Comunidades campesinas del norte de Colombia, que durante 25 años convivieron con los efectos de dos minas gestionadas por una filial de la multinacional suiza Glencore, esperan la decisión de la Corte Constitucional en su petición de que la minera se haga responsable de las afectaciones que supuso su cese de actividades en la zona.
Las dos minas, Calenturitas y la Jagua, se dedicaron a la extracción de carbón en un corredor minero entre los norteños departamentos de César y Magdalena hasta que Prodeco renunció a sus licencias mineras ante la Autoridad Nacional de Minería (ANM), culpando a los impactos que tuvo la pandemia en sus actividades.
Para la comunidad, sin embargo, el cierre se dio "de manera inesperada e irregular", lamentó en una entrevista el representante legal de la Asamblea Campesina del Cesar, Evert Francisco García. En este contexto, alrededor de 20.000 personas de comunidades indígenas, campesinas, afro y sindicatos se unieron en una lucha en la que buscan ser reparados por los daños ambientales y económicos que supuso el cierre de las minas, y finalmente recibirán una respuesta de la Corte este lunes.
La denuncia fue interpuesta hace casi dos años, en agosto de 2022, y esperan una respuesta positiva que los tenga en cuenta en este cierre minero, que sentaría "un precedente" en la garantía de los derechos humanos en la clausura de minas en el país.
"Lo que queremos es que la empresa no salga del territorio sin reparar lo que ha dañado", explicó García, para agregar: "No nos pueden dejar con esa cantidad de huecos y daños al ambiente y a la salud y se queden como si no hubiera pasado nada".
Impactos sociales y ambientales
Las comunidades que vivían a los pies de la mina sufrieron un fuerte golpe económico con el cese de las minas porque "muchos trabajaban allá y se quedaron sin manera de mantener sus familias", por lo que piden atención de las autoridades para lidiar "con los impactos sociales y ambientales resultantes de la explotación".
En medio del cierre de las minas y la tutela interpuesta, en diciembre de 2022 el Gobierno anunció que el corredor minero del Cesar serviría como "piloto de la transición energética justa", con la intención de convertirlo en un "distrito minero especial para la diversificación productiva".
El proyecto en cuestión llevó el nombre de 'Corredor de la Vida', pero hasta ahora las comunidades denuncian que sólo han recibido iniciativas energéticas como paneles solares para producir energía limpia, según explicó la representante de la organización Pax Colombia, Angela Velandia.
"Creemos que si la Corte aprueba la tutela, esto sera una decisión histórica, porque si falla a favor de las comunidades marcaría un precedente en el cierre de minas en colombia", dijo.
La mina de Glencore en Cerrejón
Glencore está inmersa en otras polémicas, como con las comunidades que viven cerca de la mina de Cerrejón, en el desértico departamento de la Guajira (norte), una de las regiones más pobres del país donde el agua escasea y la mina ha protagonizado años de enfrentamientos entre la minera y la población local.
La de Cerrejón es la mina a cielo abierto más grande de Latinoamérica, para la que la empresa desvió parcialmente un arroyo de 21 kilómetros para permitir la explotación del carbón que subyace en su cauce natural.
Las comunidades denuncian que, en total, la mina ha afectado a 16 cuerpos de agua de la región y según un informe de Censat Agua Viva, la existencia natural del agua en ese territorio ha sido alterada y contaminada por metales pesados por la actividad de la empresa.
