Fernanda S., de 26 años y madre de un niño y una niña, fue detenida el 19 de junio tras asentarse en un terreno fiscal en la ciudad de Pichanal, acuciada porque perdió su trabajo y no puede afrontar el pago de un alquiler. Ayer fue liberada, luego de que se viralizara su detención y el reclamo de cese de la detención. 

Su situación devela las condiciones estructurales de esa localidad del norte salteño, donde predomina el desempleo, la feminización de la pobreza, la falta de políticas habitacionales y ante todo ello, la única respuesta estatal que aparece es la criminalización.

Al conocer la detención de Fernanda, organizaciones de mujeres y LGBTI de Salta y del NOA se solidarizaron y firmaron un comunicado impulsado por la Fundación Gema, pidiendo que la liberen. 

"La detuvieron por un delito del artículo 181 del Código Penal, que es usurpación. Supuestamente usurpa un terreno que no es de nadie, que es baldío. La denuncia la hacen dos policías que actúan de oficio. Para que se configure el delito tiene que haber un despojo con violencia o clandestinidad y acá no hubo ningún despojo, no hubo nunca delito. Sin embargo, la detuvieron por orden del juez Claudio Parisi e intervino la fiscal Mariana Torres", dijo la abogada Soledad Rallé, quien se presentó el jueves último como defensora particular de la mujer e intervino ad honorem tras conocer su situación. 

Fernanda fue detenida el miércoles alrededor de las 14.30. Increíblemente, la Policía la condujo a la comisaría junto a su hija de 6 años de edad y su hijo de 10, quienes estuvieron "detenidos" con la madre durante horas en la dependencia policial. Finalmente, la madre fue trasladada a la Unidad Penitenciaria N° 9, de Orán, mientras que el niño y la niña pudieron irse con su abuelo materno. El atardecer del jueves último un grupo de vecinas y vecinos, familiares y el concejal Miguel Amaya se manifestaron en la plaza del pueblo para reclamar por la libertad de la joven.

Cuestionamientos al juez 

Rallé contó que el viernes en la mañana fue al juzgado, acompañada por el padre de Fernanda, el hijo, la hija, Amaya y el referente del Movimiento Evita, Jocha Castro Videla. La abogada pidió la libertad, y esperó varias horas al juez Parisi, que no fue al juzgado. La letrada recalcó que "el juez tendría que haber estado ahí" pero le informaron que no iría, entonces, como vive a media cuadra, decidieron ir a presentarle un habeas corpus. Al llegar, "nos atendió la esposa del juez, también abogada, nos corrió a los gritos", relató la abogada.  

La defensora cuestionó al juez, porque ante el caso de una mujer con hijos pequeños, "le tendría que haber ordenado la domiciliaria" en vez de hacerla detener en la unidad penitenciaria. "El mayor error lo cometió el juez porque ordenó la detención por un hecho que no fue delito. Esto no está tipificado en el Código Penal porque ese lugar no es de nadie, no tiene dueños. Es un asentamiento y ella no fue a despojar a nadie. Toda la gente que está, accedió de esa manera", manifestó.

"La casa (precaria, de madera) está secuestrada, también un teléfono y un gacebo", añadió la abogada. Consideró que "la Policía actuó de manera irregular", ya que la detuvieron con personal de Infantería y era solo "una mujer con dos nenes", "hay un video donde los niños ingresan a la comisaría con la madre". Indicó que les hicieron permanecer "cinco horas sin agua, sin comida". "Nosotros pedimos que renuncie el comisario y a los policías vamos a pedir que se les haga un sumario administrativo", sostuvo. Precisó que son dos los comisarios.

"Queremos que intervenga el procurador de la provincia, por la manera que procedió el juez. La fiscal puede pedir la detención y el que firma es el juez. El procurador tiene que  intervenir para ver como actúa la policía, la fiscalía, el juzgado. (También) los ministros de la Corte (deberían intervenir), porque acá se están vulnerando los derechos humanos, se están pasando por alto leyes y tratados internacionales: está la Convención de los Derechos del Niño, Belém Do Pará, la Ley Micaela, que se violan cuando se cometen estos procedimientos policiales y ya legales porque acá hay un juez de por medio", añadió Rallé. 

Hogares monomarentales y déficit habitacional

Ya en libertad, Fernanda fue recibida en Pichanal por familiares, vecinos y vecinas. "Soy mamá soltera, tengo dos niños, pagaba un alquiler, todos los días suben las cosas, ya no daba para más. Mis familiares y amistades me ayudaron a comprar una casita (de madera) y la ubiqué en un baldío, no había nadie", dijo a Salta/12. 

