En su breve intento de golpe de Estado, el ahora excomandante general del Ejército de Bolivia Juan José Zúñiga dijo  que su intención era liberar "a los presos políticos", entre los que nombró a la ex presidenta de facto Jeanine Áñez. La propia Áñez buscó despegarse del intento golpista al repudiarlo en sus redes sociales, pero aquel golpe de noviembre de 2019 contra Evo Morales cuenta aún con una complicidad sin resolver por el Poder Judicial, la del envío de armas por parte del entonces gobierno de Mauricio Macri, quien este miércoles eligió no pronunciarse contra la revuelta de Zuñiga.

El respaldo de la gestión de Macri al golpe de Estado de 2019 en Bolivia fue revelada por otro comandante general del Ejército, Jorge Gonzalo Terceros Lara, quien ocupaba el cargo cuando se derrocó a Morales. En una carta diplomática enviada a la embajada argentina en Bolivia, Terceros Lara agradecía al gobierno de Cambiemos "la colaboración prestada".  Según la documentación oficial, en los días del golpe, Argentina envió a Bolivia "material bélico de agentes químicos" -40 mil cartuchos Anti Tumultos, gases lacrimógenos en spray MK-9 y MK-4; 50 granadas de gas CN; otras 19 CS y 52 granadas de gas HC- e incluso volaron al país vecino efectivos de la Gendarmería. De esta manera, la entonces y actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también estaba involucrada. Bullrich tampoco condenó este miércoles el nuevo intento de golpe contra un gobierno del MAS. 

El argumento oficial del macrismo sostenía que había sido para proteger la embajada, entonces a cargo de Normando Álvarez García. Los empleados de la embajada declararon que los pertrechos de guerra llegaron a la embajada junto a los gendarmes, pero que salieron del edificio y una de ellas no volvió. 

Tras la asunción de Alberto Fernández, el entonces embajador argentina en Bolivia Ariel Basteiro colaboró rápidamente con la investigación sobre la complicidad del gobierno de Macri con el golpe. De hecho, la carta diplomática de Terceros Lara tuvo que ser buscado exhaustivamente, ya que estaba mal archivada y no figuraba entre los cables oficiales que por aquellos días se enviaron desde La Paz a la Cancillería argentina.

En enero de 2023, Basteiro denunció que mientras que Bolivia ya tiene condenados por ese hecho -Renzo Arteaga Fernández, el funcionario boliviano que autorizó en un trámite irregular el ingreso del avión de la Fuerza Aérea Argentina con las municiones -la causa que investigaba la complicidad de Macri con el golpe estaba "cajoneada" en Comodoro Py. Alberto Fernández había pedido disculpas a Arce por parte de Estado argentino y calificando lo hecho por la gestión macrista como un posible delito de "partícipe necesario de una sedición". 

"A pesar de tener capacidad de convocar a los funcionarios del Gobierno del expresidente Mauricio Macri, los jueces de Comodoro Py cortaron el hilo por lo más fino y solo llamaron a declarar a los gendarmes que acudieron a resguardar la embajada argentina en Bolivia", denunció Basteiro sobre la decisión de continuar el camino que siguieron las municiones de guerra.