Históricamente, los sectores políticos y familias que controlan el régimen político en Colombia han consolidado el imaginario de que el Estado en Colombia enfrenta una lucha antisubversiva, contragerrillera y antiterrorista contra diversas guerrillas, banda criminales y grupos terroristas que pretenden desestabilizar y acabar con la democracia más antigua de América. Sin embargo, la condena que acaba de proferir un juzgado federal en Estados Unidos contra la empresa bananera Chiquita Brands, por financiación de grupos paramilitares devela que más que un ejército antisubversivo, el proyecto paramilitar en Colombia se construyó con la acumulación criminal de tierras y la eliminación genocida de las fuerzas políticas y civiles que se oponían al modelo de acumulación gansteril y neoesclavista de capital.
La condena a la multinacional bananera Chiquita Brands por financiamiento al paramilitarismo en Colombia es un caso significativo para comprender los móviles de la guerra en Colombia, en la relación del empresariado con grupos armados ilegales en un contexto de conflicto armado “interno”.
En el 2007, Chiquita Brands llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y admitió haber pagado al grupo paramilitar AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) entre 1997 y 2004. Como parte del acuerdo, la empresa aceptó pagar una multa de 25 millones de dólares. Este acuerdo puso fin a una investigación que había revelado los pagos ilegales y las relaciones comerciales con grupos armados ilegales en Colombia. Sin embargo, esta semana la justicia federal de Estados Unidos comprobó que la bananera Chiquita Brands financió, por lo menos, durante siete años al ejército paramilitar en Colombia. Pero ¿por qué una empresa multinacional decide participar activamente de un conflicto armado interno?
El excomandante del Bloque Bananero de las Autodefensas, Everth Veloza alias “HH”, en entrevista con la W desde la cárcel, se refirió a las empresas bananeras como Chiquita Brands y otras que financiaron a los paramilitares en Urabá y reafirmó que, contrario a lo que aseguró la compañía de que fue obligada, la bananera aportó voluntariamente a las AUC.
“(…)En ningún momento fueron obligados, fuimos llevados como bien lo he dicho en Justicia y Paz. Cuando yo llegué a la zona bananera, la orden que me dieron fue ir y liberar todos los cultivos de banano, impedir que los sindicatos hicieran paros e impedir que la guerrilla hiciera presencia, así que en ningún momento fueron obligados con un fusil en la cabeza(…)”, sostuvo Veloza ante pregunta por los móviles de esa financiación.
Además, detalló cómo desde su filial Banadex y con la colaboración directa del jefe de seguridad de la empresa en Colombia, Chiquita Brands favoreció el ingreso de armas y otros delitos cometidos por los grupos paramilitares.
La condena sienta un precedente en la jurisprudencia estadounidense, en la construcción de las jurisdicciones de paz en Colombia y en las negociaciones de paz en el mundo. Es menester investigar la responsabilidad corporativa y la participación de los terceros civiles en los conflictos armados, pues con esta condena la dicotomía del derecho de guerras entre civiles y armados se complejiza por la participación y definición de acciones armadas por sujetos políticos y empresariales, que fungen como representantes de la “sociedad civil”, pero determinan las dinámicas, las víctimas, ganadores y perdedores de las guerras.
Ahora se entiende las fuerzas y recursos movilizados por los “señores y señoras de la guerra” que parapetados como miembros de las “sociedad civil”, se oponen a participar como parte en las jurisdicciones de paz, pues sin su concurrencia los conflictos seguirán vivos, y la esperanza de una paz estable y duradera, será una ficción más de nuestra ya casi eterna soledad.
*Doctor en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia.
Publicado originalmente en www.diaspora.com.co
