turismo, incluso empieza a haber edificios enteros de Airbnb. Eso no favorece a la vida urbana, expulsa y dolariza el mercado", indicaba el informe.