La Cámara de Diputados convirtió en ley por 144 votos contra 6, y 31 abstenciones el proyecto que penaliza la corrupción empresaria, con sanciones que van desde multas hasta la quita de la actividad por un plazo máximo de diez años y la suspensión de participar en las licitaciones convocadas por el Estado Nacional a aquellas empresas involucradas en delitos contra la administración pública. Las abstenciones y las críticas más duras fueron del bloque FpV-PJ que advirtió sobre el artículo que permite “acuerdos de colaboración eficaz” y otras condiciones que le permitan a las empresas eximirse de pena. 

El bloque de Cambiemos celebró la sanción de la ley, solicitada por Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), luego de que el proyecto fuera votado en Diputados, luego revisado en el Senado y, finalmente, esta tarde aprobado. Por ejemplo, el proyecto aprobado originalmente proponía la imprescriptibilidad de los ilícitos, pero en la Cámara alta se redujo a un plazo de seis años.  

Los votos positivos fueron de los bloques de Cambiemos, el Frente Renovador y el bloque Justicialista, y habilita la sanción de delitos de cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias nacional o trasnacional, concusión, enriquecimiento ilícito y falsificación de balances. Tanto para  empresas de capital nacional como extranjero.

El artículo 16 de la norma aprobada también fue otro de los puntos de discusión, debido a la serie de sospechas de corrupción que destapó la causa del Lava Jato y sus implicancias en la Argentina. Ese artículo habilita “acuerdos de colaboración eficaz”, con los que las empresas podrán alcanzar acuerdo con el Ministerio Público Fiscal para colaborar con la investigación de corrupción a cambio de reducción de la pena. 

El bloque FpV-PJ advirtió que desde que se discutió por primera vez el proyecto en la Cámara baja, en el mes de julio, a la actualidad, la situación del MPF, se modificó drásticamente tras la renuncia de la procuradora Alejandra Gils Carbó y con la negociación por parte del Gobierno de una norma que modifica los criterios de selección y remoción de ese cargo. “Estos acuerdos se van a realizar con un procurador vaciado de independencia”, denunció el diputado mendocino Guillermo Carmona. 

Además, el bloque se abstuvo de la votación para mostrar el desacuerdo con las condiciones planteadas en la ley que le permiten a una empresa eximirse de toda pena. Esas condiciones que dejarían sin culpa a una empresa cómplice de corrupción serían: que la empresa detecte el delito y lo denuncie; que implemente un sistema de autocontrol que prevenga la comisión de delitos; y que la empresa devuelva el monto involucrado en el accionar delictivo.