Después de la salvaje represión del 12 de junio, el Gobierno celebró el operar de las fuerzas abusivas y sugirió un “intento de golpe de Estado y de terrorismo”. Luce extravagante. No existen elementos ni remotamente parecidos. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo debería tener muy claro porque lo vivió en los setenta.

En realidad, el objetivo es criminalizar las movilizaciones y legalizar la represión excesiva. Apareció ridículamente el fingimiento repentino de un grupo de sujetos con la cara cubierta que incendió un coche. Nadie de ese grupo fue preso. En cambio, detuvieron a jóvenes y adultos de a pie.

Bullrich desarrolla una especie de militarismo anticívico, enfrentándose a los manifestantes en cada debate del Congreso como si fueran batallas castrenses. No es difícil prever lo que puede llegar a suceder con el correr del tiempo. No son liberales ni anarco-capitalistas. Por el momento, sus procederes resultan confusos, enredados, vulgares, alterados y caóticos.

La Libertad Avanza ha dirigido la represión a su propio pueblo. Extendieron la guerra iniciada por Mauricio Macri definiendo como enemigos a clases enteras de personas que consideran en su conjunto responsables y culpables de cualquier cosa, donde nadie es inocente. Al mismo tiempo, en el Gobierno parece no haber lugar para funcionarios lúcidos; tras seis meses de mandato, son más de 40 los que han abandonado el barco.

Neoliberalismo al palo

Si se revisan las crisis que se sucedieron desde 1970, tanto en países desarrollados como emergentes, queda claro que la Teoría Económica Moderna, con su esperanza en el libre mercado y la globalización, la desregulación, la ingeniería financiera y las privatizaciones, es más bien la causa y no la fuente de inspiración para encontrar soluciones.

En particular, la crisis mundial de Lehman Brothers dejó en evidencia la falsedad de aquel argumento repetido por cuatro décadas como una letanía hipnótica: “el mejor gobierno es un gobierno pequeño que resigna la mayor cantidad posible de funciones que el Estado no desempeña con éxito merced a su consabida ineficiencia y corrupción, a favor de una mayor eficiencia y ética del sector privado".

Pero resulta que la política económica necesita un equilibrio entre el papel de los mercados y el del Gobierno. Dicha conclusión emerge a lo largo de la obra de Joseph Stiglitz Caída Libre, donde se contextualizan las circunstancias relativas a las decisiones de políticas públicas previas a la crisis denominada “Gran Recesión”, el fondo de la misma y las posibles reflexiones para salir del estancamiento económico.

En general, la literatura de las crisis financieras suele estar definida en términos vagos e imprecisos por parte de los autores que se sitúan en el marco teórico neoliberal y técnicos de organismos multilaterales de crédito, especialmente del FMI. 

Se adjudican las causas generales al moderado esfuerzo liberalizador, el abuso de gasto público, con algunas variantes en las formas de financiamiento, destacando siempre el excesivo rol del Estado por sobre el del mercado, en quien supuestamente debería recaer la responsabilidad. 

Stiglitz dice que "durante décadas los pueblos del mundo subdesarrollado se han rebelado cuando los problemas de austeridad impuestos en sus países han sido demasiado severos, pero sus quejas no solían tener eco en Occidente". 

La Argentina cuenta con una vasta experiencia a la hora de establecer el factor neoliberal para explicar las crisis económicas. En el caso de la crisis de 2001, no sólo el funcionamiento de las instituciones y la economía fue afectado, sino que implicó unos costos inusitados en términos de estallidos sociales sincrónicos en diferentes lugares del país, creando una inestabilidad de magnitud.

En 2001, la crisis de la deuda debilitó el orden económico. El desempleo pasó del 12 por ciento a 18 por ciento antes del estallido social y luego al 25 por ciento, cuando ya la desigualdad era de dimensiones extraordinarias. El hundimiento de la actividad económica, provocado por la austeridad y no las políticas discrecionales de gasto, es el que exacerba a los desequilibrios de las cuentas públicas.

Con muchas similitudes a lo que ocurre en la actualidad, la narrativa del gasto público que asfixia a la actividad privada se interiorizó como certeza en la ciudadanía y debilitó las políticas de oposición, hasta el punto que ya en las elecciones de 1999 estaba el acuerdo de mantener la Convertibilidad prometida por la Alianza.

Ni antes de la crisis se cayó en el derroche fiscal, ni el tamaño de la deuda externa y el déficit eran un problema indomable. Fue la propia crisis, un fenómeno generado por políticas públicas como la privatización de las jubilaciones, que provocó un enorme descenso de ingresos públicos. Luego, el caos político en que cayó el De la Rúa, la violencia de los saqueos y la presencia masiva de gente en las calles, desafiando el Estado de sitio y mostrando una desobediencia civil inédita.

Si la austeridad a ultranza de 2001 no fue la respuesta a los supuestos vicios públicos, la recuperación de la economía desde el default tampoco se produjo como consecuencia de esas políticas públicas sino, justamente, porque se aliviaron o interrumpieron. Argentina solo asumió una posición soberana e independiente para comenzar la reconstrucción después del estallido social 2001.

Democracia

"Quisimos que la democracia fuera representativa y estuvo bien que así fuera. Sin embargo, actualmente es necesario identificar los intereses que son representables y asegurar que los dirigentes sean efectivamente representativos más que de los intereses particulares o de su propio interés, del interés general que incluye el respeto y la protección de las minorías", dice Alain Touraine.

Las sociedades democráticas actuales ya no están divididas, a diferencia de la sociedad industrial, entre una minoría de dirigentes y una mayoría de trabajadores, sean independientes o dependientes. En la sociedad postindustrial, dominada por los intereses financieros y regida por las políticas neoliberales, son cada vez mayores los sectores de la población desprotegidos y marginados.

Las dificultades económicas que enfrentaron todos los gobiernos del mundo a partir de 1970, en particular en el Sur y en la antigua zona comunista, hicieron extremadamente dificultosa para esos Estados la resistencia a las presiones de “ajuste estructural” y apertura de las fronteras.

Como resultado, se logró una limitada reducción en los costos de producción mundiales, pero el éxito fue mucho menor de lo que esperaban los promotores de semejantes políticas y muy por debajo de lo que era necesario para terminar con la reducción en el margen de ganancias.

Los capitales buscan aumentar sus ganancias a través de la especulación financiera antes que en la producción. Como ejemplo, véanse los resultados del “carry trade” en la Argentina de los últimos tiempos. Tales manipulaciones financieras dan como resultado grandes ganancias para algunos operadores, pero a la corta o a la larga volatilizan la economía y la someten a cambios monetarios y de niveles de empleo.

Ley Bases y FMI

La Ley Bases, que otorga superpoderes para Milei, es una reproducción ampliada de “los superpoderes de Cavallo”. En aquel momento, la denominada “Ley Convertibilidad” estableció las condiciones previas para iniciar un proceso de privatizaciones y apertura de los mercados nunca antes visto, definiendo una estructura institucional de apoyo, en contraposición con la aguda brecha social que se iría consolidando y finalizaría con una crisis financiera e institucional.

Prácticamente en paralelo, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, se reunió con Milei durante la cumbre del G7 en Italia, y la entidad comunico que aprobó la octava revisión del acuerdo de facilidades extendidas, permitiendo que Argentina acceda a 800 millones de dólares. Compárese con la acusación en público que en su momento Milei le dedicó a Luis “Toto” Caputo de haberse “fumado más de 15 mil millones de dólares” en pocas semanas.

Antes, hace unas décadas, asuntos como los préstamos de ajuste estructural interesaban sólo a unos pocos. Se suponía que el FMI se concentraba en las crisis, pero los países en desarrollo siempre acuden a la deuda, de modo que el FMI se convirtió en una droga permanente de la vida de buena parte del mundo emergente. En la Argentina, se volvió a constituir en el principal actor internacional, en términos de influencia y decisión de las políticas pública, desde 2018, merced al gobierno de Mauricio Macri.

A diferencia de estos días, en 2001 las Fuerzas Armadas se resistieron a distribuir alimentos entre los sectores más pobres de la población. La turbulencia en la que se sumergió el país desde 2001 por lo menos hasta mayo de 2002, signada por el corralito, resistencia social, Estado de sitio, estallido social generalizado, sucesión de autoridades, cesación de pagos, devaluación, depresión continuada, inflación y, sobre todo, indignación y perplejidad generalizada, no se pueden ignorar en 2024.

Dada la repentina aceleración de la tasa de pobreza e indigencia, lo asombroso no es que los ciudadanos protesten frente al Congreso, sino que sufrieran seis meses en silencio, sin comida en los comedores, sin medicamentos oncológicos y después de haber sufrido en menos de un cuarto de siglo dos crisis devastadoras (2001) y (2018).

El esclarecimiento de lo que pasó en las últimas crisis es fundamental para que un público inconsciente y manipulado pueda sopesar el resultado final de estas políticas. La exclusión informativa y las prácticas totalitarias encubiertas se han convertido en una amenaza tanto para los que adhieren a este sistema como para los que nos resistimos a repetir la historia.

*Director de Fundación Esperanza. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política. Autor de 6 libros. @pablotigani