La joven contó que antes trabajaba realizando tareas de limpieza en la municipalidad de Pichanal, pero con el cambio de autoridades, quedó sin trabajo. Ahora hace empanadas para vender y sus ingresos no le alcanzan para pagar el alquiler. El padre de su hijo y de su hija falleció y se hace cargo sola de la crianza.

Ante la pregunta ¿A dónde vas a vivir ahora?, la joven respondió: "Tendré que ver (...)  tengo que tener la plata". Precisó que pagaba $70.000 por una piecita de 4 por 4 metros. En la casa de su padre y de su madre, ya hay hacinamiento, "aquí somos muchos", contó. 

La abogada Soledad Rallé también se refirió a la problemática habitacional en Pichanal, lo que ha generado la formación de asentamientos, dijo que asistió otros casos similares a los de Fernanda. "Hace poco a un matrimonio joven le hicieron lo mismo, fue la Infantería, los golpeó. Son matrimonios jóvenes, familias jóvenes que no tienen casa, no tienen nada, ni chances de comprar un terreno. Entonces aquí la gente optó por generar estos asentamientos y ahí van y se asientan, no tienen ningún servicio, nada, pero así comienzan, porque es un problema habitacional", sostuvo. 

Por su parte, Castro Videla, referente social del Movimiento Evita, explicó que en Pichanal las familias están sostenidas principalmente por las mujeres: "Son familias monomarentales" y "son mujeres las jefas de hogar". 

"La mayoría de las familias que van creciendo, que van teniendo hijos, por lo general se van asentando en alguna zona de la casa de su padre o madre y así pasa que en muchas viviendas tenemos dos o tres familias conviviendo en situaciones de hacinamiento, de déficit habitacional, donde por ahí, en una pieza duermen cuatro o cinco personas, toda una familia entera", describió Castro Videla.

En ese contexto, además "son las mujeres las que tienen que salir a trabajar, llevar los niños a la escuela, y cuidar a sus padres o madres (personas mayores)". 

Sin empleo formal 

Asimismo, Castro Videla indicó que en Pichanal casi no hay posibilidades de empleo formal, y los ingresos de la mayoría de la población son los que consiguen de la economía popular, también realizando tareas de limpieza o trabajando en las fincas rurales por temporada, donde les pagan entre $5.000, $6.000, y no más de $9.000 el jornal. Esto último "implica dejar todo el día a los hijos solos". Además hay quienes perciben el Salario Universal por Hijo y programas sociales como el Potenciar o las becas Progresar, pero todo se ha complicado desde diciembre, "a algunas mujeres les han dado de baja el Potenciar" y además los ingresos se han devaluado.

Ante la situación, del déficit habitacional, "muy grande", Castro Videla señaló que no hay datos certeros "porque ningún gobierno tuvo la intención de tener información, un registro, para poder pensar soluciones que sean concretas en el corto, mediano y largo plazo". Indicó que cuando tenían una concejala de su extracción partidaria, lograron presentar un proyecto para la creación de un registro y pese a que fue aprobado, el exintendente no lo implementó. Ahora intentarán volver a impulsar esa propuesta.

"Sabemos que en este momento la cuestión de vivienda a nivel nacional, provincial y municipal es muy difícil por el presidente (Javier Milei) y la mirada que tiene sobre los barrios populares, sobre los derechos del acceso a la vivienda, a la tierra. Pero acá en Pichanal la situación está muy abandonada hace muchos años", aseveró el referente. Asimismo, consideró que los discursos de "mano dura" que bajan desde la presidencia, habilitan la criminalización con la que actúan las fuerzas policiales y jueces contra quienes toman un terreno o están en una situación de vulnerabilidad.

"Es una ciudad donde muchos de sus barrios se han formado mediante la toma de terrenos, ya sean barrios formados por comunidades originarias o por criollos, o por personas que no son de comunidades pero que se han organizado así", describió. "Con todo lo que eso implica, la inseguridad que genera, el esfuerzo de tener que estar sosteniendo una toma, sin baño, teniendo los hijos, en la lluvia, el sol, el calor, enfrentando a la policía y en caso de los terrenos particulares a los titulares", añadió.

Castro Videla también señaló que "se arma un negocio inmobiliario a veces, porque hay 4 o 5 vivos que sostienen la toma de 4 o 5 lotes para después revender". Consideró que todo eso "genera una injusticia y muchas veces la crítica de la sociedad que piensa que porque uno hace las cosas mal, o tiene un interés inmobiliario, pagan los 40 o 50 vecinos que tienen un déficit habitacional que es real y que necesitan una solución por parte del Estado".