"En Provincia la gran batalla es por el suelo"

En la Provincia de Buenos Aires avanza el trabajo del Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat para anunciar el inicio del proceso participativo que debatirá, de cara al 2025, una nueva normativa en materia de ordenamiento territorial y urbano. 

Los ministerios de Gobierno, Desarrollo de la Comunidad, y Hábitat y Desarrollo Urbano, que son los que tienen competencia especifica sobre la Ley 14.449 de acceso justo al hábitat, debatieron junto al órgano multiactoral que integran municipios, colegios profesionales, universidades y organizaciones de la comunidad, con el fin de reemplazar el marco normativo que rige en materia de ordenamiento territorial y urbano, un decreto de la última dictadura militar y que, según el ministro Carlos Bianco, merece revisión "por ilegitimidad de origen pero también porque quedó sin respuesta a muchos de los fenómenos urbanos actuales".

Romina Barrios es titular del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), y dice a BuenosAires/12 que uno de los objetivos más grandes que se trazó el gobierno de Axel Kicillof "tiene que ver con el reconocimiento de una realidad que la Provincia debe abordar". En ese sentido, asegura, la gestión reconoce eso "como una gran deuda de la democracia".

Esta semana, en un encuentro celebrado en el Pasaje Dardo Rocha de avenida 7 y 50, los integrantes del Consejo Provincial de la Vivienda y Hábitat que se reunieron en La Plata fueron informados sobre la modalidad de tratamiento que le darán a la construcción de una nueva normativa de ordenamiento territorial y hábitat, que según explica Barrios, "involucra alrededor de quince leyes, normas y decretos que hoy regulan la materia". El próximo encuentro será el jueves 4 de julio, en la Universidad Nacional de Quilmes.

--¿Cómo se plasma la problemática a nivel estadístico?

--Tenemos al rededor de 3 millones de bonaerenses en situación de déficit habitacional, cuantitativo y cualitativo, con instancias de fuerte vulnerabilidad. Pero también atendemos y entendemos el problema del que tiene treinta años y se tiene que quedar en la casa de los padres porque no puede alquilar. La última evaluación indica que se necesita más del 50 por ciento de los ingresos se requieren para pagar el alquiler, y ni hablemos del acceso al crédito hipotecario. Entonces ante esa situación, los barrios cerrados son una opción para la clase media con algún margen económico, porque compran un terreno en cuotas, en pesos, pero son terrenos que muchísimas veces también están en condiciones de irregularidad. Las urbanizaciones cerradas avanzan sin las convalidaciones que se necesitan, y son terrenos que se van dividiendo en condiciones de igual irregularidad que un barrio popular. 

--¿Por qué la Provincia apela a un proceso participativo para definir una nueva normativa en materia de ordenamiento territorial?

--Porque esto reconstruye el proceso de creación de la Ley 14.449 de acceso justo al hábitat, que fue una resolución de los temas vinculados a la problemática, donde los reclamos siempre partieron desde las organizaciones del territorio y de quienes no tienen acceso. Esas fueron las que siempre le pidieron al Estado que integrara este tema en la agenda pública, y si bien esa ley se sancionó en 2012, a nivel provincial terminamos de confirmarlo y lograrlo con la creación del ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano. Es muy difícil organizarse si no encontramos un consenso en el marco de la democracia, primero para dejar de ver o de interpretar de manera peyorativa de que hay una 'intención' de los pobres en vivir mal, y segundo, porque esto responde a la manera en la que han crecido los barrios cerrados, con un marco normativo débil. Queremos ponerlo en discusión con los intendentes, que tienen la competencia primaria en el ordenamiento, sobre qué ciudad construimos y sobre cómo guiamos desde la Provincia la inversión pública en términos eficientes, porque estamos hablando de uno de los recursos más buscados, ya que dentro de la crisis de viviendas, la gran batalla es por el suelo, y consideramos que es un debate que hay que hacerlo con todos.

--¿Incluso con los desarrolladores privados?

--Sí, la nuestra no es una mirada ni anti privatista ni anti desarrollo económico, tenemos que recuperar un debate social amplio para que el producto sea consensuado y apropiado por todos. A partir de un punto de acuerdo debemos ver cómo podemos mejorar.

--¿Focalizan su visión en municipios bonaerenses que no tienen las características de los distritos del conurbano?

--Absolutamente. Creemos que hay que discutir con una mirada regional. Siempre se piensa en el conurbano, pero las mayores preocupaciones en términos de oportunidades hoy no están en las primeras dos coronas sino la tercera, que es esa gran medialuna que va entre Campana y la región capital de la Provincia. Ese es el cordón que más ha crecido. Tenemos las ciudades de General Rodríguez y San Vicente, que son la cuarta y la segunda ciudad que más crecieron en Argentina. De las diez ciudades que más crecieron a nivel nacional, seis son bonaerenses, dos están en la región metropolitana, y cuatro en la región costera. No es un problema del conurbano, sino de hacia donde crece la población.

