Tal como habían previsto sus abogados defensores, las autoridades chilenas se negaron a otorgar la libertad Facundo Jones Huala, lonko de Cushamen, en el plazo establecido al momento en que fue extraditado a ese país. La fecha era el 26 de junio y al no ver cumplido tal compromiso, Jones Huala se declaró en huelga. "Nuestro militante Francisco Facundo Jones Huala ha comenzado una huelga de hambre seca de carácter indefinido", expresó el Movimiento Mapuche Autónomo de Puelmapu, Resistencia Ancestral Mapuche y Comunidades en Resistencia de Cushamen. "Descontar el tiempo que Facundo había estado preso en Argentina era una de las condiciones que exige la ley, y que el juzgado exigió al gobierno chileno al momento de conceder la extradición, por eso le estamos diciendo ahora al juez Gustavo Villanueva que los funcionarios chilenos le mintieron a él y al Estado argentino", dijo a Página/12 Eduardo Soares, uno de los letrados del referente mapuche preso en cumplimiento de una condena por un incendio ocurrido en el latifundio Pisu Pisué, en la región de Los Ríos, en 2013, donde él dijo que nunca estuvo, por la tenencia de armas de fabricación artesanal y la infracción a la Ley de Extranjería.

"Los jueces argentinos también se hacen los tontos, prometen y firman garantías que después cuando la persona ya está en el otro país no cumplen, algo que habíamos advertido que iba a suceder", agregó Soares. El 4 de enero de este año, Jones Huala fue extraditado a Chile custodiado por una importante comitiva de Interpol y de la Policía Federal Argentina. En diciembre último, mientras estuvo detenido en la Unidad 14, de la localidad chubutense de Esquel, había llevado adelante una huelga de hambre por 25 días en reclamo por su libertad y en rechazo a su extradición. Según pudo saber este diario, Chile pretende tenerlo privado de su libertad al menos hasta mediados de 2025.

Hace una semana fue solicitado al Estado chileno que responda sobre su situación y aunque los defensores públicos de ese país dicen haber presentado la apelación a la negativa de la excarcelación, hasta ahora no hay ninguna respuesta oficial. Por ese motivo, los abogados de La Gremial que representan a Jones Huala le están exigiendo al juez Villanueva que haga cumplir el acuerdo de extradición de manera urgente. "De todas maneras, al mismo tiempo instamos a la comunidad mapuche a que cualquiera de sus integrantes se presente ante la justicia chilena para plantear un habeas corpus porque entendemos que vencido el plazo acordado, su detención ya es ilegal", explicó a Página/12 Gustavo Franquet. El abogado cuestionó la inacción del fiscal argentino del caso, Rafael Vehils Ruiz.

"La ley y los tratados dicen que en los casos de extradición el Estado requirente debe dar garantías suficientes y expresas al Estado requerido sobre que en una eventual condena va a descontar el tiempo privado de libertad de la persona a ser extraditada, bajo pena de nulidad, y en este caso Chile se había comprometido, lo cual está documentado", relató Soares. Descontado el año que Jones Huala estuvo preso en la Argentina tendría que haber sido liberado el miércoles pasado, y esto no sucedió.

El 27 de junio de 2017 Jones Huala fue detenido por primera vez con fines de extradición a pedido de Chile, acusado del incendio en Pisu Pisué. La revisión del proceso chileno determinó la nulidad porque estos delitos no habían sido acreditados en forma documental. Sin embargo, fue detenido por segunda vez en 2018, alojado en un establecimiento federal, y finalmente extraditado al país vecino. Tras la condena en Chile a Facundo Jones Huala se le otorgó la libertad condicional al cumplir los dos tercios. Él pidió cumplir el resto de la pena, un año y cuatro meses, en Argentina. En febrero de 2022 fue revocado el beneficio de la libertad condicional, y Jones Huala debió volver a prisión. Para ese momento ya estaba en Argentina, donde fue detenido una vez más en El Bolsón en enero de 2023, y todo volvió a empezar. Así, el juicio de extradición implementado por el juez Villanueva, que tuvo un veredicto por la afirmativa, y luego las autoridades del gobierno de Alberto Fernández enviaron al lonko a la cárcel de Temuco.

En un comunicado, el MAP, la RAM y las comunidades de Cushamen expresaron que Jones Huala "debe ser liberado inmediatamente según consta en los fallos y pedidos tanto de los tribunales chilenos como argentinos. De no ser así, se estarían incumpliendo flagrante y dolosamente tratados internacionales jurídicos y diplomáticos vigentes entre ambos países y vulnerando todo derecho humano. La detención es ilegal y carece de argumento, por lo que gendarmería y el estado de Chile serían los artífices del secuestro del Lonko". Para ellos, "el sistema judicial chileno miente al intentar sumar otro año a su condena, cuando todos los fallos judiciales en los que se desarrolla nuevamente el juicio de extradición dicen claramente que este 26 de junio termina su condena, no el 8 de junio del 2025 como indica Gendarmería de Chile".

A su criterio, "dejar pasar dicha vulneración, dicho secuestro ilegal es un grave antecedente, porque se iguala a permitir detenciones fuera de la ley. Los tribunales y el poder político, cómplices del poder real, al permitir dicho atropello no hacen más que volver explícita la persecución y represión político-jurídica y policial-militar en territorio mapuche, hacia los sectores más combativos, conscientes y revolucionarios de nuestra nación, en favor del poder económico". Además, indicaron que "la actual huelga de carácter político, viene a exponer el nivel represivo de los estados opresores argentino y chileno que se hayan al servicio de transnacionales y terratenientes".

Estas organizaciones exigen que sendos países reconozcan "la existencia del conflicto político y por lo tanto nuestra condición de presos políticos, además de valorar la intervención de organismos internacionales pertinentes en búsqueda de vías políticas para la solución del conflicto".