A pocas horas de la controvertida decisión del gobierno de Javier Milei de desregular las tarifas de internet, surgen cuestionamientos sobre cuál será el costo de este servicio esencial. En un contexto de incertidumbre y preocupación por el impacto en los usuarios, es vital desglosar los componentes que influyen en la tarifa de internet para entender mejor el panorama que se avecina tras la reciente desregulación.
El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) anunció el jueves pasado la derogación de una serie de resoluciones que regulaban los precios de los servicios de telecomunicaciones, en línea con un reciente decreto presidencial que permite al sector ejecutar aumentos con total libertad. La medida generó una preocupación significativa entre los usuarios, quienes temen enfrentar aumentos en sus gastos y mayores dificultades para acceder a la conectividad.
Cuáles son los componentes de la factura de internet
La factura de internet no se limita simplemente al costo básico del servicio. Más allá de la tarifa base por la conexión, la estructura de precios está configurada por una compleja red de más de 20 impuestos y cargas tributarias que inciden de manera significativa en el precio final, según un informe reciente del Centro de Estudios en Finanzas Públicas (CEFIP).
A nivel nacional, los servicios de internet están sujetos a impuestos como el IVA, que representa un 21% sobre el costo total del servicio, y el impuesto a las ganancias, que grava las utilidades de las empresas proveedoras.
Además, se aplican impuestos específicos como el impuesto País, que asciende a 17.5%, y cargas adicionales sobre el comercio exterior, que impactan directamente en los costos de los equipos y la infraestructura importada necesaria para mantener y expandir las redes de internet.
A nivel provincial, los impuestos sobre los ingresos brutos (IIBB) representan una carga adicional importante, variando entre un mínimo del 2.5% en algunas provincias hasta un máximo del 6.5% en otras, como en Chubut. Estos impuestos provinciales se suman a otros como el impuesto al consumo de electricidad y los sellos, dependiendo de la jurisdicción.
A nivel municipal, las empresas deben enfrentar tasas como la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene (TISH) y derechos por ocupación de espacios públicos, que pueden variar considerablemente entre municipios. Estos tributos oscilan entre el 1% y el 7% de los ingresos brutos, depende de la ubicación geográfica.
Esta compleja estructura tributaria no solo aumenta los costos para los proveedores de servicios de internet, sino que también influye directamente en los precios finales que los usuarios deben pagar.
Con la reciente desregulación, donde las empresas tienen mayor libertad para ajustar precios sin restricciones específicas, la incertidumbre sobre los costos futuros se intensifica, afectando la accesibilidad y la equidad en el acceso a la conectividad digital en todo el país.
Datos que alarman: desigualdad en el acceso a internet
La Cámara Argentina de Internet (CABASE) presentó los resultados de su último informe, el CABASE Internet Index, que analiza la situación de la conectividad y la infraestructura de internet en el país. Según el estudio, el 67,5% de los hogares argentinos implementaron medidas para reducir los costos de su servicio de internet fijo, en respuesta al complejo contexto económico de los últimos meses. De manera similar, el 65,3% de los hogares también ajustaron sus gastos en servicios de televisión paga.
Ante esta situación, Ariel Graizer, Presidente de CABASE, destacó en diálogo con Página|12 la colaboración de los proveedores del sector, mayoritariamente PyMEs y cooperativas, quienes ofrecieron descuentos y promociones especiales a los usuarios afectados.
Entre las estrategias adoptadas por los usuarios de internet fijo, un 44% solicitó la baja y obtuvo descuentos, mientras que un 10,1% optó por cambiar a un proveedor más económico. En el caso del streaming, donde las negociaciones de precio son limitadas, el 41,9% buscó medidas paliativas, y un 10,3% optó por servicios más económicos.
Impacto social de la liberalización de tarifas: menos regulaciones, menos transparencia
Desde un punto de vista social, la desregulación de las tarifas de internet presenta un panorama preocupante. Antes, las restricciones limitaban los aumentos tarifarios mensuales entre un 5% y un 10%. Ahora, las empresas de telecomunicaciones pueden ajustar los precios a su antojo, sin supervisión del Enacom.
Esta medida se enmarca en una estrategia del Gobierno más amplia para promover la libre competencia y reducir la intervención estatal en sectores económicos clave. Un ejemplo de esta política es la eliminación de leyes y controles que protegían a los consumidores, como la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas, además de la desregulación de las cuotas de la medicina prepaga.
En la práctica, esto significa que los precios de referencia ya no existen. Cada cliente obtiene una promoción diferente para el mismo servicio, dependiendo de la empresa. Si una compañía decide que una ciudad debe pagar más por el servicio, esa será la tarifa, dejando a quienes no puedan pagar sin acceso a un servicio esencial. Esta realidad afecta directamente a la equidad en el acceso a internet, un recurso vital en la vida moderna.
Ante este panorama, el titular de la Cámara Argentina de Internet expresó su preocupación por los efectos de la desregulación en el sector y adelantó que no tienen datos de los incrementos que se esperan para las tarifas del servicio de internet para julio.
En este contexto, Grazier sostuvo que es probable que las empresas deban intensificar las promociones y ofertas para retener a los clientes, pero advirtió que esto podría no ser suficiente para mitigar los efectos de los aumentos tarifarios.
Así, mientras las empresas ganan flexibilidad para ajustar precios, los consumidores enfrentan un panorama cada vez más complejo en términos de costos y accesibilidad.
