El ministro de Justicia, Germán Garavano, concurrió ayer al Senado para defender el proyecto de reforma del Ministerio Público presentado por el oficialismo y acompañado por los senadores peronistas Miguel Pichetto y Rodolfo Urtubey. Ante las críticas de especialistas, fiscales, organismos de derechos humanos e integrantes del Frente para la Victoria-PJ, Garavano justificó la pérdida de autonomía e independencia que implicará la nueva norma en la necesidad de generar “contrapesos y controles” por la “acumulación de poder enorme y muy fuerte” que significaría la aplicación de la reforma del Código Procesal Penal (suspendido por un DNU del presidente Mauricio Macri). Sin embargo, durante el transcurso de la audiencia y ante la reiteración de los cuestionamientos, Cambiemos y Pichetto se vieron obligados a aceptar distintas modificaciones y postergar la firma del dictamen hasta la semana próxima para redactar un texto que logre mayores consensos.

La iniciativa ingresada al Senado el viernes pasado, bajo las firmas de Federico Pinedo, Angel Rozas, Pichetto y Urtubey, no logró salir airosa del debate en comisión. El Gobierno pretendía firmar dictamen ayer mismo y tratar la reforma en la sesión prevista para el 15 de noviembre. Para eso, Pichetto, como jefe de bloque del PJ, y la presidencia de la Cámara Alta habían dispuesto varios cambios en la composición de la comisión de Justicia, con el objetivo de garantizarse el quórum. Ni Pinedo, ni Urtubey estuvieron presentes, por lo que corrió por parte del senador rionegrino buena parte de la defensa legislativa de la iniciativa.

La fuerte resistencia interna de un sector del bloque del FpV-PJ, sumada a las exposiciones críticas, forzaron a alterar esos planes e incorporar una serie de modificaciones, algunas de ellas confirmadas ayer mismo. La primera, subir la mayoría necesaria para la remoción del Procurador. El proyecto original contemplaba una mayoría absoluta (la mitad más uno de los miembros de la Cámara) para su destitución. A través del senador cordobés Enrique Martínez, el oficialismo hizo saber que aceptaba subir ese número a dos tercios. Además, reconoció la necesidad de otorgar las garantías propias del debido proceso como el derecho de defensa,  no contempladas en el proyecto oficial. El procurador sólo contaba con la posibilidad de presentarse en una audiencia para responder al proceso de destitución. 

En este contexto, se mantenía hasta ayer otra de las cuestiones más criticas del proyecto oficial, que Garavano defendió en su exposición: la posibilidad de que el procurador sea suspendido de manera inmediata por “decisión fundada” del Poder Ejecutivo. El ministro remarcó que el Senado de todas maneras tiene la facultad de revocar esa decisión en un plazo máximo de 10 días. Los senadores Mario País (PJ-FpV) y la salteña María Fiore Viñuales advirtieron sobre distintas fallas en la redacción de ese artículo, que no específica el procedimiento que adoptará el Ejecutivo para informar su decisión al Senado. 

Pese a los cambios en la remoción, tanto el oficialismo como sus aliados peronistas mantuvieron el mecanismo de designación como establecía el proyecto de reforma, es decir, con la mayoría absoluta de los miembros. De esta manera, el reemplazante de Alejandra Gils Carbó deberá sumar 37 votos y no dos tercios, como establecía la ley actual y como corresponde, por ejemplo, a los jueces de la Corte Suprema. El formoseño José Mayans (PJ-FpV) fue uno de los más duros sobre este punto, que lo llevó a un cruce directo con su propio jefe de bloque: le remarcó a Pichetto que el Poder Ejecutivo puede conseguir fácilmente los 37 votos y que, en su momento, el gobierno anterior podría haber aprobado la designación de Daniel Reposo en lugar de Gils Carbó. Mayans advirtió que este cambio significaría un retroceso en materia de calidad institucional, ya que implica que el oficialismo no deberá buscar grandes consensos con fuerzas opositoras. De hecho, según la composición del Senado a partir del 10 de diciembre (y de aprobarse la reforma tal cual está), Cambiemos podría negociar el nombre del próximo procurador solamente con el sector del PJ que conduce Pichetto.

Para fundamentar su posición, Garavano se apoyó en el fallo del juez Pablo Cayssials que declaró inconstitucional el mecanismo de juicio político para la remoción del Procurador. El ministro sostuvo que el mandato no puede ser vitalicio, como el de los jueces, ya que sólo la Constitución Nacional está facultada para disponer ese tipo de plazos. En consecuencia, dado que se propone una duración en el cargo de 5 años, Garavano consideró que son necesarias para la designación “mayorías más ágiles que permitan que rápidamente se haga la sucesión”. Si bien no fue confirmado por las espadas parlamentarias del oficialismo, quedó abierta la posibilidad de que se elimine la prórroga prevista de dos años y directamente se amplíe a 7 años la duración del cargo, como sucede por ejemplo en el caso del procurador de la Ciudad de Buenos Aires.

El segundo cambio que sí fue ratificado ayer está vinculado con las procuradurías especializadas. La ley vigente contempla la existencia de seis: narcocriminalidad, trata de personas, violencia institucional, crímenes contra la humanidad, investigaciones administrativas y lavado de activos. Ayer Garavano defendió la reforma, que dejaba de considerarlas obligatorias: “Yo entiendo que de ninguna manera elimina procuradurías, sino que le da la posibilidad –al Procurador– de evaluar cuáles son las que se deben priorizar”, explicó el ministro, quien pronosticó que el Procurador entrante no las eliminaría porque “se trata de políticas de Estado”. Ante las críticas de la kirchnerista mendocina Anabel Fernández Sagasti, y de los organismos de derechos humanos representados por Lita Boitano y Taty Almeida, Enrique Martínez dijo que mantendrán la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

Varios senadores advirtieron sobre los problemas que podrían traer las cláusulas transitorias dispuestas en la ley, que implican el fin de las subrogancias y la posibilidad de pérdidas de puestos de trabajo en el Ministerio Público. “La norma debería ser materia de un análisis más profundo ya que entre otras cuestiones legisla con efecto retroactivo”, señaló Pais, quien alertó sobre la posibilidad de juicios contra el Estado si se sancionara tal como está.

En este contexto y con el conflicto abierto en el bloque PJ-FpV, la comisión volverá a reunirse el martes próximo. Desde el oficialismo pretenden tratar el proyecto sobre tablas en la sesión del 15 de noviembre.