El miércoles 12 de junio, mientras en el Congreso se debatía una ley totalmente regresiva en materia de derechos laborales y la protección de los territorios, afuera el pueblo se manifestaba en su contra. Patricia Bullrich volvió con todo su aparato de violencia institucional para reprimir, golpear y detener de manera arbitraria a quienes protestaban de forma pacífica, vendían empanadas, o simplemente pasaban por el lugar.
La irracionalidad de los hechos se agravó cuando el fiscal Carlos Stornelli pidió que las causas pasen al fuero de su competencia -ya que hasta ese momento algunas se encontraban en manos de la justicia de la Ciudad- y acusó a las 33 personas detenidas esa tarde de una cantidad de delitos inaudita, haciendo un copy paste en todos los casos, sin pruebas y sin describir hechos concretos.
El viernes 14 la jueza María Romilda Servini de Cubría ordenó liberar a 17 de lxs detenidxs y cinco días después liberó a otrxs 11. Aún continúan privadxs de su libertad cuatro varones, uno de ellos que se encontraba en situación de calle y Patricia Daniela Calarco Arredondo, quien fue detenida de forma arbitraria por un policía de civil.
Luego de las primeras 17 puestas en libertad, Stornelli apeló la decisión de la jueza y pidió que todxs lxs detenidxs vuelvan a prisión preventiva y no sean excarceladxs, considerando que lo sucedido en el Congreso debe investigarse como un “alzamiento contra el orden constitucional”, que tuvo como objetivo impedir que funcione el Parlamento. Otro procedimiento que el fiscal presentó sin pruebas y sin hechos concretos que puedan demostrar la existencia de esos delitos graves que menciona, tampoco justifica que exista una organización entre las personas acusadas que pudieran impedir el funcionamiento de la actividad parlamentaria ese día.
Agustina Lloret es abogada y coordinadora del área de litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales - CELS, una de las tantas organizaciones de derechos humanos que se encuentra acompañando el pedido de libertad de las personas detenidas y de quienes ya fueron liberadas, pero aún continúan con causas abiertas. En comunicación con Las12 explica las irregularidades del accionar de la justicia, lo que representa una falta grave hacia los derechos de la ciudadanía. “Concretamente estamos hablando de detenciones arbitrarias, que en un momento estuvieron separadas en dos líneas: una que desde el comienzo estuvo bajo la Justicia Federal por el hecho de que habían sido detenciones producidas por la Policía Federal y otra línea bajo el fuero de la Ciudad, lo cual implica que las personas detenidas estaban imputadas por delitos menores, es decir, resistencia o atentado contra la autoridad, entre otros. Hubo un momento de quiebre cuando el fiscal Stornelli planteó quedarse con todas esas imputaciones, las propias y las de la Ciudad, cosa que la jueza Servini de Cubría apoyó y eso terminó sacando al fuero de Ciudad y lo llevó al federal”.
¿Cómo justificó el fiscal Stornelli el pedido de pase al fuero federal de las causas?
--El considera que son los mismos hechos y por una cuestión de unificar la investigación, necesita que estén todas las causas juntas. Lo problemático de esa transferencia del caso de un fuero a otro es que personas que eran acusadas por delitos re contra menores, como resistencia a la autoridad, que tiene una gravedad ínfima y que estaban destinadas a caer y archivarse al poco tiempo, se terminan convirtiendo en una causa de grandes magnitudes qué es lo que estaba armando en su fuero Federal. Él tenía un plan de construir un mega caso de hechos que no constituyen un mega caso y que ni siquiera él puede describir.
¿Qué dice la causa en el fuero federal?
--El tenía un plan muy concreto de construir -detrás de esas detenciones arbitrarias que comienzan con la intervención policial en terreno- un mega caso, con mega imputaciones que incluyen delitos que son gravísimos, vinculados a la afectación a las instituciones democráticas, la obstrucción del trabajo parlamentario, es decir, que la mitad de las personas detenidas venían de delitos menores y de golpe se encontraron imputados por atentado contra las instituciones democráticas de la República.
- ¿Es decir que los delitos por los que se les acusaba cambiaron?
--Exactamente, Stornelli armó toda esa bolsa de delitos y estas personas que iban por una línea de golpe aparecen atraídas y metidas en esa misma bolsa.
¿Qué irregularidades encontraste en el armado de esa mega causa?
