Las autoridades libertarias del Correo Argentino ya le habían informado a la Justicia sobre el plan de despidos de unos 4000 trabajadores y sobre el achique de las 1452 sucursales que tiene la empresa a un total de 600.
Ahora, tras el amparo presentado por el intendente de Esteban Echevarría, Fernando Gray, el plan de desguace se complicó: el escrito le pide al juez Enrique Alonso Regueira que ordene en menos de 48 horas una medida de no innovar destinada a preservar la estructura de la empresa y el personal que la integraba hasta el 20 de diciembre de 2023 en todas sus sucursales.
En una reunión con la jueza federal María Servin, la Cámara Nacional Electoral le pidió a la empresa que presente los alcances de su plan de ajuste, con la preocupación de que pudieran afectar el proceso electoral, algo que las autoridades del Correo niegan (lo terminarían tercerizando). Pero aún no está del todo claro que el proceso electoral esté garantizado.
“Vengo a promover acción expedita y rápida de amparo (art. 43, 2° párrafo, CN), la que solicito tramite por el procedimiento del juicio sumarísimo de la Ley 16.986, dirigida contra el Poder Ejecutivo Nacional (…), en su condición de accionista principal de la empresa Correo Oficial de la República Argentina SA (…) tendiente a obtener la tutela jurisdiccional del derecho, como consumidores y usuarios, de contar con un servicio de correo, público y privado, eficiente y de tarifas razonables y trato digno para los usuarios (art. 42 de la CN), lo que comporta el mantenimiento de la estructura funcional y normativa (DNU 701/2004) vigente hasta la malhadada imposición del DNU 70/2023, el que pretende trastocar al Correo Oficial de la República Argentina SA mediante un proceso de desmantelamiento de su estructura, competencias, personal y sucursales, a los fines de su privatización”, dice el escrito presentado por Gray.
