"Es inadmisible un tarifazo superior al 450% en un servicio público básico como el agua potable", sostuvo la concejala Fernanda Gigliani de Iniciativa Popular (foto), tras recordar que la Corte Suprema de Justicia planteó que los aumentos en estos servicios tenían que ser graduales y progresivos, cosa que no sucede en lo que esta haciendo ASSA".
Para la concejala, "el Estado debe considerar antes que el costo estricto del servicio, lo que el ciudadano puede pagar y estos aumentos que produce el gobierno provincial cargan la ineficiencia y lo obsoleto de la empresa en el bolsillo de los usuarios. Queremos una empresa pública eficiente y que provea servicios sanitarios de calidad. El gobierno no puede retirarse de aportar al funcionamiento de la empresa mientras subsistan consumos sociales no contabilizados y se sigue perdiendo agua en su distribución por la obsolescencia de la infraestructura.
La concejala informó que inició ronda de consultas sobre un proyecto para que "en las construcciones ya existentes se dé la posibilidad de instalar macromedidores y que en las nuevas sea obligatorio la instalación de micromedidores". "Es urgente avanzar en un cuidado racional del recurso agua y también es justo y más aún frente a estos exorbitantes aumentos, que el usuario pague por lo que efectivamente consume y no por metro cuadrado como es hoy".