Desde Santa Fe
El Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia de Santa Fe ratificó ayer que la escucha telefónica al ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, es legal, se realizó en una causa que investiga "actos de corrupción", entre ellos "delitos contra el Estado" y "falsificación de documentos públicos" y la ordenó el juez Nicolás Falkenberg porque los fiscales que investigaban, Roberto Apullán y María Laura Martí, habían descubierto un intento para "entorpecer la pesquisa en curso" y otra maniobra que ellos definen como la "utilización de contactos políticos (sic) para que ambos acusadores recibamos una advertencia", lo que mete el interrogante del encubrimiento. El planteo de los ocho magistrados -entre ellos el presidente del Colegio Jorge Patrizi‑ es un claro respaldo a Falkenberg y desmiente y deja en falsa escuadra a Pullaro, quien en su defensa política agitó la sospecha de una "pinchadura ilegal" de su celular que hasta atribuyó a "sectores oscuros".
Falkenberg ordenó el monitoreo de cinco líneas telefónicas para ampliar las investigaciones el 30 de setiembre, pero sin que los fiscales ni el juez supieran que una de ellas era la de Pullaro. El Colegio de Jueces relata cómo fueron los hechos:
* 22 de setiembre: La jueza Sandra Valenti autoriza las primeras intervenciones telefónicas en una "investigación por delitos contra la administración pública y falsificación de documentos públicos", que estaba a cargo de la División Investigaciones Judiciales y la Unidad de Asuntos Internos (zona norte).
* 29 de setiembre. La fiscal Martí solicita la "intervención" de otras "cinco líneas telefónicas con carácter urgente" en la misma causa. El juez Falkenberg le pide que explique los "motivos concretos" que justifiquen las escuchas. Y Martí lo hace. Le contesta que pueden aportar "información relevante", "datos precisos sobre la comisión de hechos delictivos que -además de su importancia por si‑ revelan animosidad en entorpecer la investigación en curso, lo que incluye además la participación necesaria de individuos que a la fecha no revestían" la "calidad" de investigados. "Aprovechar la fluidez de las comunicaciones es imprescindible para continuar con la investigación y establecer la titularidad" de los teléfonos, agregó.
* 30 de setiembre: Martí le manda a Falkenberg un segundo mail. Le aclara para "mayor precisión" que la pesquisa descubrió un "entorpecimiento probatorio". Hay "una fluida actividad desde una particular línea telefónica" que la jueza Valenti había ordenado interceptar siete días antes. "Se advierte en las comunicaciones que efectúa esta línea en especial la planificación de hechos de apariencia delictivas" para "lograr una estrategia de ascensos jerárquicos en la plana policial" y "tomar represalias con el personal". Y revela una maniobra que ya había saltado en las escuchas, a la que definió como "la utilización de contactos políticos que los acusadores públicos recibamos una advertencia". Lo que podría tener su significado a la luz de los hechos que se sucedieron después. Martí cerró el pedido con "la necesidad de obtener la titularidad de las mentadas líneas telefónicas", por lo que el juez Falkenberg ordenó la intervención de los cinco teléfonos y resultó que uno de ellos era el de Pullaro.
La fiscal Martí "consignó desconocer la titularidad de los abonados" que pedía monitorear, recordó el Colegio. Pero esta "situación no obstaculiza la procedencia de la intervención telefónica, toda vez que se trataría de supuestos hechos ilícitos en curso de ejecución, teniendo en cuenta la urgencia alegada a tales fines", concluyó. Y firman los ocho jueces del Colegio: Patrizi (que lo preside), Falkenberg, Sergio Carraro, Susana Luna, Luis Octavio Silva, Eduardo Pocoví, Jorge Pegassano y Héctor Candioti.
El 3 de octubre, fiscal Apullán abrió una nueva investigación. Y lo que siguió es conocido: el lunes 9 de octubre dispuso detener al ex jefe de la Unidad Regional V, Adrián Rodríguez y el miércoles 11 cuando iba a indagarlo, el fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, le ordenó dejarlo en libertad y obligó a suspender la audiencia en la que Apullán iba a imputar a Pullaro y pedirle el juicio político, según fuentes judiciales. Y al día siguiente, jueves 12, lo desplazó de la causa.
Ayer, en radios de Santa Fe, el juez Falkenberg dijo que desconocía que el teléfono intervenido era el de Pullaro: "Se desarrolla esta diligencia en marco de una petición como hay muchísimas y no se informa de quién era la línea porque no se contaba con esa información. Normalmente se informan los datos con los que se cuenta. Es información obtenida a los fines de determinar la existencia de un delito. A veces no hay tiempo para pedirle a la compañía de teléfono quién es el titular y si se cuenta con esa información hay que aportarla".
