El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 condenó a 5 años de prisión a Guillermo Camarasa, acusado de haber baleado la sede de los tribunales federales rosarinos, la madrugada del 28 de septiembre de 2022. "La finalidad de su accionar fue la de infundir temor tanto a los miembros del Poder Judicial de la Nación, como a la sociedad en su conjunto", reza la sentencia el juez Mario Gambacorta. Además, sostiene que "cobra aun mayor relevancia si nos detenemos a confrontarlo con la coyuntura que atraviesa la ciudad, en la que lamentablemente tomaron carácter público diversas situaciones de balaceras y ataques, con la finalidad de intimidar o amedrentar a la población. Hechos de público conocimiento investigados por los órganos judiciales competentes en cada caso".
Se trata de una condena que fue dictada el 19 de junio, según publicó Fiscales.gob.ar, en el marco de un juicio abreviado al que arribó la defensa del acusado con el Ministerio Público Fiscal, integrado por el fiscal general Federico Reynares Solari, el fiscal federal Javier Arzubi Calvo y la fiscal coadyuvante María Virginia Sosa.
Camarasa, quien permanece detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz, fue condenado por el delito de intimidación pública en concurso real con portación de arma de fuego, agravado por registrar antecedentes penales por delito doloso contra las personas o con el uso de armas. Además el tribunal impuso la pena accesoria de inhabilitación absoluta por igual tiempo y mantuvo la declaración de reincidente. Por otro lado, lo absolvió del delito de amenazas.
El hecho tuvo lugar la madrugada del 28 de septiembre de 2022, cuando disparó en dos oportunidades contra la garita de seguridad de la Prefectura Naval Argentina, emplazada sobre el predio de los Tribunales Federales de Oroño 940.
"El hecho de haber disparado un arma de fuego contra un edificio afectado al funcionamiento del Poder Judicial de Nación, constituye un medio idóneo para generar el temor público que el tipo penal en análisis requiere. Dicha intencionalidad se hace presente, no sólo a través de los daños materiales causados sobre un edificio público, sino también se manifiestan de manera simbólica, toda vez que el objeto sobre el que recae el ataque es precisamente en un sitio donde se desenvuelve y funciona parte del poder estatal, cuya misión esencial radica en el juzgamiento de los hechos ilícitos que afectan los intereses del Estado Nacional".
En el repaso de las pruebas, el tribunal remarcó que las filmaciones obtenidas sobre el hecho y el hallazgo de municiones, restos de proyectiles, permiten concluir que "sin perjuicio de que no se haya producido el hallazgo del arma utilizada, sin dudas el acusado portó el arma de fuego con que efectuó los disparos" y que "dicha portación (sin autorización) se extendió en el tiempo, por cuanto precedió y sucedió al hecho en cuestión".