El gobierno nacional lleva ya un mes de incumplimiento del fallo judicial del juez federal de Mercedes, Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, que ordena retomar los trabajos de construcción del centro ambiental “Laudato Sí” de Luján, al no girar los fondos necesarios para retomar las obras. El rol del BID, ente financiador, argumento clave para la decisión del magistrado. A fines de mayo, el mismo juez que un año antes había mandado a detener los trabajos a través de una medida cautelar solicitada por una de las herederas de la fortuna de la familia Terrabusi, Viviana Novelle, ordenó reiniciarlos.
El fallo se produjo semanas después de que el intendente Leonardo Boto se reuniera con el funcionario a cargo del área de Medio Ambiente de la Nación, ahora fusionado con Turismo y Deportes Daniel Scioli, con el centro ambiental como principal tema de agenda. Sin embargo, a un mes de la medida judicial y casi dos de la reunión entre intendente y ministro, el gobierno nacional no cumple la sentencia ni da explicaciones al respecto, según informaron fuentes municipales a Buenos Aires/12.
Se trata en realidad de dos obras simultáneas, la remediación del basural y la construcción del centro ambiental destinado a remplazarlo. La primera tiene un grado de avance superior al 70 por ciento. En la actualidad, los camiones municipales descargan parcialmente allí, en un área reducida, y el resto en el CEAMSE. La segunda podría completarse en un período calculado entre los 90 y los 120 días de trabajo.
El financiamiento internacional proviene de los contratos de préstamo celebrados entre la República Argentina y el Banco Internacional de Desarrollo (BID) con los números 3249 y 6657, en el marco del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Según el magistrado, la parálisis autoimpuesta por el gobierno nacional podría poner en riesgo no sólo el centro ambiental que motiva el fallo, sino la propia línea de crédito en su conjunto: “Se desprende que la paralización de las obras oportunamente dispuestas por la cautela en crisis, conllevan hoy a la posibilidad de que la entidad financiera suspenda los desembolsos y/o cancele los venideros. De tal contexto, resultaría que el Estado Nacional deba cubrir los gastos ya efectuados, sumado a la posibilidad de afrontar futuros reclamos judiciales y de asimismo, poner en crisis la continuidad de la Política Federal GRISU de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto en nuestro país”, afirma Portocarrero Tezanos Pinto.
También advierte sobre los gastos improductivos, tanto técnicos como administrativos, generados por la decisión. "Cabe destacar lo expuesto por el entonces Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en su presentación de fecha 3.10.23, en razón del pago que afrontó el Estado Nacional por un total de pesos $506.350, en virtud del adicional de obras generado por gastos improductivos, de desmovilización y movilización de obra, vandalización y reconformación -en ambos predios-. Asimismo, ha de tenerse en consideración el riesgo de perder la totalidad de la inversión ya efectuada, que se traduce en las etapas de obra ya ejecutadas, como consecuencia natural de los efectos propios de la erosión eólica, hídrica, etc.".
Una vez en funcionamiento, el centro ambiental reemplazará al mayor basural a cielo abierto de la provincia, cuya historia data de la década de 1970, cuando los camiones empezaron a descargar residuos sólidos en una tosquera abandonada con una extensión de siete hectáreas, que por entonces quedaba muy lejos del casco urbano.
Pero Luján, de acuerdo con censo de 2022, tiene 111 mil habitantes, una cifra que implica un crecimiento demográfico de más del 50 por ciento respecto de medio siglo atrás. El basural quedó dentro de la ciudad. A esta situación, de por sí grave, se suma que, por deficiencias del sistema cloacal, durante años los camiones atmosféricos también descargaron allí.
Por todo eso es que la resolución del problema del basural, donde se continúan vertiendo residuos aún hoy, es el principal reclamo de la sociedad civil lujanense. La asamblea ambiental se movilizó numerosas veces a lo largo del año pasado y evalúa volver a hacerlo si no se retoman los trabajos a la brevedad.
En julio de 2023, para visibilizar el reclamo, se realizó una misa en el lugar, celebrada por el sacerdote en Opción Preferencial por los Pobres Santiago Gómez Tey, a la que asistieron los vecinos, los concejales del oficialismo y el pleno del gabinete, con el intendente a la cabeza.
La otra obra largamente esperada por los lujanenses es la remodelación y ampliación de la terminal de ómnibus, acordada a principios de 2023, con financiamiento del ministerio de Transporte de la nación. Sobre esta última, no hubo ninguna respuesta oficial, a pesar de la insistencia de las autoridades locales.