El Ministerio Público Fiscal consideró probado que Horacio Ferrari fue integrante del grupo de tareas 3.3.2 de la ESMA durante la última dictadura cívico militar y que, en ese marco, secuestró y torturó personas, asesinó a algunas de ellas –incluso mediante el uso de veneno–, abusó sexualmente de otras y se apropió de niños y niñas. Al cabo de tres jornadas en las que desarrolló los argumentos que explican tal conclusión, el fiscal Félix Crous y la auxiliar fiscal Marcela Obetko, solicitaron al Tribunal Oral Federal número 5 de la Ciudad de Buenos Aires que condene al acusado a prisión e inhabilitación perpetua.

La Fiscalía definió los delitos bajo juicio como crímenes contra la humanidad y solicitó que “así pedimos que se declaren en el veredicto”. “Nos encontramos frente a delitos de la máxima gravedad que podemos encontrar en todo el catálogo de leyes penales locales e internacionales”, planteó Crous en la introducción de la parte definitoria del alegato fiscal, la que precedió al pedido de pena.

Consideró que el hecho de que los delitos hayan sido cometidos “agentes estatales contra la población civil” en el contexto de “un ataque sistemático y generalizado mediante un enorme despliegue de poder y absoluta impunidad” y que han “causado daño inconmensurable” son algunos de los parámetros que resultan “ineludibles” a la hora de fijar una pena acorde para el acusado.

“Pantera”

Aunque intentó desmentirlo durante todo el debate, los registros oficiales de la Armada aseguran que Ferrari cumplió funciones en la ESMA entre 1977 y 1978. La acusación por la que está siendo juzgado desde octubre de 2023 lo responsabilizó por más de 220 casos de secuestros, más de 240 casos de torturas, más de 70 homicidios y 17 casos de apropiación de niños y niñas, además de abusos sexuales.

Para la Fiscalía, Ferrari “cumplía con eficacia su función en el engranaje represivo”, sostuvo el fiscal Crous ante la jueza Sabrina Nameb y los jueces Fernando Machado Pelloni y Enrique Méndez Signori, integración especial del TOF 5 para llevar adelante este proceso oral y público luego de que el represor recusara a los magistrados que los juzgaron hasta días antes de la sentencia en el tramo IV de la megacausa.

Durante la tercera y última jornada de alegatos fiscales, la acusación pública exhibió extractos de testimonios –en su mayoría vertidos en otros tramos del juicio por la megacausa ESMA– 14 sobrevivientes de la ESMA que reconocieron a Ferrari en su rol de secuestrador y torturador de aquel centro clandestino: Ana María Martí, Martín Gras, Ricardo Coquet, Miguel Ángel Lauletta, Mercedes Inés Carazo, Graciela García Romero, Julio César Vasallo, María Alicia Milia, Ana María Soffiantini, Silvia Labayru, Graciela Daleo, Lisandro Cubas, María Eva Bernst de Hansen, Miriam Lewin. También destacaron el testimonio de José Bustamante García, nieto restituido en cuya apropiación participó “Pantera”.

De los relatos de las víctimas, destacó el fiscal, “se desprenden no solo padecimiento de daños físicos sino también secuelas psicológicas” que el accionar del acusado, los delitos sufridos en la ESMA le provocaron: miedo, angustia, profundo silencio, sentimiento de culpa por haber sobrevivido. “Ferrari ha sido evocado por las víctimas como alguien que infundía mucho miedo, que no quería sobrevivientes de ese centro clandestino, actitud agresiva y combativa y no estaba de acuerdo con el supuesto ‘trato blando’ a los cautivos”, resumió Crous. Los extractos de los testimonios de sobrevivientes, así como las jornadas de alegatos en su totalidad fueron reproducidas por el medio comunitario “La Retaguardia”, que fue imposibilitado de transmitir vía youtube las jornadas testimoniales de este debate por pedido de la defensa del acusado.

La Fiscalía también mencionó las “consecuencias devastadoras” que tuvieron los hechos para las familias de las víctimas, que transitaron angustia por la ausencia, por la búsqueda sin resultado, por la falta que aún persiste.

“Estamos frente a conductas del orden de lo siniestro”, concluyó Crous. Ferrari, señaló la Fiscalía, “integró el aparato organizado de poder que llevó adelante la represión ilegal durante la última dictadura con plena convicción de las acciones manifiestamente criminales y violaciones a los derechos humanos que allí se perpetraban”. En lugar de cumplir con su función de protector de la sociedad, “Pantera” optó por “integrarse a un plan criminal que lejos estuvo de defender los bienes más preciados del ser humano” y luego “siguió su carrera hasta las más altas jerarquías”. Llegó a ocupar el cargo de jefe de Inteligencia del Estado Mayor de la Armada; en 2008 ascendió a contraalmirante; en 2013, cuando fue detenido en el marco de la megacausa ESMA, era vicepresidente del Centro Naval.

Por último, el fiscal destacó que el acusado “no reconoció los hechos, no aportó ningún dato que permita localizar e identificar víctimas –que aún están desaparecidas– ni tampoco a los niños y niñas sustraídas a sus padres”. Para “Pantera”, la Fiscalía solicitó la máxima pena.