En el marco de una investigación penal por el delito de lavado de activos que lleva adelante el Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Jujuy, el Juzgado Federal de Garantías 2 de esa provincia hizo lugar a la imputación contra siete personas vinculadas al clan Liquitay, una organización narcocriminal que operaba en el Noroeste Argentino.
Una de las implicadas es Deolinda Hayde Liquitay, hermana de Alberto Abel Liquitay, detenido junto a su hermano David Liquitaya Choque el 12 de enero último. Ambos fueron acusados en ese momento por los delitos de "transporte de estupefacientes y lavado de activos provenientes del narcotráfico agravado por su habitualidad y por ser cometido por un grupo organizado".
Los dos son hijos de Alberto Estanislao Liquitay, fundador principal del clan, cuyas maniobras de tráfico datan de 1978 y consistieron en el transporte de droga desde La Quiaca al sur del país, que se hacía en vehículos de la propia organización o mediante encomiendas. En 2020, Alberto Estanislao Liquitay falleció y el mando de la organización quedó en manos de Alberto Abel y de Liquitaya Choque.
Además de Deolinda Liquitay, las imputaciones recientes alcanzaron a su pareja, Mario Gómez, y a Brian Esquivel, Matías Gauto, Darío Giménez, Yesica Brenda Avendaño y Sabrina Saravia. Por otra parte, a pedido de la fiscalía, se dictó la captura nacional e internacional de otros dos implicados.
Además, atendiendo al riesgo de fuga y de que entorpezcan la investigación, a la gravedad del hecho, las penas que podrían corresponderles en caso de ser declarados culpables y las conexiones entre miembros del clan con funcionarios de organismos públicos, el fiscal federal Federico Zurueta y los auxiliares Romina Verdur y Jorge Viltes Monier solicitaron la prisión preventiva de todos los acusados, con excepción de Saravia y Avendaño.
El Juzgado Federal hizo lugar a este pedido y ordenó que Esquivel, Gauto, Giménez y Gómez sean detenidos de inmediato y trasladados a una unidad carcelaria del Servicio Penitenciario Federal. En cuanto a Deolinda Liquitay, cumplirá la detención bajo la modalidad de arresto domiciliario, mientras que a Saravia y Avendaño se les impuso la prohibición de salir del país.
Una flota motorizada
En la audiencia de imputación, la fiscalía informó que esta investigación comenzó el año pasado y que la tarea principal se concentró en detectar los nexos entre los acusados y, sobre todo, la vinculación con numerosos bienes y cuentas bancarias.
En enero último se realizaron 31 allanamientos y fueron detenidos David Liquitaya Choque y Alberto Abel Liquitay. En ese momento se secuestraron más de 20 automóviles, 12 camionetas, 7 camiones, 6 motos y 3 cuatriciclos.
También se congelaron varias cuentas bancarias, se clausuraron 6 locales comerciales y se incautaron importantes sumas de dinero en efectivo, entre pesos argentinos, dólares, euros y pesos bolivianos.
Posteriormente, se hizo otro allanamiento en mayo último, en donde se recolectaron más pruebas y se determinaron las nuevas imputaciones.
Además, de las vinculaciones de los acusados con los bienes incautados, las cuentas bancarias y los locales comerciales, la fiscalía resaltó la relación de estas personas con diferentes casos de transporte de estupefacientes en Salta y Jujuy.
Respecto a Deolinda Liquitay, los representantes del MPF recordaron que cuenta con un antecedente de infracción a la ley 23.737, que pena el tráfico de estupefacientes, en 1996. Por su parte, Gauto, Gómez y Esquivel fueron condenados el 2 de agosto de 2023 por el Tribunal Oral Federal 2 de Jujuy por el transporte de 250 kilos de cocaína, que había salido de La Quiaca y fue interceptado en la ruta nacional 16, en Santiago del Estero.
“Esta organización opera interjurisdiccionalmente, atento a que consigue choferes de la localidad de Salvador Mazza, provincia de Salta, y también registra domicilios en esa ciudad, como así también en La Quiaca y San Salvador de Jujuy”, sostuvo el fiscal Zurueta, quien explicó que los acusados realizan todo el circuito de la droga, desde su adquisición en la frontera con Bolivia, su paso a través de La Quiaca y, desde allí, a distintos puntos del país.
Por otro lado, remarcó que la confianza y los vínculos de familiaridad existentes entre los miembros del clan permitieron que durante más de 40 años estas personas usaran los fondos de origen ilícito para administrar y adquirir, por si o interpósita persona, bienes de gran valor.
