Los juegos de apuestas que se ofrecen a un clic de internet, desde cualquier smartphone, y su acceso libre para jóvenes y niños, escala en la agenda pública como un problema a enfrentar. Es uno de los aspectos que subyace en la denuncia penal que amplió esta semana el Ejecutivo provincial y que solicita el bloqueo de dominio y embargo de cuentas bancarias a 385 páginas web ilegales. El ingreso de menores de edad al mundo de las apuestas como problema de salud pública se ventiló también en el Encuentro Nacional de Legisladores Provinciales por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes organizado por la Defensoría de Niñez y Adolescencia, del que participó por Santa Fe la diputada radical Silvana Di Stefano.
"Combatir el juego online ilegal también es pensar en nuestros jóvenes y su educación, incluso muchas de estas transacciones fueron detectadas por las redes de internet de las escuelas", alertó la legisladora. El contexto –que también se puso de relieve en aquel foro– es que sobre una población de 12,2 millones de niños/as y adolescentes, el 58,5% vive en la pobreza, y el 18,9% en la indigencia.
Pero el acceso fácil a las apuestas online atraviesa todos los estratos sociales. Sus sitios en internet se legitiman desde las camisetas de varios equipos de fútbol profesional, nacional y mundial. Con sus accesos irrestrictos a plataformas de casino, y juegos asociados a billeteras virtuales, para los chicos resulta una posibilidad sencilla de ganar dinero fácil e inmediato.
"Es un tema que nos preocupa, principalmente por las consecuencias nocivas y en ocasiones dramáticas que el juego online provoca en los adolescentes y sus familias", señaló Di Stéfano en declaraciones a El Litoral. "Muchos jóvenes santafesinos acceden a plataformas legales a través de transferencias de dinero en billeteras virtuales. Por esta razón es que sugerimos que se tomen medidas para evitar el ingreso de menores y evitar la proliferación de casinos online clandestinos", agregó la diputada.
El director de la Caja de Asistencia Social y Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena, había interpuesto denuncia en mayo pasado contra 273 sitios ilegales de apuestas online; y esta semana agregó otros 112 dominios, con el pedido a la fiscal general María Cecilia Vranicich de que tramite el bloqueo de todos ellos –384 en total– y el embargo de sus cuentas bancarias.
En rigor, la primera motivación para la denuncia fiscal es de índole tributario. La presentación judicial refiere al presunto delito de "explotación, administración y operación de juegos de azar en perjuicio de la Administración Pública Provincial por parte de sitios web de apuestas", reza el escrito que invoca el artículo 301 del Código Penal. La denuncia reprocha "la ausencia de limitación de acceso a lugares de juego por parte de menores y el tiempo de exposición de los mismos ante sitios o plataformas que permiten esta interacción de manera irrestricta".
En el encuentro de parlamentarios de todas las provincias, Di Stéfano encontró que la preocupación por el riesgo de ludopatía en menores es similar en todo el país, y que los gobiernos locales se deben mejores políticas de prevención al respecto.
La legisladora reveló que algunos sitios ilegales se detectaron a partir del acceso que hubo desde redes wi fi de las propias escuelas y durante horarios de clase. Ese solo detalle bastó para activar alarmas.
"Son a menudo compañeros de escuela que unen los eslabones que conducen a los casinos en línea y sitios de apuestas. El sistema funciona como el de los antiguos pasadores de quiniela de la era analógica, que conectaba con los quinieleros zonales y a estos con los capitalistas. Son como cajeros modernos que recaudan el dinero en colegios, clubes, y a su vez lo destinan a los sitios de apuestas, por lo que reciben una comisión", expuso el experto en ciberseguridad Daniel Monastersky en su sitio ciberseguridadlatam.com.