--¿Qué otros distritos incrementaron sus problemáticas?

--Hay grandes dificultades en La Plata, que es el distrito que más barrios populares tiene, con 190, pero también cuenta con el mayor número de urbanizaciones cerradas, que son más de 400 y que deben ser regularizadas. Bahía Blanca muestra dificultades y Mar del Plata también, porque tiene serias dificultades que atender en términos de espacio. 

--¿Por qué se originan éstas problemáticas?

--La tierra es un recurso escaso, y cuando las tierras crecen, lo que vemos en términos de censo de movilidad poblacional, es que las mayores configuraciones de habitación son duales. Tenemos urbanizaciones cerradas que usan mucho suelo para una menor cantidad de población, y muchos barrios populares que están hacinados, con condiciones deficitarias en la infraestructura. Ahí hay que repensar desde todos los Estados, y con universidades, profesionales y desarrolladores, qué opciones podemos tener, con el Procrear como gran ejemplo, aportando suelo, generando inversión de gestión público privada, con soluciones habitacionales para sectores medios, con créditos, y con una política de escala. Además, otro de los ejemplos que tuvo el país durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, fue crear un ministerio de Planificación y discutir una ley de ordenamiento territorial con esa misma dinámica. Por regiones, por sectores y por provincias, que fue el Plan Estratégico Territorial, para tener principios y lineamientos estratégicos en términos de tierra, aire y agua.

--¿A qué se debe el crecimiento poblacional en los sectores populares y qué factores llevaron a esta realidad?

--Tenemos que empezar reconociendo que nos rige un decreto ley de 1977, que hay que actualizarlo a la realidad existente, porque es un marco normativo débil que nos lleva a soluciones no tan equitativas. En los años 90 comenzó un proceso de segregación territorial muy importante, donde se dejó de construir una ciudad abierta, que fue de la manera en la que se conformó el conurbano bonaerense, que se autoconstruyó por familias trabajadoras. Uno va a los barrios que crecieron durante décadas y no son todos arquitectos o ingenieros, y en el marco de las políticas neoliberales de los '70 y los '90, se generó algo que no podemos terminar de revertir, que es un modelo inequitativo y con un modelo de desarrollo que tuvo altos niveles de ocupación y vulnerabilidad.

--¿Por qué mencionás lo de los '70?

--Porque previo a la última dictadura había una población con pleno empleo, pero después de los procesos de marginalidad y profunda desocupación, empezamos a acarrear cada vez más situaciones, y se generó una enorme deuda que tenemos en términos del acceso a la vivienda. Pero no sólo de los sectores populares, hay un gran debate para dar porque estos son problemas de las grandes mayorías de la población argentina. El acceso a las viviendas y las complicaciones con el alquiler abarcan a todos, entonces la gran clase media que tuvo la Argentina es algo que debemos recuperar como horizonte para las generaciones venideras. Nuestros jóvenes no pueden proyectar tener una propiedad como lo hicimos nosotros en nuestra juventud o nuestro padres.

--¿Y por qué pudieron?

--En Argentina hay una enorme mirada de arraigo a la propiedad porque en algún momento fue posible, y eso se lo debemos a Juan Domingo Perón, porque los gobiernos peronistas son los que han generado una batería fortísima de políticas en la materia. Entre el censo de 1947 y el de 1960, se ve el incremento de familias propietarias que hubo en todo el país. Nuestra mirada es que eso, junto a otros ordenadores como el trabajo y la educación pública, fue generando condiciones de futuro. Entonces este debate y esta discusión es importantísimo darlo sin ingenuidades pero sin soberbia, y escuchándonos entre todos.

--¿Por qué "el mercado ordena"?

--El mercado existe, pero creemos que el Estado debe fortalecerse y generar nuevos instrumentos que puedan ordenar las inversiones. No con una lógica de asfixia o castigo, sino con la enorme responsabilidad que tenemos en la administración de recursos públicos, para guiar la inversión hacia una perspectiva que aporte a la construcción de ciudad más equitativa. La Ley en la Provincia debe actualizar sus instrumentos y capacidades junto a los municipios, porque son la primera puerta para resolver esas necesidades acuciantes. El Estado debe fortalecerse en sus capacidades e instrumentos, porque tenemos ejemplos en Colombia, Chile o Europa, donde hay muchísimos instancias de regulación en el marco del modelo capitalista.

--¿Qué postura mantiene la Provincia, en general, en torno a la desigualdad?

--La desigualdad es el problema. Ningún Estado, con el mandato popular que tiene, puede desconocer la enorme desigualdad que atraviesa el país. Si no repensamos las reglas del juego pasa lo que ocurre acá en Buenos Aires, con este Gobierno. Tenemos histórica cantidad de construcción de escuelas, mayor cobertura de servicios públicos, histórica construcción de centros de atención primaria de la salud y sin embargo no alcanza. Debemos seguir avanzando en perspectivas estructurales y ese es el mandato de nuestro segunda etapa de gobierno.