La defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, junto con  organismos de derechos humanos, ONG, fiscales y sindicatos llevaron ayer una innumerable cantidad de cuestionamientos al proyecto de reforma del Ministerio Público impulsado por Mauricio Macri. Hasta fiscales abiertamente antikirchneristas que suenan entre los posibles candidatos del Gobierno para reemplazar a Alejandra Gils Carbó, como Ricardo Saénz o Raúl Pleé, marcaron discrepancias con la iniciativa defendida ayer por el ministro de Justicia, Germán Garavano. “Creo que este artículo sobre la remoción es el más grave: es inconstitucional e innecesario y provoca una grave lesión a la Defensoría y al Ministerio Público Fiscal”, advirtió Martínez, en referencia al texto que establece la disminución de los requisitos para destituir a los jefes de esos dos organismos. 

Si bien originalmente estaba previsto emitir dictamen ayer mismo luego de un breve trabajo en la comisión de Justicia, el tenor y diversidad de las críticas obligaron a revisar varios puntos del proyecto. Durante la audiencia presidida por el senador Pedro Guastavino expusieron, además de Garavano, Martínez, Sáenz y Pleé, Carlos Rívolo, presidente de la Asociación de Fiscales; Paula Litvachky, del CELS; Julio Piumato, de la Unión de Empleados Judiciales; Agustín Bruera del Sitraju y Taty Almeida y Lita Boitano, en representación de distintos organismos de derechos humanos como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S., APDH y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, entre otros. 

“Rechazamos el proyecto porque afecta la autonomía e independencia del Ministerio Publico y pone en riesgo la actuación de las unidades especializadas”, sostuvo Almeida en un documento leído en conjunto con Boitano. “La Procuraduría de crímenes contra la humanidad es un organismo ejemplar. No se trata de una oficina que pueda quedar a merced de la discrecionalidad del funcionario de turno. Está ligada a compromisos asumidos por el Estado en sede internacional”, insistió Boitano. 

Una de las más enfáticas fue la Defensora General. “La Convención del 94 dijo expresamente que el Ministerio Público Fiscal constituiría un órgano extrapoder, no me parece remover a una autoridad de la Nación con este mecanismo”, explicó Martínez, quien advirtió que “sientan un precedente malo para la democracia”, ya que “ni siquiera” cumplieron con un artículo de la ley vigente que establece la consulta obligatoria a la Defensoría y la Procuración ante eventuales reformas de la ley del Ministerio Público. Remarcó, además, que el procedimiento de remoción no contempla el derecho de defensa y advirtió que se trata de “dos autoridades de la Nación” que deben tener estabilidad. “Los constituyentes cuando pergeniaron un órgano extrapoder pensaron en un caso idéntico al de los jueces de la Corte Suprema”, aseguró Martínez en rechazo a la reducción del mandato a 5 años. También apuntó contra las cláusulas transitorias, las consideró “injustas” y advirtió que si se eliminan las subrogancias, por ejemplo, “va a quedar acéfala toda la región de Cuyo”.

“El proyecto busca limitar o bajar los consensos políticos tanto para designar como remover a las cabezas de un órgano extrapoder. Hay cuestiones constitucionales específicas pero también cuestiones institucionales y políticas a tener en cuenta”, remarcó Litvachky, quien pidió pasar de 5 a 10 años el mandato del Procurador.

Con un tono menos crítico se expresaron los fiscales Rívolo, Sáenz y Pleé. Los dos primeros compartieron los cuestionamientos a la remoción. “Nos preocupa la cuestión de cómo puede ser removido el procurador y creemos que para ello corresponde actuar con los dos tercios de los miembros de la Cámara”, señaló Rívolo. Pleé, en cambio, consideró que no está en juego la independencia pero apuntó a otras cuestiones de la reforma que “se queda a mitad de camino”: “Concursos y traslados son temas muy importantes. Creo que si existiera un traslado después de los 5 años debería pasar por un examen del Senado para ver si es viable o no”, agregó. 

A su turno, Piumato se mostró más preocupado por reiterar sus críticas a Gils Carbó que por el proyecto. Pidió que las cuentas del Ministerio Público Fiscal sean auditadas por la Auditoría General de la Nación. En cambio, Bruera, del Sitraju (gremio enfrentado con la UEJN), además de advertir por la vulneración de la independencia del MPF, reclamó que “se respeten los derechos adquiridos de los trabajadores de la Procuraduría que no han cometido ninguna falta y se levantan todos los días para trabajar”.