El gobierno de Javier Milei cierra el mes de junio con decenas de despidos en áreas vinculadas a la memoria, la verdad y la justicia. En la Secretaría de Derechos Humanos –que conduce el exjuez Alberto Baños– contabilizaban más de 50 despidos. Las áreas más afectadas son, por el momento, los sitios de memoria y el Archivo Nacional de la Memoria (ANM). Desde los gremios denunciaron que circulaban “listas negras” anunciando el despido de 700 trabajadores del Ministerio de Justicia, que lidera Mariano Cúneo Libarona.
Los despidos empezaron a conocerse durante la tarde. Primero, fueron los casos de cinco personas que trabajan con las leyes reparatorias –con las que el ministro Cúneo Libarona, estuvo haciendo campaña para plantear que hay un “curro de los derechos humanos”.
Después, trascendió un listado de contratos que el secretario Baños había pedido renovar. Era 50 menos de los que se habían renovado en marzo, según estimaron desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Las áreas más golpeadas son el ANM –que tiene, entre otros, el fondo con la documentación producida por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). Allí, de 17 contratos que debían renovar, solo mantuvieron cinco.
Los sitios de memoria se verán especialmente afectados si se efectivizan los despidos de 27 trabajadores. La mayoría de ellos tienen diez años en el Estado nacional. “Si se confirma, nos quedamos sin arqueólogos, arquitectos, conservadores, educadores y compañeros del área de mantenimiento. Es un desmantelamiento absoluto de los sitios de memoria”, explica una de las trabajadoras a este diario.
De la Secretaría de Derechos Humanos dependen cuatro sitios ubicados en la Ciudad de Buenos Aires (Automotores Orletti, Olimpo, Virrey Cevallos y Atlético), el Faro de Mar del Plata, la Escuelita de Famaillá y el Regimiento de Infantería (RI) 9 de Corrientes. La ex-ESMA –donde la Secretaría de Derechos Humanos tiene su sede– también se verá afectada con los recortes.
El lunes, Baños finalmente recibió a delegados de ATE. Era la primera vez que volvían a verse las caras desde el 27 de marzo – cuando tuvo lugar la otra ola de despidos que terminó con la denuncia de que un custodio del secretario sacó su arma para amedrentar a los trabajadores. En el encuentro, Baños se habría comprometido a notificar a quienes serían despedidos. Todo indica que será un fin de semana largo y que recién el lunes se terminará de conocer la nómina de las personas que se quedaron sin trabajo. Hay una versión de que el gobierno podría mandar policía a los espacios de trabajo –incluida la exESMA.
Hay, entre los despedidos, trabajadores que habían sido reincorporados a fines de marzo o principios de abril. Muchos de ellos se enteraron de que podrían quedarse sin trabajo a partir de la circulación de una lista sin que hubiese una comunicación oficial por parte de Baños.
La decisión de despedir a quienes implementan las políticas de memoria, verdad y justicia va en sintonía con la prédica de un gobierno que niega los crímenes del terrorismo de Estado y pretende llenar casilleros con quienes reivindican el accionar de las Fuerzas Armadas. El jueves, trascendió que la administración de La Libertad Avanza (LLA) tiene en carpeta un decreto para recortar facultades de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). Si finalmente se firma, ya no podrá investigar casos de niños y niñas apropiadas ni acceder a los archivos estatales. En el Ministerio de Defensa, Luis Petri desmanteló los equipos que investigaban los crímenes de la dictadura. En Seguridad, Patricia Bullrich dejó caer las recompensas para encontrar a los represores prófugos.
Victoria Montenegro, presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, convocó para el lunes a las 16 a una reunión para informar sobre la situación de los sitios de memoria y sus trabajadores. Entre los convocados estaba Baños, que difícilmente quiera participar del encuentro. Es posible que el temario se amplíe.
“Desde la Comisión de Derechos Humanos estamos impulsando acciones y denunciando los despidos en la Secretaría y el cierre del área de investigación de la Conadi. Por eso, convocamos a una reunión de diputados, sitios de memoria, organismos de derechos humanos y trabajadores para solidarizarnos por la situación y después para pensar estrategias que nos permitan visibilizar lo que está sucediendo. Hay que lograr que el gobierno nacional revierta esta decisión, que es un enorme retroceso e incumple con compromisos internacionales”, advierte Montenegro.