--Hay varios problemas que se ven tan solo leyendo las presentaciones de Stornelli, en la principal del 13 de junio pidió indagatorias y la prisión preventiva de todas las personas que tenía a disposición por el fuero federal y las que se estaba trayendo de la Ciudad. En ese escrito uno puede ver todos los hilos de su trabajo pobre a nivel jurídico que es básicamente que no puede describir hechos. No hay un solo hecho concreto descrito en toda la presentación, por ejemplo, no dice que había tal persona, en tal esquina, a tal hora. No hay una sola prueba concreta mencionada en esa presentación que es muy corta para tener 33 personas detenidas. Solo tiene ocho carillas, es como si todos hubiesen hecho lo mismo y ni siquiera sabe qué hicieron. Lo que imputa son delitos del Código Penal, calificaciones legales, no cuenta la conducta, qué hechos cometieron, cómo lo cometieron, por qué esa conducta la traduce en ese delito, qué es lo que pasó, ni con qué pruebas. Solo menciona un tuit de Milei y dos notas, una de Clarín y otra de la Nación que mencionan que hubo destrozos enfrente al Congreso. Eso no es prueba, para pedir indagatorias tenes que probar que tenés una investigación en curso donde la prueba te indica que esa persona es sospechosa de haber cometido un delito y que la queres indagar para avanzar en el proceso.
La vuelta de las detenciones arbitrarias y las razzias policiales
"El otro gran problema es que pide las prisiones preventivas también sobre la base de construcciones que son abstractas, vagas, genéricas y para todos por igual. El fiscal plantea: 'Atento de la gravedad de los hechos y de los delitos', o sea, de los hechos que no describe y los delitos que son los que a él se le ocurrieron, pero no prueba nada. Considera que puede haber riesgos procesales, que serían concretamente, el entorpecimiento de la investigación, eso también tiene que probarlo persona por persona y no de manera genérica. Luego en su dictamen Stornelli plantea que estaban en curso los pedidos de las cámaras de la calle como si cualquiera de las personas detenidas pudieran tener acceso a esas cámaras para destruirlas, alterarlas o editarlas. Esas cámaras solo están a disposición de los ministerios de seguridad en general. Lo problemático de todo esto es que la jueza Servini de Cubría le dio la razón, en la mitad de los casos, hasta el martes pasado que ordenó la libertad de 11 de las 16 personas que quedaron detenidas en ese momento", según Lloret.
¿Con estas irregularidades por qué crees que la jueza le dio la razón?
--La verdad que no lo sé, lo que te puedo decir es que cuando pasan estas cosas, hay una falla en el control judicial que es fundamental. Nosotros en las situaciones de protesta hemos advertido a lo largo de los años y más recientemente un viraje hacia las razzias policiales, el retorno de las detenciones arbitrarias, masivas, injustificadas e ilegales. Cuando eso pasa en el marco de una protesta quienes tienen un valor fundamental para subsanar esos problemas de intervención, son los fiscales y los jueces. A esas detenciones arbitrarias se le suma un fiscal que convalida esa actuación y triplica la apuesta porque recordemos que la mitad de estas personas detenidas iban por una resistencia a la autoridad, o sea, estaban con un delito menor, así estaba presentado el sumario policial, no es que se le ocurrió a la policía imputarles delitos graves vinculados al atentado contra las instituciones. Eso lo hizo el fiscal, que es la primera línea que tiene que poner control a esa actuación policial, tiene que validar, ordenar, afinar, pulir lo que el policía le trae, él lo agarra y lo triplica. Atrás viene Servini y convalida una parte, no se entiende la racionalidad de esa decisión tampoco. Las resoluciones de rechazo de excarcelaciones de Servini son todos un copy paste, no dicen nada, no explica con prueba concreta por qué a tal no le hace lugar a la excarcelación, repite lo que le plantea Stornelli. Esta convalidación parcial es bastante problemática porque las autoridades fiscales y judiciales son fundamentales para poner un límite y controlar este tipo de situaciones.
¿Te llamó la atención la rapidez con la que fueron trasladadas las personas a distintos penales?
--En un contexto normal de otras protestas en las que también hemos denunciado detenciones arbitrarias, esta situación no pasaba de una noche en el calabozo, que ya es un montón de castigo y de daño para personas que fueron detenidas arbitrariamente. No se justifica ni se puede explicar tener que pasar la noche detenido en un calabozo por no haber hecho nada concretamente, pero se resolvía a las pocas horas, se les tomaba declaración y se los liberaba. Acá desde el momento en que se les toma declaración y se decide trasladarlos a la unidad penal, ya tomó otra forma el proceso de criminalización, un proceso mucho más complejo y distinto a lo que veníamos viendo en otros años y en otras gestiones también.
