El proyecto de la Ley Bases que fue aprobado por el Senado mostró las distintas caras del proceso que vive la Argentina gobernada por Javier Milei. Estuvieron presentes la ferocidad represiva del nuevo intento de restauración conservadora, y también los límites que la resistencia popular, nacional y feminista le pudo poner.

El 12 de junio, Patricia Bullrich militarizó los alrededores del Congreso Nacional con el claro objetivo de reprimir y generar detenciones arbitrarias. La meta final era enviar un mensaje a los sectores populares que se oponen a las políticas del gobierno nacional, infundir terror, causar miedo a salir a la calle a ejercer el derecho a la protesta garantizado por la Constitución Nacional. El resultado fue un escenario de violencia estatal desatada que terminó con el encarcelamiento de estudiantes, trabajadoras, trabajadores hasta vendedores de choripán, manifestantes que no se conocían entre sí y que se movilizaron en rechazo al saqueo del país. Todas y todos fueron acusados de terroristas por el fiscal Stornelli y por el gobierno que pretendió instalar la versión de un supuesto golpe de Estado. Tan evidente fue el armado de la escena y de las pruebas, que la jueza Servini de Cubría absolvió a la mayoría de las personas detenidas mostrando la inconsistencia de las mismas. En este sentido, llaman la atención -o no tanto- las imágenes que vimos hasta el cansancio del auto de Cadena 3 incendiado y luego un Corsa que llegó con patente falsa a desvalijarlo, hechos por los cuales no hay ningún detenido ni imputado por el fiscal Stornelli. Están a la vista los hilos del armado, para quien quiera mirar.

Al mismo tiempo, el Gobierno tuvo que ceder en puntos clave para que su piedra basal legislativa fuera aprobada en la Cámara Alta. Hubo un punto que es central para las mujeres: la moratoria jubilatoria. Su primer impulso fue durante el gobierno de Néstor Kirchner, con el decreto 1.454, que creó la que luego se conoció como jubilación de amas de casa, ampliada en el gobierno de Cristina Fernández. Fue una de las medidas de justicia social y de igualdad de género más importantes que se recuerden durante el siglo XXI. El reconocimiento del derecho previsional permitió ver valorado su aporte a la crianza de las y los hijos, y las tareas de cuidado. Más de dos millones de mujeres accedieron al derecho a una jubilación mínima con esa primera medida, pago mediante de los aportes correspondientes. Entre ellas Ramona, trabajadora de casas particulares que fue detenida en la manifestación y que expresó públicamente que participó porque es parte de las mujeres que trabajaron durante años, y aun lo hacen en la informalidad, y no cuentan con los aportes necesarios.

La mayoría de quienes se beneficiaron de las moratorias jubilatorias son mujeres. Si hubiera prosperado el proyecto que se había aprobado en Diputados - todavía pueden insistir con ese dictamen -el gobierno de la Libertad Avanza hubiera profundizado todavía más una de las características de su gestión: ajustar a todos los sectores populares y especialmente a las mujeres, afectando desproporcionadamente la vida de las infancias y las personas dependientes, que requieren de cuidados mayoritariamente realizados por el trabajo femenino.

Lo mismo puede decirse respecto del ajuste en los comedores populares, en los que centralmente se alimentan niñas y niños. Según las últimas cifras de Unicef, en los primeros meses de este año la pobreza infantil alcanzó al 70,8% y la indigencia el 34,4% de las infancias, creciendo un 20% en sólo cuatro meses. En ese conjunto hay quienes viven en hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica y otros que no acceden a derechos esenciales, como la educación. La cifra de pobreza infantil está por encima del promedio general que alcanza al 55% de la población, según el último trabajo del Observatorio Social de la Universidad Católica. Es una situación social que venía de arrastre, pero que pegó un salto superlativo a partir de las políticas impulsadas por la gestión de la Libertad Avanza.

