Organizaciones indígenas de Guatemala rechazaron el desalojo de comunidades mayas q'eqchi del norte del país y pidieron al Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León que se busquen soluciones para la conflictividad agraria.

"Los desalojos de comunidades indígenas son una crisis humanitaria en todo el país, hay cientos de personas viviendo a la intemperie, sin alimento, sin educación, sin acceso a salud, necesitamos una reacción inmediata", declaró Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina (Cuc) de Guatemala, en una conferencia de prensa.

Durante 2024 se han realizado al menos 15 desalojos, principalmente en el norte de Guatemala, a petición de terratenientes en fincas donde poblaciones indígenas han vivido de forma histórica durante cientos de años, según Pascual.

La alerta lanzada por las organizaciones indígenas surge después de que la semana pasada 30 familias maya q'eqchi de la comunidad Santa Rosita, ubicada en el departamento (provincia) de Izabal, denunciaron estar viviendo bajo árboles y sin acceso a servicios básicos. Además, de tener una orden de desalojo vigente por parte de una empresa a Empresa Comercial Agrícola, S.A.

Por su parte, Oswaldo Samayoa, encargado de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh), explicó que esta comunidad se vio obligada a ocupar esta finca tras ser desplazada sin que se les garantizara un traslado a un nuevo espacio para habitar. "Somos respetuosos de las órdenes de desalojo pero tenemos la obligación de velar por los derechos humanos de las personas", señaló Samayoa.

De acuerdo con las organizaciones campesinas, este miércoles está programado el desalojo de la comunidad de Cubulguitz, en el departamento de Alta Verapaz, donde habitan más de 80 familias mayas q'eqchi'es.

La conflictividad agraria en las áreas de mayor población indígena de Guatemala se agudizó a finales del siglo XIX y a principios del XX cuando familias europeas dueñas de más de 130 fincas, las élites mestizas del país y la United Fruit Company se aliaron a los gobiernos militares de ese entonces para tomar poder sobre mayores extensiones de tierra, según explica un estudio de la Universidad de San Carlos de Guatemala, titulado Revolución en el Área Rural.

En 2011, se registró uno de los últimos desalojos más violentos del país, durante el Gobierno de Otto Pérez Molina, cuando 769 familias campesinas e indígenas fueron expulsadas de sus viviendas del Valle del Polochic, al norte del país. Sus cultivos fueron quemados y tres campesinos murieron como consecuencia de la violencia empleada por parte de los Cuerpos de Seguridad del Estado y una empresa azucarera que operaba en el área.