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El gobierno de María Eugenia Vidal presentó un proyecto de reforma del régimen de excarcelaciones de la provincia. La presentación fue una parte de la puesta en escena frente al reclamo de mano dura de vecinos de Ringuelet por el crimen de la chiquita Abril Bogado, el domingo pasado. Aspirinas venenosas. La solución propuesta por el gobierno (este diario tuvo acceso al proyecto) es aumentar la cantidad de delitos que no están habilitados para recibir una libertad anticipada al cumplimiento efectivo de la pena. Hasta la fecha, el régimen legal provincial dispone la limitación a seis delitos. El proyecto de Vidal incrementa el límite a 19 y se desentiende de la realidad penitenciaria: la población encarcelada en la provincia de Buenos Aires es de 42 mil personas, el máximo histórico bonaerense, 22 mil personas por encima del cupo informado por el mismo gobierno y casi el doble del promedio de prisionalización en el mundo. Mientras, la segunda parte de la puesta en escena apunta sus misiles contra el juez de Ejecución 2 de La Plata, José Villafañe, quien hace tres años dispuso la libertad asistida del acusado por el crimen de Abril, y hace dos años su decisión fue convalidada por tres camaristas. Como suele ocurrir en las respuestas automáticas, las críticas públicas al juez no se detienen a considerar que el poder político no pide jury contra los tres camaristas, ni tampoco contra el fiscal de cámara que convalidó el fallo al no apelar.
El juez Villafañe, de perfil bajo, es considerado en el medio judicial platense como uno de los pocos magistrados que recorre las cárceles y entrevista a los detenidos bajo su jurisdicción, para saber de qué se trata aquello sobre lo que tiene que disponer. Y recorrer las cárceles sin lavandina suele ser molesto para quien las administra como depósitos.
El fallo de Villafañe que dispuso la libertad asistida del ahora acusado por el crimen de Abril Bogado –leído por pocos y criticado por muchos– fue firmado en diciembre de 2014. Es decir, se cumplía desde hace tres años. En el fallo, al que tuvo acceso este cronista, Villafañe evaluó varios aspectos: el pedido de salidas transitorias de la defensa de José Etchegaray; el pedido de cambio a régimen abierto (se encontraba en régimen semiabierto); considera las entrevistas que mantuvo personalmente con el detenido –personalmente, habrá que subrayarlo—; una sanción aplicada en el penal de Magdalena que luego el mismo Servicio Penitenciario Bonaerense anuló, tal la seriedad de la administración. El juez consideró que el cómputo temporal le permitía acceder a las salidas transitorias.
Y agregó que en relación al informe de Desempeño Institucional, el SPB le había asignado Conducta y Concepto Bueno. Habrá que recordar a las y los lectores que ya hubo casos de jury en los que la acusación había sido “privar de la liberar a un detenido cuando por ley le corresponde” (al juez Sal Lari, iniciado por el intendente de San Isidro, Gustavo Posse).
Villafañe rechazó el cambio de régimen, pero dispuso, con una serie de requerimientos, que obtuviera las salidas transitorias, a razón de 48 horas por mes. El fiscal apeló argumentando la no recomendación de un informe Criminológico del SPB.
En la respuesta de Villafañe, ya en julio de 2015, Etchegaray ya se encontraba en Gorina, un régimen de modalidad semi abierta. Al pedido de libertad asistida que hizo la defensa, el fiscal se negó alegando un informe del SPB que no recomendaba otorgársela. Para decidir, Villafañe analizó el mentado informe: “Del informe integral –señala el juez– surge que ‘... Conducta: ejemplar diez. Concepto: no formó. Sanciones disciplinarias: el interno no posee sanciones disciplinarias en este establecimiento’”.
También menciona que se encuentra “inscripto y cursando el 2º año del nivel secundario”; “no se encuentra realizando tareas laborales en esta unidad”; y “es visitado mensualmente por su concubina”.
Sin embargo, el dictamen del comité que realizó el informe sostuvo que “si bien presenta Conducta Muy Buena 7 (antes mencionaba 10) y atento a que registra sanciones disciplinarias... en Unidad Magdalena... (aunque habían sido anuladas por el mismo SPB), este Departamento Técnico Criminológico estima la inconveniencia de incluir al interno Etchegaray (...) en el beneficio de libertad asistida.”
El juez no consideró vinculante el informe y rechazó la objeción de la fiscalía, y dispuso la adecuación del detenido al régimen de libertad asistida. El fiscal apeló y el fiscal de Cámara, Héctor Vogliolo confirmó la postura. Pero los camaristas Alejandro Villordo, Ricardo Szelagowski y Gustavo Marcos, confirmaron la decisión de Villafañe.
Por su lado, Vogliolo no apeló la decisión de los camaristas, lo que en términos procesales implica que la convalidó.
La reacción del gobierno bonaerense fue cuestionar al juez que cumplió la ley, montado el discurso sobre los reclamos de los vecinos. Como si se tratara de una solución. Pero no cargó sobre los camaristas ni el fiscal general.
En ese marco, ayer el ignoto senador provincial Juan Allan, del bloque Cambiemos, presentó el proyecto redactado por el gobierno bonaerense en el que se propone modificar la ley 12.256, vigente a la fecha en la cuestión del régimen de excarcelaciones. En su artículo 100, la actual ley impide el acceso a las salidas transitorias a quienes estuvieran condenados por seis tipos de delitos. Ahora, el proyecto de Allan-Vidal modifica esa cantidad en 19.
Los resultados no están por verse, ya se ven: la tasa de prisionización por cada 100.000 habitantes, en Argentina es 169, en el mundo 144, y en la provincia de Buenos Aires es 245. El total de detenidos es de 42 mil, de los cuales 3 mil están alojados en comisarías y 1500 tienen monitoreo electrónico. Las plazas reconocidas por el gobierno son 20 mil y otras mil en comisarías.