¿Qué otras irregularidades encontraste en las presentaciones del fiscal?
--Del sumario policial lo que surge es que las conductas de los detenidos ocurrieron a muchas cuadras de distancia del Congreso y a las seis de la tarde aproximadamente, cuando la jornada de deliberación dentro del Congreso se extendió hasta pasada la madrugada. Esto no es menor para analizar el tipo de delitos que se está imputando. Los hechos son aislados, no fueron una cosa generalizada, son personas que no se conocen entre sí, que estaban desconcentrando, volviendo a sus casas. Stornelli está acusando como si fuera una situación parecida a la que ocurrió en el Capitolio donde se vio a un montón de gente reventando las puertas para entrar. Esto no pasó, las personas estaban a 20 cuadras de distancia. Si efectivamente alguien tiró una piedra a 15 cuadras del Congreso, explícame qué manera ese episodio se conecta con un golpe de estado y una búsqueda por obstruir la deliberación del Congreso. No tiene ningún sentido.
¿Hay algún detenido por quemar el auto de Cadena 3?
--No, nadie. Eso es llamativo también y es llamativo que hay videos y había policía cerca, está todo está filmado, incluso el auto en el que se van esas personas con la patente dada vuelta ¿Quien está investigando eso? No se sabe.
Las 11 personas liberadas el martes recuperaron su libertad por falta de mérito: ¿Qué significa esto?
--Significa que la jueza hizo un análisis de la acusación que le presentó Stornelli, los descargos que brindaron los acusados y la prueba que tenía hasta el momento a mano para analizar y corroborar quién dice la verdad y quién miente concretamente. De esas 11 personas que liberó la jueza estableció que le falta analizar y peritar pruebas como para poder resolver si las procesa o si las sobresee, es decir, si va a avanzar en el proceso penal contra esas personas o si las va a desvincular del proceso penal de manera definitiva.
¿Se cae el plan de Stornelli?
--Yo creo que no, o sea, posiblemente Stornelli vaya a sostener y apelar esta decisión como supimos hace un par de días que apeló las excarcelaciones que la propia Servini concedió. Evidentemente él va a querer sostener su trabajo y defender su acusación. Eso tiene dos patas, discutir la concesión de libertades planteando riesgos procesales y por el otro lado, discutir si hay falta de mérito o no. Habría que ver en estos próximos días cómo va a seguir su estrategia.
¿Esas 11 personas y las 17 que recuperaron su libertad antes continúan con causas?
--Sí, las 11 personas que quedaron en libertad ahora más las 17 que están libres hace un par de días quedan con esa causa abierta. La falta de mérito justamente lo que genera es que la causa quede en pausa, entre comillas, mientras se analizan las pruebas para poder volver a tomar una decisión. Sí quedan sometidos a proceso en libertad a la espera de lo que se analice en esas pruebas, si ven que hay pruebas suficientes para llevar el caso a juicio eventualmente o si hay que desvincularlos de manera definitiva por no haber hecho aquello de lo que Stornelli los acusó.
La única mujer que quedó detenida es Daniela Calarco ¿Es legítima su detención?
--Para mí que continúe detenida es completamente desproporcionado e innecesario. No tiene ningún sentido. En el caso de ella hay una intimidación pública que es un delito grave según la mirada de Servini y por ese motivo existen riesgos procesales y le dictó la prisión preventiva, es decir, esa es la construcción del riesgo procesal que vienen construyendo, en este caso puntual se agarran de la intimidación pública. Desde un primer momento a Daniela la habían imputado por un delito menor, ella es una de las personas que venía de la causa de Ciudad. Volvemos siempre sobre esta distinción entre el delito menor y el delito más grave que es federal. Al sumarle la intimidación pública construyen esta idea de que la acusación es grave y que como consecuencia de ello conviene para asegurar la investigación que permanezca detenida. Me parece que es completamente desproporcionado e innecesario mantenerla detenida con relación a qué medidas de prueba están pendientes en la causa. Los teléfonos celulares, las filmaciones de la vía pública y de las cámaras de seguridad son pruebas que están bajo siete llaves de la fiscalía o del juzgado, no hay forma que los acusados en este caso, Calarco, pueda acceder a esa prueba para destruirla y entorpecer la investigación, entonces por ese motivo y por no estar suficientemente fundado o argumentado la prisión preventiva para ella es una medida absolutamente innecesaria y debería poder atravesar este proceso en libertad.