Desde que Sandra Pettovello asumió como ministra de Capital Humano prácticamente todos los programas destinados a garantizar derechos a niños y adolescentes quedaron inactivos: unos pocos se están implementando parcialmente, mientras que otros tienen cero ejecución presupuestaria. Así lo denunció la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Capital) en un informe que presentó ante Naciones Unidas.

Los problemas de gestión de la ministra abarcan más que la gravísima situación que generó con la no entrega de alimentos a los comedores comunitarios: Pettovello ha desatendido también políticas públicas creadas por leyes nacionales -como el programa de Asistencia al Egreso de jóvenes sin cuidados parentales, el de reparación Económica para niños que perdieron sus madres debido a femicidios, los de Prevención del ciberacoso y del Embarazo Adolescente-, que están destinados al cumplimiento de derechos que el estado argentino debe garantizar.

Estas políticas dependen de la ex Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf), que tras la asunción de Javier Milei el gobierno redujo a subsecretaria (la de Políticas Familiares). Desde diciembre de 2023, el área sufrió una serie de avatares, ya que estuvo los primeros meses sin que sus funcionarios fueran designados y tuvieran firma; a fines de febrero el gobierno oficializó el nombramiento de Ana Mármora, que integraba el equipo de Pablo De la Torre y terminó renunciando junto con todo el equipo macrista que venía con él de San Miguel, tras el escándalo por los rugbiers que cobraban sueldos sin trabajar. Ahora, la subsecretaría fue puesta a cargo de Arnoldo Scherrer. Se trata de un funcionario que ya se había desempeñado en Desarrollo Social, durante el gobierno de Mauricio Macri.

A continuación, el detalle de algunos de los programas caídos en el abandono. Los datos, debido que la producción de registros lleva un tiempo, corresponden al primer trimestre de 2024:

● Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales: este es un programa acompaña a adolescentes que crecieron en hogares, para que al llegar a la mayoría de edad puedan desarrollar una vida autónoma. Los jóvenes pasan por una etapa de preparación de su proyecto de vida, y tras egresar de los hogares cobran una mensualidad equivalente al 80 por ciento de un salario mínimo vital y móvil, hasta los 21 años (o hasta los 25 si continúan estudiando). En sus siete años de existencia, el programa nunca había sido suspendido. Ahora adeuda dos meses y no sumó a nuevos jóvenes.

*Estrategia AUNAR familias: es un programa destinado a evitar que los chicos que debieron ser separados de su núcleo familiar de origen, por razones de fuerza mayor, sean institucionalizados. Su objetivo es que puedan vivir con integrantes de la familia extendida o con referentes afectivos. En 2023 hubo 393 chicos en este programa, pero en la actualidad esta política se encuentra discontinuada.

* Ley Lucio: esta ley fue sancionada a raíz del crimen de Lucio Dupuy, de 5 años, asesinado por su madre biológica y su pareja. Lucio asistía a un jardín de infantes y había sido atendido en varios centros de salud, a pesar de lo que ningún organismo denunció la situación que padecía. El plan apunta a capacitar a los agentes del estado para que actúen adecuadamente ante episodios de vulneración de derechos de niños y adolescentes. En 2023 fueron capacitadas más de 20.000 personas, pero desde inicios de 2024 el programa está suspendido.

*Programa de prevención del ciberacoso Click Derechos: Fue creado por la ley 27.590, bautizada con el nombre de Micaela Ortega en recuerdo de la niña de 12 años asesinada luego de ser víctima de grooming. Es un programa de formación y aprendizaje, que desde enero de 2024 está interrumpido.

* Reparación económica para hijos de víctimas de femicidio: es una mensualidad equivalente a una jubilación mínima; en diciembre, la recibían 1298 niños. Hoy ese número de hijos continúan percibiéndola, pero no se han incorporado nuevas solicitudes. Se estima que hay más de 150 pendientes de tramitación.

● Plan Nacional de Primera Infancia: con esta política el estado promovió la creación de jardines comunitarios para el cuidado de niños entre 45 días a 4 años, en general hijos de trabajadores informales. En estos jardines y Espacios de Primera Infancia los chicos son cuidados mientras su padres trabajan y se garantiza que coman adecuadamente. A fines de 2023 había 2.667 Espacios de Primera Infancia en todo el país. En 2024 se pagaron solamente 12 convenios correspondientes a 2023 y no se generaron nuevos convenios o pagos. Por esto, muchos jardines comunitarios entraron en crisis y debieron achicar sus horarios o cerrar.

*Prevención del embarazo no deseado en la adolescencia: esta política venían logrando nítidos avances, ya que entre 2015 y 2021 la fecundidad entre las niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años bajó de manera continua. Hoy la participación de la subsecretaría de Política Familiar en este programa no ha sido confirmada por el gobierno, y el mismo programa ve en peligro su continuidad.

*Programas para adolescentes infractores de la ley penal: es un área que ya venía con pocas políticas del estado nacional, a pesar de su evidente necesidad. La gestión de gobierno actual, en lugar de subsanar esta carencia, ha presentado un proyecto de ley que pretende bajar la edad de punibilidad a los 12 años.

La responsabilidad del estado nacional en estos temas fue asumida cuando el país adhirió a la Convención de los Derechos del Niño, norma a la que la Argentina reconoció un rango constitucional. En 2005, el Congreso sancionó además la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Con la presentación de este informe ante el Comité de los Derechos del Niño, de Naciones Unidas, el sindicato que conduce Daniel Catalano busca hacer visible las dimensiones del problema.

Ate Capital planteó además en su denuncia que junto con el abandono de estos programas y políticas, el presupuesto destinado a las políticas destinadas a la niñez y adolescencia tuvo una reducción del 75 por ciento en términos reales.

“Los equipos técnicos están parados, los programas con financiación de organismos internacionales recibieron los fondos pero hace siete meses que no se ejecuta nada, todos los indicadores de gestión de la subsecretaría tienen resultados negativos”, detalló Adolfo Dardik, delegado gremial de la junta interna de ATE en el Sennaf.

Por otra parte, la repartición sufrió despidos masivos de trabajadores, en su gran mayoría profesionales con muchos años de experiencia.

Los trabajadores que aún permanecen tienen sus contratos prorrogados hasta fines de junio con el riesgo real de ser desvinculados al finalizar el período, según los anuncios mileístas de un “plan de limpieza trimestral”.