El fallo que revisaría las condenas a los cuatro acusados por la muerte de Carlos "Bocacha" Orellano - el joven que fue a bailar a la Estación Fluvial y cuyo cuerpo apareció flotando en el río- debía conocerse hoy. Sin embargo, una decisión de última hora generó polémica: Es que la audiencia prevista para esta jornada fue trasladada al lunes 1 de Julio, fecha en que empezará a gozar de su jubilación uno de los camaristas. Se trata de Daniel Acosta, quien participó desde febrero en las audiencias de apelación, pero que finalmente no formará parte del trío de magistrados que fallará sobre esta nueva revisión de las tres condenas a dos policías y un patovica, así como la absolución de un cuarto responsable de la seguridad del boliche Señor Ming.   

"Lo que presentamos por la parte querellante, por instrucción de la familia, es un pedido de aclaratoria de un decreto a los fines de que se nos informe en relación a la situación del doctor Acosta, si pudo emitir su voto y si quedó firmado, porque lo que se entiende del decreto es que la suspensión de la audiencia fijada para este viernes obedece a la situación de jubilación del magistrado quién habría cesado en sus funciones jurisdiccionales. Y por esa razón requerirían la integración con un nuevo magistrado" explicó a Rosario12 Salvador Vera abogado de la familia Orellano.

"A nosotros nos parece que esto merece una aclaración, porque es inconsistente con la misma información que provee el decreto que informa que el magistrado cesa en sus funciones jurisdiccionales recién a partir del lunes primero de julio, con lo cual él estaría en funciones aún. Esto nos resulta difícil de comprender, y en segunda medida esto nos genera algunos interrogantes por la falta de claridad del decreto, en cuanto para qué sería la nueva designación del magistrado para integrar el tribunal,  si esto es a los fines solamente de convocar audiencia 'de visu' para conocer a los imputados y realizar un nuevo voto por lo cual entendemos que esa situación no corresponde,  porque si el doctor Acosta está aún en funciones suponemos que ya emitió su voto" razonó Vera.

Finalmente el letrado aclara que " subsidiariamente hemos planteado una revocatoria debido a algo que se desprendería de la siguiente situación: el mismo decreto menciona que la suspensión de la audiencia obedece, a que el tribunal se encuentra en una situación de voto dividido, con lo cual no han obtenido la mayoría necesaria fijada por el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esa ley, ese artículo, dispone que la mayoría tiene que ser absoluta con lo cual dos integrantes que componen la mayoría tienen dos votos coincidentes en todos los puntos del objeto de decisión. Pero cuando esto no ocurre, el tribunal tiene que integrarse con dos nuevos integrantes. O sea pasaríamos a tener un tribunal de cinco miembros para definir el caso". 

"Sin embargo -concluye Vera- no es lo que se informó ahora, por lo cual nos oponemos a este decreto y esperemos a ver qué es lo que se resuelve judicialmente en estos días luego las vistas que se han corrido a todas las partes del proceso. Es una situación que genera mucho interrogante y mucha angustia en la familia, porque hay mucha incertidumbre porque a cuatro meses de haberse realizado las audiencias del debate no tenemos no solo no tenemos veredicto, sino que hemos sido citados para conocer la decisión y tres días antes de ello se suspende de esta manera tan poco clara. No quiero decir desprolija, pero poco clara por lo menos", cerró el letrado.

Cabe recordar que en febrero de este año, ocho meses después de la sentencia por homicidio preterintencional que decepcionó a la familia de Carlos "Bocacha" Orellano, tras el juicio a los cuatro imputados por su muerte en el río Paraná; se iniciaron las audiencias de apelación. La incomodidad por la sentencia fue mutua:  la parte acusadora apuntó a que las condenas sean por una figura penal más gravosa, ante la muerte del joven que tenía 23 años, en febrero de 2020, cuando fue a bailar al boliche de la Fluvial y luego fue encontrado sin vida en el río, dos días después. Mientras para las defensas las penas fueron demasiadas.

A mediados del año pasado, dos agentes de policía y dos patovicas fueron juzgados por el caso. El fiscal Patricio Saldutti y la querella por la familia de "Bocacha" acusaron a los policías Gabriel Nicolossi y Karina Gómez, y a los empleados de seguridad privada del boliche Sr. Ming, Emiliano López y Fabían Maidana, con pedidos de pena de entre 17 y 23 años de prisión efectiva.

Al término del debate, en junio del 2023, el tribunal del juicio consideró a tres de los acusados como responsables de un homicidio preterintencional; es decir, que no lo buscaron pero que cada uno de sus actos esa noche fue lo suficientemente imprudente como para que sucediera la muerte del joven que había ido al boliche de La Fluvial, con sus amigos. Así, condenaron a Karina Gómez, a 9 años de prisión; a Javier Nicolossi, a 12 años; y al patovica Emiliano López, a 6 años de prisión. En la misma sentencia, fue absuelto el cuarto imputado, también de seguridad del local nocturno.

Tras la apelación de todas las partes -Fiscalía, querella y defensas- al fallo de primera instancia, el mismo comenzó a ser revisado ayer por un tribunal de Alzada, integrado por Alfredo Ivaldi Artacho, Daniel Acosta y Georgina Depetris.