El Experto Independiente en Deuda Externa y Derechos Humanos de la ONU, Juan Pablo Bohoslavsky, criticó las reformas laborales aplicadas en contextos de austeridad fiscal, como pretende hacer el gobierno de Mauricio Macri. “Hay pocos indicios de que las reformas mejoran la situación económica de los países, mientras que sus efectos negativos en materia de derechos humanos están probados. Por detrás de este tipo de medidas en muchos casos están los organismos financieros internacionales, existe un sesgo ideológico e intenciones no declaradas”, advirtió Bohoslavsky. En la charla organizada por la Fundación Friedrich Ebert, además participaron expertos de la OIT, del CELS y de la Uocra que apuntaron contra el proyecto del oficialismo.

Desde fines de los 80, países de todo el mundo pasaron por experiencias de reformas laborales. Una oleada se produjo en los 90, a la cual Argentina se subió parcialmente con el tren de la flexibilización y la precarización. La crisis mundial que comenzó en 2008 dio nuevo impulso a las reformas, especialmente en Europa. “En muchos casos, las medidas de austeridad y las reformas del mercado de trabajo han contravenido las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos, han menoscabado los derechos laborales y se han traducido en un retroceso de la igualdad de género en el ámbito laboral. Las reformas han contribuido a un aumento de la desigualdad y la precarización e informalización del empleo, han fomentado la discriminación en el mercado de trabajo contra los jóvenes y los mayores y las personas pertenecientes a grupos sociales marginados y la reducción de las prestaciones por desempleo y otras prestaciones sociales relacionadas con el trabajo”, analizó Bohoslavsky.

“La flexibilización laboral tiene cero y muy poco impacto positivo sobre el empleo. En cambio, sí modifica fuertemente la lógica de las relaciones laborales. La suspensión de derechos a corto plazo causa destrucción a largo plazo”, agregó Christoph Ernst, experto de Empleo de la OIT. Desde la Uocra plantearon que “hay que recordar que Argentina no salió de la crisis de 2001 precarizando sino todo lo contrario. Tengamos en cuenta el componente empírico de la historia reciente”. Por su parte, Diego Morales, del CELS, resaltó que “abogados laboralistas y representantes de sindicatos de las dos CTA y la CGT realizamos una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque vemos que hay un proceso de debilitamiento de los mecanismos de protección social”.

Además de describir sus efectos negativos sobre el mundo del trabajo, Bohoslavsky advirtió que “la idea de que los derechos laborales se ejercen en detrimento del desarrollo económico ha sido cuestionada en lo teórico y empírico. En cambio, se ha demostrado que las reformas laborales impuestas por las políticas de austeridad no mejoran los resultados económicos; por el contrario, causan grandes perjuicios a los trabajadores, que seguirán sintiendo sus efectos durante muchos años”. El especialista también recordó que la reducción de derechos laborales suele formar parte del menú de condicionalidades que negocian los países necesitados de tomar deuda externa con los organismos financieros.

Bohoslavsky detalló cómo las reformas laborales a la baja afectan derechos laborales y sociales. Pero incluso desde el plano estrictamente económico estas medidas no tienen el resultado que a priori parecen buscar. “Es imposible confirmar empíricamente la mejora económica luego de los cambios de la normativa laboral. De hecho, suele verificarse la baja del consumo y en consecuencia el deterioro del empleo”, señaló el experto de la ONU. A contramano del sentido común, Bohoslavsky planteó que “los mercados laborales menos flexibles fueron los que resistieron mejor las crisis y los de más predisposición a la innovación”.

En relación al proyecto de reforma impulsado por el Gobierno, desde la Uocra detallaron que “la iniciativa se carga al artículo 12 de la ley de Contrato de Trabajo, que define el principio de la irrenunciabilidad –un trabajador no puede renunciar a derechos consagrados en el convenio colectivo al que pertenece–, de manera que se reinstala la renegociación individual de las condiciones de trabajo en el ámbito laboral”.