La Corte Suprema de Estados Unidos ratificó este viernes la legalidad de una medida de una pequeña ciudad del Estado de Oregón que multa a las personas por dormir con mantas al aire libre y acampar con cualquier tipo de ropa de cama en espacios públicos, una norma dirigida contra las personas sin hogar.
Con seis votos a favor y tres en contra, el Tribunal Supremo rechazó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley. “La falta de vivienda es compleja. Sus causas son muchas, y también lo son las respuestas de política pública necesarias para abordarla”, indicó la Corte en su fallo.
También consideró que la falta de vivienda no está recogida en la prohibición de castigos crueles e inusuales de la octava enmienda. "La Octava Enmienda de la Constitución cumple muchas funciones importantes, pero no autoriza a los jueces federales a arrebatar esos derechos y responsabilidades al pueblo estadounidense y, en su lugar, dictar la política de esta nación para las personas sin hogar", escribió el juez Neil Gorsuch, a nombre de la mayoría.
El origen del caso
La sentencia responde al caso "Grants Pass contra Johnson", por el que un grupo de personas sin hogar cuestionaba las leyes de la ciudad de Grants Pass en este ámbito. Para pedir la inconstitucionalidad, estas personas se basaron en la octava enmienda de la Constitución, que afirma que no se impondrán multas excesivas ni se infligirán castigos crueles e inusitados. También a una sentencia del Supremo de 1962 que estipuló que no es un delito ser un adicto a los narcóticos, intentando hacer una analogía entre la falta de vivienda y la adicción a las drogas y alegando que ambos son un estatus por el que los ciudadanos no pueden ser castigados.
La Corte Suprema asumió el caso después de que una coalición de estados liderados por republicanos, como Arizona, y dirigentes demócratas como el gobernador de California, Gavin Newsom, se quejaran de que un fallo de un tribunal inferior les impedía abordar la crisis de las personas sin hogar.
El ala conservadora de la Corte Suprema sostuvo durante las discusiones que se trata de un asunto que debe ser resuelto por cada estado y cada ciudad. En declaraciones recogidas por el medio Washington State Standard, La abogada Theane Evangelis, que representó a la ciudad, sostuvo que el fallo brindaría alivio a las comunidades locales que intentan abordar los problemas de los campamentos de personas sin hogar.
Diferencias ideológicas
La decisión del tribunal estuvo marcada por las diferencias ideológicas entre sus miembros. La jueza Sonia Sotomayor, acompañada de las juezas Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, escribió que la decisión dejaría a los más vulnerables de la sociedad con menos protecciones. "Dormir es una necesidad biológica, no un delito. Para algunas personas, dormir en la calle es su única opción", señaló la jueza al leer su disidencia desde el estrado, un gesto poco común que indica un profundo desacuerdo, según informó el diario estadounidense The New York Times.
Quienes infrinjan la disposición se enfrentan a una multa de 100 dólares y posibles penas de prisión para los reincidentes. Sotomayor consideró que encarcelar y multar a esas personas por dormir en cualquier lugar público en cualquier momento, incluso en sus coches si usan tan solo una manta para mantenerse abrigados o una camiseta enrollada como almohada, como hace la ciudad de Grants Pass, era inaceptable e inconstitucional. “El propósito, el texto y la aplicación de las ordenanzas confirman que apuntan al estatus, no a la conducta. Para alguien que no tiene alojamiento disponible, la única manera de cumplir con las ordenanzas es abandonar Grants Pass por completo”, criticó.
Los defensores de las personas sin hogar dijeron que los adultos mayores, las personas LGBTQ+ y las personas de color se ven afectados de manera desproporcionada, informó la cadena Telemundo. “Esta decisión sienta un precedente peligroso que causará un daño indebido a las personas sin hogar y dará vía libre a los funcionarios locales que prefieren arrestos y encarcelamientos inútiles y costosos, en lugar de soluciones reales”, expresó Ann Oliva, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro National Alliance to End Homelessness, en un comunicado. “Esta táctica ha fracasado sistemáticamente en la reducción del número de personas sin hogar en el pasado y seguramente fracasará en la reducción del número de personas sin hogar en el futuro”, subrayó.
Otros funcionarios locales coincidieron. En Los Ángeles, uno de los epicentros de la situación de personas sin hogar, la alcaldesa Karen Bass advirtió a las ciudades que no utilicen el fallo como pretexto para salir del problema mediante arrestos u ocultar la crisis de personas sin hogar en ciudades vecinas o en la cárcel. "Ninguno de los dos funcionará, ninguno salvará vidas y esa ruta es más costosa para los contribuyentes que resolver realmente el problema", dijo en un comunicado citado por The Washington Post.
El reciente fallo de la Corte Suprema abre la posibilidad a modificar la forma en que las ciudades y los estados supervisan a las personas sin hogar, un problema urgente en Estados Unidos. Según los últimos datos oficiales, en 2023 el número de personas sin hogar en el país aumentó un 12%, y se calcula que hay más de 650.000. Además, sólo en la ciudad de California hay unas 171.000 personas sin hogar, lo que supone 40.000 más que hace seis años, representando casi un tercio de la población total que no tiene vivienda en el territorio, señalan medios locales.
