El golpe en Bolivia podría haber sido un autogolpe. La teoría requiere mucho cuidado y tomó tanta velocidad como las tanquetas militares desplazadas hacia la plaza Murillo para interrumpir el orden constitucional. La idea se apoya en una certeza y algunas interpretaciones posteriores al acto de sedición. La única evidencia, hasta ahora, son las declaraciones del general Juan José Zúñiga, comandante del ejército, a menos que haya mentido. Camino a su detención, explicó sin titubear ante un grupo de periodistas: “El presidente me dijo: la situación está muy jodida, muy crítica. Es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. ‘¿Sacamos los blindados?’ -le habría preguntado a Luis Arce Catacora y éste le respondió- ‘Sacá’. Entonces el domingo en la noche, los blindados empiezan a bajar. Seis cascabeles y seis urutús, más 14 Z del Regimiento de Achacachi". 

Juan Ramón Quintana, exministro de la Presidencia de Evo Morales, adhirió a la misma hipótesis en diálogo con Página/12: “Esto es una gran puesta en escena”. El histórico líder del MAS ya había expresado que se estaba “preparando un autogolpe”. Como fuere, la situación pone en riesgo la gobernabilidad del actual mandatario enfrentado en una larga interna con Evo que tiene final abierto.

El martes pasado Zúñiga había acelerado los tiempos de este grave conflicto con sus declaraciones políticas – que tiene vedadas por la Constitución boliviana – sobre Morales: “No puede ser más presidente de este país. Llegado el caso, no permitiré que pisotee la Constitución, que desobedezca el mandato del pueblo”. Quintana, oficial retirado del ejército, sociólogo y militante del espacio de Evo, dijo que aquellas frases de Zúñiga habían “consternado al país, estaban fuera de lugar y yo diría que fueron desquiciadas”.

El intento sedicioso de este miércoles se extendió durante unas tres horas y no recibió apoyo de la mayoría de las unidades militares del país. “Es el escenario de un golpe aparente, yo diría más una puesta en escena que un golpe”, agregó Quintana, quien coincidió con Evo. Mientras el exministro de Morales en tres períodos distintos hacía este comentario, los fiscales departamentales de La Paz que intervienen en el caso, Franklin Alborta y Omar Mejillones, acusaban a Zúñiga por los delitos de terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado.

La historia del que, acaso haya sido el intento de golpe más fugaz en la historia de Bolivia, se inició cuando tres unidades del ejército salieron hacia el centro del poder político con sus tanquetas. Una de ellas no pudo llegar a Plaza Murillo. Las restantes, con Zúñiga al frente, rodearon el kilómetro cero en La Paz y como arribaron, se retiraron ante la rápida respuesta del gobierno más las movilizaciones y la amenaza de un paro general por tiempo indeterminado de la Central Obrera Boliviana (COB).

Los repudios nacionales a la asonada militar incluyeron a sectores ultraderechistas que en 2019 se alzaron contra Morales. El actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el mismo que en noviembre de aquel año ingresó a la Casa de Gobierno con una nota de renuncia para que la firmara el expresidente y referente del MAS, declaró: “Se debe respetar el mandato del voto popular. Cualquier acción en contra es absolutamente ilegal e inconstitucional”.

En el mismo sentido se pronunciaron el exmandatario Jorge Tuto Quiroga y hasta la expresidenta de facto, Jeanine Añez desde su lugar de detención, donde cumple condena por los episodios de noviembre de 2019.

Bolivia, con su historia plagada de golpes de Estado en casi 200 años de vida independiente – se cumplirán el 6 de agosto de 2025 -, ha sido siempre prolífica en este tipo de actos sediciosos, a menudo demasiado cruentos. Mientras se desarrollaban los hechos, Evo Morales se pronunció contra el golpe desde su cuenta de X y llamó a movilizarse por todo el país: “Convocamos a los movimientos sociales del campo y la ciudad a defender la democracia”, escribió. No hubo fisuras en eso con su principal adversario en el MAS, el propio Arce, quien enfrentó a Zúñiga cuando intentó ingresar en la sede del gobierno.

Este fugaz ensayo de hacer zozobrar a la democracia boliviana, en apariencia no contó con intervención de terceros países, como sucedió en 2019 con el golpe que encabezó Añez a quien apoyaron el gobierno de Estados Unidos, el Brasil de Jair Bolsonaro, la Argentina de Mauricio Macri y hasta la propia OEA. Tampoco quedó a la vista un respaldo visible de la población civil, que no acompañó el putsch de Zúñiga, con la supuesta mise en scène de sus soldados marchando por el centro de La Paz a paso redoblado y con un puñado de tanquetas de origen chino y la participación de jóvenes oficiales que habían obtenido su promoción el mismo día.

Quintana, muy crítico de Lucho Arce, exministro de Economía de Morales hasta 2019, explicó que el presidente “necesita restablecer su credibilidad política para el año y pico que le queda en el gobierno. Pero este es un punto de quiebre. El segundo objetivo lo iba a cumplir Zúñiga si se salía con la suya, que era detener a Evo”.