A la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, le siguen lloviendo planteos judiciales. Esta vez fue el juez federal de La Plata, Alberto Osvaldo Recondo, el que la intimó a responder en un plazo de cinco días por qué motivos mandó a cerrar los 59 Centros de Referencia (CDR) que su cartera disponía en casi todo el país. Los CDR funcionaron durante las últimas dos décadas como la primera ventanilla del Estado en los territorios para tramitar todo tipo de programas sociales, desde la Tarjeta Alimentar hasta un certificado de discapacidad o los medicamentos de alto costo que entrega la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE). Pero la ministra decidió en marzo pasar la motosierra: dejó de pagar los alquileres de las oficinas donde funcionaban, retiró el mobiliario y despidió a unos 200 trabajadores. Ahora tendrá que explicar cuál sería el plan para reemplazar esa pata territorial indispensable para aplicar las políticas públicas que están bajo su responsabilidad. 

La resolución del juez fue en respuesta a un amparo colectivo presentado por las organizaciones sociales del Frente Barrial de la CTA de Los Trabajadores, y podría convertirse en una medida cautelar que le ordene revertir el ajuste si la ministra no cumple con los plazos previstos o no puede explicar de qué forma planea garantizar los derechos afectados.

En marzo, cuando comunicó el cierre de los CDR, Pettovello justificó la medida en base el "ahorro" que implicaba para su cartera. Con los despidos y el cierre de los locales, según un comunicado de Capital Humano de aquel entonces, se aseguró un ajuste de "5.000 millones de pesos anuales". Pero para las organizaciones que presentaron el amparo, la lógica detrás del desguace de los CDR no pasa tanto por un recorte presupuestario puro y duro, sino más bien por la voluntad de la administración libertaria de recortar funciones estatales y retirarse de los territorios. 

"Los trabajadores y los más vulnerables son los principales beneficiarios de los CDR, sobre todo a nivel federal, porque funcionan como la primera oficina estatal para gestionar cualquier ayuda social, algo que sigue siendo complejo en barrios populares alejados de los centros urbanos", explica Rubén Schaposnik, del Frente Barrial de la CTA. "Lo que está haciendo la ministra es sacarse de encima una responsabilidad, otra más. Descentralizar y que sean las provincias y los municipios los que asuman los costos, aunque sin transferirles un solo peso. Mientras tanto, deja tierra arrasada y destruye el vínculo construido por el Estado con los sectores populares", asegura.

Pettovello tendrá cinco días para explicarle al juez qué plan alternativo tiene ideado para garantizar el acceso en los barrios más complejos a los programas sociales, los medicamentos y otras ayudas que brinda su cartera. Lo más probable es que termine insistiendo en los mismos argumentos que ya comunicó en marzo, cuando mandó a cerrar los CDR: que eran sólo "una de las caras de la burocracia estatal" y que esos trámites pueden resolverse a través de una línea telefónica.

Desde ATE Capital, uno de los gremios que acompañó el planteo judicial, responden que esa línea telefónica anunciada, pasados tres meses, nunca se implementó. Directamente no existe. Y agregan que, igualmente, "la asistencia social no se puede reemplazar con un 0800". "Despersonalizar es parte del ejercicio de la crueldad que lleva adelante este Gobierno", sostienen.

Según el amparo presentado por las organizaciones, durante el año pasado se gestionaron más de 4 mil trámites para la compra de medicamentos a través de los CDR. También se concretaron más de 7 mil ayudas económicas de todos los programas vigentes. "Su continuidad es esencial para garantizar que ningún rincón de Argentina quede desatendido", concluye el escrito.

Los CDR y los alimentos

No es la primera vez que Pettovello tiene que dar explicaciones a la justicia por los efectos del plan motosierra. Ya le había pasado con la DADSE y también con los alimentos. La orden que le impuso este jueves el juez Recondo tiene puntos en común con la intimación que en su momento le aplicó el juez Sebastián Casanello respecto de las toneladas de cajas de leche en polvo prontas a vencerse que estaban retenidas en los galpones de Capital Humano. La ministra tuvo que presentar un plan de reparto a las apuradas y terminó distribuyendo la leche a través de la polémica Fundación Conín.

Esa fundación, además de los cuestionamientos por las inefables declaraciones de su fundador, Abel Albino --llegó a decir que el preservativo "no funciona para prevenir embarazos o enfermedades de transmisión sexual"-- no reunía las condiciones de logística para la tarea, dada su acotada presencia territorial, con huecos enormes, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. 

Según el planteo de las organizaciones y los gremios, los CDR, que están repartidos en 19 provincias y contaban en marzo con más de 600 empleados, podrían haber servido como centros de distribución de los alimentos retenidos que la justicia ordenó repartir. Pettovello tenía una posible solución a mano, pero los había desguazado. 

Un capítulo más de los desaguisados de su gestión, que se completa con que la Subsecretaría de Políticas Territoriales, de la cual dependían los CDR, quedó acéfala hace casi un mes. La funcionaria a cargo del área, Lucía Raskovsky, salió eyectada de la mano de Pablo de la Torre en medio del escándalo de los contratos tercerizados --con posibles sobresueldos-- de Capital Humano a través de los convenios con la OEI.