De a poco, pero sin pausa, Maximiliano Pullaro y su equipo instalaron en la agenda pública lo que hasta hace unos meses nadie osaba poner en cuestión: cambiar el régimen jubilatorio provincial. Derivó de las primeras declamaciones sobre la necesidad de combatir déficit, de la muletilla de "ordenar las cuentas", y así ya se formó una comisión que en Legislatura empieza a examinar qué, cómo y cuánto reformar el sistema previsional, a pesar de la renuencia de los gremios afectados. Y ahora tanto el gobernador, como ayer el ministro de Gobierno, Fabián Bastía, lo dicen sin tapujos ni eufemismos: "La Caja de Jubilaciones no es sustentable, y así llegará un momento en que los santafesinos no podrán jubilarse. Hay que salvarla, y para eso es imprescindible hacer correcciones. Los empleados públicos, en promedio, se están jubilando a los 56 años", señalan y reiteran.

Pullaro ratificó este rumbo el jueves, en la reunión de gobernadores de la Región Centro, con el cordobés Martín LLaryora y el entrerriano Rogelio Frigerio. Ahí los tres acordaron peticionar en bloque al gobierno nacional por lo que les debe en concepto de transferencias automáticas no realizadas para financiar las cajas previsionales de las provincias que conservaron sus regímenes y no los transfirieron a Nación.

Bastía, en tanto, volvió ayer sobre ese punto, como ya había anticipado a Rosario/12 en su edición del domingo pasado. El ministro político de la Provincia hizo foco en un reportaje en el formato del sistema previsional santafesino que le permite a un trabajador del sector público (docente, judicial, policía, etc) dejar de trabajar, y de aportar para empezar a cobrar, antes de los 60 años de edad.

"Evidentemente, hay un sistema legal desajustado, que tiene muchas inconsistencias e incoherencias que permiten este tipo de anomalías. En este sistema actual es muy posible que una persona con 57 años se pueda jubilar porque hace compensaciones de dos por uno, entonces la jubilación que es un beneficio que se da a la vejez, aparece totalmente desvirtuado", confrontó el ministro al aire de Radio Dos. 

"Hay situaciones diferentes, pero la inmensa mayoría no tiene un regimen especial de edad más baja, y es injusto. En Santa Fe si empezás a trabajar a los 18 años, es probable que a los 55 puedas jubilarte", dijo en tono crítico.

Bastía señaló la persistencia de "un montón de desajustes, anomalías y ventanillas que permiten muchas situaciones totalmente irregulares, que lo único que causan es perjuicio y aumenta el déficit de la caja". Por esa razón, volvió a marcar la senda del gobierno y recalcó: "Hay que hacer correcciones a la normativa. Se tiene que ir a un sistema sustentable en el tiempo y que se salve la caja, porque hoy así está detonada", sintetizó.

En el gobierno apuntan con lápiz rojo algunos aspectos del sistema que los gremios defienden como derechos adquiridos. Bastía cuestionó la forma en la que se constituye el fondo de recursos para constituir la caja, las compensaciones permitidas por años de servicio, compras de años aportados con moratorias, y otras posibilidades que apuran el acceso al beneficio jubilatorio. Ese tipo de cosas es lo que tiene sobre la mesa la comisión legislativa creada días atrás para diseñar la reforma del sistema previsional.

En la Casa Gris destacan que la Caja acumuló en este primer semestre de 2024 un déficit de 172 mil millones de pesos, habida cuenta de que Nación cerró la canilla, y por decreto, de las transferencias automáticas que debe enviar a las provincias que no transfieron su sistema jubilatorio. 

"Incluso Córdoba, que hizo reformas, tiene un rojo de 67 mil millones de pesos. Hay que corregir porque se está generando una asimetría con los trabajadores privados que pagan sus aportes y sostienen este déficit", insistió Bastía. 

En ese marco, el ministro confirmó que la Provincia ya contrató e instruyó al estudio jurídico porteño Cassagne Abogados para judicializar el reclamo. "Nación le debe a Santa Fe desde 2020. La Ansés no ha pagado, desde entonces, ni a Santa Fe ni a Córdoba ni Entre Ríos. Y esto motivó el fuerte reclamo. Es una deuda de 700 mil millones de pesos. Nos hacemos cargo y buscamos soluciones. El tema fue llevado a la Corte por el ex gobernador Omar Perotti y nosotros ampliamos la demanda en nuestra gestión", expuso.

Ahora, la gestión Pullaro prepara una nueva medida cautelar para voltear el decreto 280/24 con el que Milei interrumpió las partidas regulares para las cajas previsionales. ""Vamos a iniciar otra cautelar para corregir este incumplimiento de la ley, en el medio vamos a seguir hablando, pero mientras tanto vamos a hacer cumplir nuestros derechos", afirmó.