Un nuevo juicio oral y público por crímenes sucedidos en la ciudad de La Plata durante la última dictadura cívico militar sumará un plus de ritmo a la agenda judicial de lesa humanidad, que desde hace medio año se mantiene con un movimiento mínimo. Con este proceso, que repasará de manera residual hechos sucedidos en la Comisaría 5ta, mayormente juzgados en el juicio “circuito Camps”, serán a partir de esta semana 14 los debates en curso. Mientras, según estadísticas actualizadas del Ministerio Público Fiscal, unos 69 expedientes aguardan que los tribunales federales de diversas jurisdicciones del país pongan fecha de inicio.

A casi 20 años de retomado, el proceso de juzgamiento a genocidas acumuló 690 causas. Unas 326 obtuvieron sentencia, contabilizó hasta mediados de mes la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (Proculesa) en su más reciente informe. En tanto, hay 281 expedientes que continúan investigándose en juzgados de primera instancia. En comparación con las estadísticas publicadas en marzo pasado, la cantidad de causas que aguardan por una fecha de juicio oral y público crecieron: eran 62 entonces; son 69 hoy. En lo que va del calendario judicial de lesa humanidad, comenzaron seis debates, en su mayoría pequeños en cantidad de acusados y de casos a revisar, y culminaron nueve.

Desde 2006, hubo 3746 personas investigadas por su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar entre 1974 y 1983, los años previos y los que duró la más reciente y violenta dictadura cívico militar que sucedió en Argentina. De ellas, 1187 recibieron condenas y 391 están procesadas. Otras 34 permanecen prófugas.

El proceso avanza a cuentagotas y en su ritmo pierde sistemáticamente contra el paso del tiempo que cubre con un manto de impunidad biológica a quienes deben rendir cuentas ante la Justicia por los crímenes cometidos. La progresión trazada por la Proculesa evidencia que durante la última década, las cantidades de represores investigados por los hechos que conformaron el genocidio de la última dictadura, detenidos y libres, se han ido invirtiendo: en 2015, eran más de 1000 los detenidos y casi 800 los libres; hoy son 642 los detenidos y 1484 los libres. Otra cifra que impacta es que la cantidad de represores que fallecieron, 1586, por lejos a los condenados, es decir que muchos murieron sin ser enjuiciados.

De los represores detenidos, 508 gozan de arresto domiciliario. Solo 78 cumplen encierro en penales federales, mientras que 56 lo hace en la cárcel vip de Campo de Mayo.

Un nuevo debate

El Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata inaugurará el jueves un nuevo juicio que tiene sus claroscuros a la hora de analizarlo frente a las necesidades y urgencias que atraviesa el proceso de juzgamiento de genocidas de la última dictadura. Así, el jueves la jueza Karina Yabor y los jueces Adrián Basso y Ricardo Basilico oirán los cargos que pesan contra el médico de la Policía bonaerense retirado Jorge Bergés, el policía bonaerense retirado Pedro Muñoz y el teniente retirado del Regimiento de Granaderos a Caballo José Ignacio Saravia Day. Mientras Bergés recibió varias condenas por su injerencia en violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, para Saravia Day y Muñoz se trata del primer juicio.

La elevación a juicio contó con otros dos acusados, los expolicías del Cuerpo de Infantería Néstor Ramón Buzatto y Cecilio Reinaldo Gómez, que fallecieron antes de dar explicaciones. Las partes aún no saben a ciencia cierta cuánto durará el juicio, pues si bien intentaron acordar una lista reducida de testimonios –en pos de no revictimizar a sobrevivientes y familiares que ya han testimoniado en más de una ocasión–, desconocen a cuántas personas citará el TOF para contar lo que saben y supieron.

La inmensa mayoría de los casi 120 casos que serán repasados durante el debate ya fueron juzgados durante el juicio que en 2012 culminó con condenas a 23 represores y le valió una de sus tantas condenas a prisión perpetua a Miguel Osvaldo Etchecolatz y Jaime Lamont Smart. Cabe recordar aquí que varias de esas condenas aún aguardan un tratamiento de la Corte Suprema de Justicia, 12 años después. El operativo de la calle 30 en el que fueron asesinades Diana Teruggi junto a otros cuatro militantes políticos, y su beba Clara Anahí fue apropiada, es uno de los hechos que fue juzgado entonces y lo será nuevamente en el flamante debate.

Bergés fue uno de los condenados en aquel proceso que repasó crímenes sucedidos en unos seis centros clandestinos que integraron el Circuito Camps, entre los que figuró la Comisaría 5ta, uno de los eslabones del circuito del horror que comandó el entonces jefe de la Policía bonaerense Ramón Camps y su ladero Etchecolatz, que además de ser jaula fue maternidad clandestina. En esta ocasión, el represor deberá responder por el secuestro y las torturas que el sobreviviente de la dictadura y desaparecido en democracia Jorge Julio López en esa comisaría.

En tanto, Pedro Raúl Muñoz, quien se desempeñó como efectivo de la bonaerense en esa dependencia de la fuerza bonaerense, fue uno de los represores identificados por López durante uno de sus valiosos testimonios en el marco del proceso de juzgamiento a genocidas. Muñoz fue indagado y procesado a principios de la década pasada. Sobre él recae la responsabilidad por la inmensa mayoría de los casos que serán revisados post feria judicial.

El otro acusado en debate es Saravia Day, quien se mantuvo prófugo de la Justicia hasta 2017, cuando fue descubierto en su escondite: una quinta en las afueras de San Salvador de Jujuy. El teniente retirado, quien declaró en el juicio por la verdad a fines de la década de los 90, está acusado por el secuestro y las torturas que en 1976 sufrieron José Aleksoski, Juan Ignacio Araujo y Roberto Campos, que por entonces cumplían el servicio militar obligatorio y fueron mantenidos cautivos en la Comisaría 5ta. Aleksoski permanece desaparecido. Araujo y Campos sobrevivieron. Sus secuestros y torturas son algunos de los pocos casos nuevos que serán ventilados en el debate.