Desde que volvió a hacerse cargo del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich montó operativos gigantescos con un despliegue exorbitante de efectivos de las fuerzas federales. Más allá de hacer exhibición de sus “fierros”, la ministra juega al secretismo cuando le piden precisiones acerca de cuánto personal o cuántos pertrechos se emplean en cada una de esas movidas. Ante un pedido de información que hizo Myriam Bregman, la cartera que conduce Bullrich contestó que explicar cuántos agentes moviliza podría implicar un riesgo para la seguridad del país. No tiene esos mismos temores cuando les envía las facturas con los gastos de los operativos a las organizaciones sociales, partidos políticos o gremios que salen a la calle para protestar contra el ajuste de Javier Milei.

Desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) –que dirige la exdiputada del FIT-U Bregman– le preguntaron a Bullrich cuánto personal había desplegado en los operativos que montó el 24 de marzo y el 1 de mayo. La pregunta no era inocente: Bullrich dice que, con su protocolo, busca evitar que se corten las calles y, de esa manera, se paralice el tránsito. No había mucho tráfico para frenar en esos dos días que fueron feriado. En el Día del Trabajador, la izquierda había padecido un despliegue intimidante de las motos de la Policía Federal Argentina (PFA).

La respuesta del Ministerio llegó el miércoles a través del subsecretario legal Diego Hernán Goldman. En pocas palabras, les dijeron que la información que pedían no era pública. Goldman sostuvo que difundir la cantidad de efectivos, móviles y demás costos podría afectar la información relativa a pormenores operacionales. “La cesión de ese detalle operacional podría afectar el accionar de los titulares de la información requerida sin existir una proporción respecto del interés del solicitante”, escribió.

¿Cuál es, según el Ministerio, la razón para mantener esa información en reserva? Que dar a conocer el detalle de los recursos humanos y materiales asignados a un operativo en particular “permitiría calcular y anticipar su capacidad de acción”. Para el Ministerio, hay un “dilema” en brindar información sobre operativos públicos porque podría ser usada por quienes pretenden atentar contra la “seguridad pública mediante hechos tales como protestas violentas, tomas de edificios, cortes de rutas o vías de circulación, atentados contra la integridad física de las personas o la propiedad pública y privada”.

La respuesta parece sugerir que Bullrich piensa que hay un ejército esperando sobrepasar a las fuerzas de seguridad en cualquier manifestación pública –lo que va en sintonía con el afán del gobierno de Milei de caracterizar como “terroristas” a quienes se movilizaron el 12 de junio pasado para expresar su descontento con la ley Bases que estaba siendo debatida por el Senado. Bullrich no parece concebir la protesta como uno de los mecanismos de expresión propios de la democracia.

“Hay muchos antecedentes en los que se informó esto y no pasó nada”, explica un experto en temas de seguridad consultado por este diario. “Además, hay mucha información que debe darse como garantía de que no habrá problemas, de que las fuerzas garantizarán la seguridad, de que no van a usar armas y de que hay oficiales de mando medio suficientes. También es importante conocer los nombres y los grados de los responsables por si pasa algo”, especificó.

Bullrich invoca una de las excepciones contempladas en la ley de acceso a la información pública (27.275) para mantener el secreto. En su artículo 8- inciso a, establece que podría no contestar un requerimiento si es información expresamente clasificada como reservada o confidencial o secreta, por razones de defensa o política exterior.

A priori, un operativo por una marcha no es una razón de defensa o política exterior. El Ministerio de Seguridad omite citar cómo sigue el artículo invocado. “La reserva en ningún caso podrá alcanzar a la información necesaria para evaluar la definición de las políticas de seguridad, defensa y de relaciones exteriores de la Nación; ni aquella otra cuya divulgación no represente un riesgo real e identificable de perjuicio significativo para un interés legítimo vinculado a tales políticas”, resalta la norma.

La doble vara

“Es insólita la contradicción en la que está el propio gobierno”, dice Bregman. “El vocero presidencial Manuel Adorni maneja todos los números cuando se trata de facturar los operativos, pero cuando pedimos información siguiendo todas las vías legales, rechazan darla y alegan que es una cuestión de seguridad pública”.

El martes, Adorni dijo en la conferencia de prensa que habitualmente brinda desde la Casa Rosada que el operativo del 12 de junio tuvo un costo superior a los 130 millones de pesos y que el gobierno había hecho una presentación ante la justicia para que partidos de izquierda y organizaciones sociales solventen los costos.

Días antes de la conferencia de Adorni, el Ministerio de Seguridad había comunicado oficialmente que le había enviado los costos de su operativo al fiscal Carlos Stornelli –quien adhiere a la hipótesis estatal de que hubo un alzamiento contra los poderes constitucionales. Bullrich no solo envió a la prensa un comunicado, sino también la información que proporcionaron las fuerzas afectadas –la PFA, la Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Gendarmería Nacional.

De esos informes surge que la PNA –fuerza responsable por haber gaseado a los diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP)-- gastó 32.709.819,23 pesos por su despliegue de la semana pasada.

La Gendarmería, por su parte, movilizó cuatro unidades: el destacamento móvil 1, el destacamento móvil 6, el escuadrón seguridad vial “Autopista Noroeste” y el escuadrón 1-11-14. En combustible, la fuerza gastó 964.562,21 pesos; 15.287.290,16 pesos en remuneraciones y 26.387.949,40 en equipamiento.

Los datos más elocuentes son los de la PFA. En uno de los cuatro anexos detalló, por ejemplo, que tuvo cinco oficiales superiores, 19 oficiales jefes, 73 oficiales subalternos y 553 suboficiales y agentes en terreno. En los otros restantes se puede leer que empleó a otros 50 efectivos. También puede reconstruirse que hubo 64 móviles, dos camiones hidrantes, 20 motos, una unidad móvil satelital, un sistema de video, un autobomba y una ambulancia.

En el caso de la PFA, se informó que usó 797 cartuchos 12/70 antitumultos (los mismos que la Gendarmería dejó en manos de los golpistas bolivianos en 2019), 75 de estruendo, 177 cartuchos CS 38 y 26 disuasivos presurizados. El valor total de la operación fue de 55.357.364, 36 pesos.

La ministra no tiene secretos cuando se trata de facturar operativos. Esta práctica ya fue denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el próximo 11 de julio examinará la situación de la protesta en Argentina.