Mujeres, diversidades y niñeces sumergidas en la pobreza, represión para cercenar el derecho a la protesta y, en simultáneo, una fiesta en la que sólo celebra el sector de la especulación financiera. Es una disputa en la que, como se vio en la marcha frente al Congreso el día que se debatía la Ley Bases, también el 23 de abril en las gigantescas manifestaciones en defensa de la universidad pública, las mujeres tienen un protagonismo central, y eso es una fortaleza del campo popular. Porque somos las que más rechazamos al gobierno de Milei según todas las encuestas, porque tenemos una cultura de resistencia que trama redes en los tiempos de crisis para sostener familias y comunidad. Se vio en las imágenes de las misas celebradas para reconocer a cocineras populares, que revuelven ollas vacías desde la llegada de Milei a la presidencia y de Pettovello a Capital Humano, que parece haber olvidado la parte de “humano” que está en el título del ministerio a su cargo.

Frente a tanta necesidad, el oficialismo responde con el cierre definitivo de lo que fue el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Consolida el ajuste en las políticas contra las violencias por razones de género, y también en las que apuntan a reducir las desigualdades, la reducción fue en lo que va de 2024 de un 33%, en términos reales, en comparación con el mismo período del año pasado. Es un ajuste mayor al del presupuesto nacional total, que fue del 24% para el mismo período.

Una parte de esa motosierra recayó en el programa Acompañar, diseñado para las mujeres que sufren violencia de género y no pueden abandonar el hogar en que la padecen por cuestiones de subsistencia. El Estado les daba un monto equivalente al salario mínimo durante seis meses para que tengan un soporte económico temporal en el camino de la autonomía para salir de las violencias. En enero, con la gestión que venía del gobierno de Frente de Todos, eran 41 mil beneficiarias del Acompañar. En marzo ese monto se redujo a 25 mil, casi la mitad, según el informe del Ministerio de Capital Humano presentado en el Senado Nacional. Esto muestra la decisión política de no renovar el programa ni sumar nuevas beneficiarias.

Están cancelando políticas que llevan décadas, no sólo las de los últimos cuatro años donde hubo cartera ministerial para género y diversidad. El Consejo Federal de las mujeres que reúne a todos los mecanismos de políticas de género de las provincias y CABA, fue creado en la década del noventa y ha tenido continuidad institucional, más allá de los cambios de signo político en los gobiernos a nivel nacional y en cada provincia del país. Ha sido un lugar central de intercambio, aprendizaje y construcción de agendas compartidas de alcance federal para abordar desigualdades y violencias. Hoy está en un limbo, camino a su desaparición. Por primera vez sucede algo tan grave como la inasistencia de una delegación del gobierno argentino en la IX Conferencia del MESECVI (Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará), que se realizó el pasado 11 y 12 de junio en Santiago de Chile y reúne a las más altas autoridades sobre violencia contra la mujer de América Latina y el Caribe. A lo que se suma el agravante de estar incumpliendo compromisos que el Estado tiene asumidos en nuestra propia Constitución Nacional, mediante la adhesión a tratados y convenciones, que a su vez son letra de leyes nacionales.

Desde la provincia de Buenos Aires ratificamos el compromiso de seguir fortaleciendo las políticas de género, no sólo como Ministerio, sino también desde un trabajo transversal al conjunto del gobierno. Una tarea que es ardua frente al ajuste y el desguace de la Nación, pero que cuenta para llevarlo adelante, además de la decisión política del gobernador Axel Kicillof, con la fortaleza de un movimiento social de mujeres y diversidades, que alienta, reclama, acompaña y anima a seguir. Nuestro lema se actualiza y resignifica. Dijimos en el primer período de gestión que trabajamos para la igualdad. Sostenemos y reiteramos, por más carajos que quieran gritarnos, que trabajar por y para la igualdad es la tarea, porque no hay libertad posible sin igualdad.

*Estela Díaz es ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires