Crímenes basados en la orientación sexual o identidad de género que jamás se investigan o quedan impunes, Estados que no reconocen a las personas trans ni permiten el matrimonio igualitario, la persistencia de las mal llamadas terapias de conversión junto con índices altísimos de pobreza y hasta el desplazamiento forzado… Centroamérica podría considerarse una de las regiones más hostiles para las personas LGBTIQ+.

Hasta 2008, Panamá y Nicaragua penaban en sus legislaciones las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. “Nos castigaban con penas de seis hasta ocho años de cárcel bajo el delito de sodomía”, cuenta Manuel Pérez, un periodista nicaragüense que lleva seis años viviendo en Costa Rica.

Además de la persecución a personas LGBTIQ+ incluida en las leyes, los países centroamericanos también enfrentan problemas de inseguridad. En la zona conocida como el Triángulo Norte -conformada por Guatemala, Honduras y El Salvador- organizaciones sociales registran elevados índices de violencia contra gays, lesbianas y trans perpetrada tanto por integrantes de pandillas como por agentes públicos de seguridad.

Un informe publicado en 2023 por la organización Cristosal señala que en Honduras, entre 2009 y 2021, hubo 389 crímenes de odio y que el 90 por ciento de estos casos quedó impune.

Honduras fue condenado en 2021 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el transfemicidio de Vicky Hernández, quien fue asesinada a manos de policías en el marco del golpe de Estado hondureño de 2009. Actualmente, el Estado enfrenta cargos en un juicio de la misma corte por otro transfemicidio ocurrido en 2018.

El peso de la religión

También la religión tiene un peso central en los países centroamericanos. En 2022, el Congreso de Guatemala aprobó un decreto para conmemorar el Día por la Vida y la Familia con el fin de mantener la concepción tradicional de la familia heterosexual y prohibir la educación sexual integral.

Desde la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Guatemala advirtieron que todavía existen las mal llamadas “terapias de conversión” en ese país, con las que se busca “corregir” cualquier identidad sexual que no cumpla con la norma heterosexual.

Según los testimonios revelados en esta investigación, los casos de persecución contra personas LGBTIQ+ se extienden desde edades tempranas y en ámbitos que deberían ser seguros como la escuela. Allí muchas veces las propias autoridades escolares encubren el bullying y expulsan a los estudiantes gays, lo que luego da paso a la exclusión de estas personas de sus comunidades o de su país de origen.

Pobreza y desplazamientos forzados

A la inseguridad en Centroamérica, se suma la pobreza. En 2023, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) consideró a Nicaragua, Honduras y Guatemala como tres de los países con mayores índices de pobreza y pobreza extrema.

Según el académico Amaral Arévalo, que investiga la violencia hacia la población LGBTIQ+ en Centroamérica, las migraciones basadas en la violencia por la orientación sexual e identidad de género en esta región son provocadas muchas veces por los grupos criminales y los Estados mismos que no garantizan ningún derecho para la diversidad sexual.

Organizaciones sociales comenzaron a registrar la migración de personas LGBTIQ+ entre las caravanas migrantes que parten hacia Estados Unidos.

Matrimonio igualitario en Costa Rica

En 2018, la Corte IDH resolvió una opinión consultiva realizada por Costa Rica sobre el reconocimiento de las identidades trans y el matrimonio igualitario que dio paso a que ese país aprobara el matrimonio igualitario en 2020.

Así Costa Rica se convirtió en un país donde las parejas LGBTIQ+ extranjeras pueden casarse, pero cuando regresan a sus países de origen su vínculo no tiene validez legal y vuelven a estar desprotegidas. De esta forma tampoco pueden acceder a los derechos derivados del matrimonio civil o de las uniones libres como la compra de bienes compartida, el acceso a la seguridad social, las adopciones y las herencias.

Aun con estos avances, Costa Rica no cuenta con una Ley de Identidad de Género. Ante la falta de esta ley, alguna instituciones estatales desarrollaron protocolos de atención para la diversidad sexual que contemplan el respeto a la identidad de género de las personas trans y no binarias; pero, al existir la objeción de conciencia, los y las funcionarias públicos deciden si atender o no a las personas LGBTIQ+.

En contraste, otros países centroamericanos endurecieron sus leyes contra el colectivo LGBTIQ+. En 2005, El Salvador blindó la Constitución para hacer del matrimonio civil un derecho exclusivo de las parejas heterosexuales; lo mismo hizo Honduras en 2021 y Guatemala en 2022.

Recientemente, el gobierno de Nayib Bukele, en El Salvador, prohibió la educación sexual integral en las escuelas junto con otras temáticas sobre diversidad sexual. En el marco de su política antiderechos, este mes, el Ministerio de Cultura censuró la función de Inmoral, una obra basada en las desigualdades que viven las personas gays y trans, que ya había sido presentada en el Teatro Nacional de San Salvador.

“Como disidencias sexogéneros vivimos en una violencia sistemática que nos impide ejercer nuestros derechos, nuestras profesiones, nuestro arte, por el hecho de ser homosexuales o pertenecer a la diversidad sexogenérica”, enfatizó Alexa Evangelista, productora de Inmoral.