El vocero presidencial Manuel Adorni dijo que aún no se tomó determinación alguna sobre la continuidad de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). Abuelas de Plaza de Mayo denunció que el gobierno busca, a través de un decreto, recortarle al organismo –que depende la Secretaría de Derechos Humanos– la facultad de conducir investigaciones sobre el destino de los niños y las niñas robados durante la dictadura y de acceder a los archivos del Estado.
“Independientemente de la Conadi, nosotros lo que vamos a hacer es que se sepa la verdad completa”, dijo Adorni, empleando un viejo latiguillo de los sectores pro-dictadura.
“No hay ninguna determinación todavía. Seguramente la habrá (sobre) la continuidad o no. Pero si efectivamente vemos que determinados organismos, instituciones, direcciones o programas de gobierno atentan contra la verdad vamos a tomar cartas en el asunto”, agregó.
La Conadi aporta a la verdad desde que se creó en 1992. Recibe denuncias de personas que tienen datos sobre los bebés apropiados y atiende las presentaciones espontáneas de quienes dudan de su origen biológico. Su rol es clave: el 90 por ciento de los casos que son analizados por el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Desde que asumió este gobierno, los ministerios de Seguridad y Defensa rechazaron darle información para sus investigaciones.
Desde la subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense, que conduce Matías Moreno, salieron a repudiar la intentona del gobierno de Milei. “Repudiamos esta embestida y apoyamos a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, que calificó este hecho como un enorme agravio a todo el pueblo argentino”, señalaron en un comunicado.
"La disolución de la Unidad Especial de la Conadi conllevará un gasto innecesario de recursos para la Justicia y una obstaculización aún mayor en la restitución de identidad de los casi 300 nietas y nietos que aún falta encontrar", advirtieron desde el gobierno provincial.
