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Desde Lima
Organismos de derechos humanos han acusado a la presidenta Dina Boluarte ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad. La demanda fue presentada ante la Fiscalía de la CPI este martes por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Asociación Pro Derechos Humanos del Perú (Aprodeh). Se pide la intervención del tribunal internacional para procesar a la mandataria peruana por las muertes durante la represión a las protestas sociales entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, que marcaron el inicio de su gobierno. La represión dejó 49 muertos por disparos de las fuerzas de seguridad. Militares y policías dispararon contra manifestantes, pobladores que no participaban en las protestas e incluso brigadistas de salud que atendían a los heridos. Boluarte alentó y aplaudió la brutal represión.
La acusación presentada a la CPI detalla el ataque sistemático contra quienes salieron a protestar contra el gobierno y cómo se produjeron las muertes, con un patrón de disparos a matar. Se señala que militares y policías hicieron un uso excesivo, desproporcionado e indiscriminado de la fuerza, especialmente contra “hombres jóvenes e indígenas”. Se indica que estos hechos constituyen crímenes de lesa humanidad, conforme al Estatuto de Roma, que dio origen a la CPI. En la demanda también se precisa que la información existente revelaría que hubo disposiciones y acciones del gobierno de Boluarte para que “la represión tuviera como objetivo acabar con las manifestaciones a cualquier costo”.
El gobierno de Boluarte acusó a los manifestantes de terroristas para justificar y promover la represión, y cuando se produjeron las primeras muertes por disparos elogió a las fuerzas de seguridad por su accionar, alentándolos a continuar y endurecer la represión, incrementándose el número de muertos.
Crímenes de lesa humanidad
Gloria Cano, directora de Aprodeh, declaró a PáginaI12 minutos después de presentar personalmente esta demanda ante la CPI: “Hemos presentado el escrito ante la Fiscalía sustentando que se trata de crímenes de lesa humanidad, por lo que hay competencia en materia y siendo el Perú un país signatario del Estatuto de Roma. Hemos desarrollado el contexto y por qué se cumple con el requisito de subsidiaridad, que significa que no existen las garantías de hacer justicia en el fuero interno. Hemos desarrollado toda la inestabilidad en materia de justicia que existe en el país. Hemos evaluado y fundamentado la sistematicidad de los hechos”.
La presidenta Boluarte viene siendo protegida por el Congreso que controla la derecha y extrema derecha, que ha rechazado o encarpetado hasta ocho denuncias constitucionales contra la presidenta por estos sucesos. La mayoría del Congreso ha boicoteado la formación de una comisión investigadora sobre estas muertes. Las investigaciones fiscales avanzan lentamente. Esto en un contexto en el que desde el Congreso se amenaza a jueces y fiscales que no se alinean a sus posturas y se avanza con una serie de acciones para tomar el control del sistema de justicia.
Las protestas sociales contra Boluarte estallaron inmediatamente después que asumió la presidencia el 7 de diciembre de 2022, en reemplazo del destituido y encarcelado Pedro Castillo. Al asumir la presidencia, Boluarte, que había sido vicepresidenta y ministra de Castillo, se alió con la derecha y extrema derecha que son mayoría en el Congreso y había boicoteado el gobierno del que ella había formado parte. Los manifestantes exigían su salida y nuevas elecciones para la presidencia y el Congreso. Las mayores protestas se dieron en la región sur andina, históricamente marginada y con altos niveles de pobreza.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) ha denunciado masacres, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, tratos degradantes y violencia sexual contra los detenidos, que ha calificado como crímenes de lesa humanidad. “Altos funcionarios del gobierno lejos de poner fin a la violencia y separar a los autores materiales, avalan y promueven la actuación de las fuerzas de seguridad”, indicó la CNDDHH durante los meses de protesta y represión.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado en un informe su “condena enérgica al uso indiscriminado de la fuerza mediante armas de fuego contra población inerme por parte de agentes del Estado peruano”. La Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y Asociación ha condenado la vulneración al derecho a la protesta y denunciado que el “excesivo uso de la fuerza” viola los tratados internacionales.
Amnistía Internacional ha denunciado “graves violaciones a los derechos humanos”, que ha calificado como “crímenes contra el derecho internacional”, con “ataques generalizados contra la población”, disparos “de forma indiscriminada” contra pobladores pacíficos que “podrían constituir ejecuciones extrajudiciales”. La Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos de Argentina, encabezada por Juan Grabois, que llegó al Perú en los días duros de la represión, definió lo ocurrido como “crímenes de lesa humanidad”.
Hay una condena generalizada de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos a la represión por la que ahora se acusa a Boluarte ante la CPI. Han coincidido en denunciar una represión con carácter de discriminación racial contra poblaciones indígenas.
