La jueza Paula Verónica González, subrogante en el juzgado penal Nro. 43, ordenó el procesamiento por estafa y asociación ilícita del titular de la financiera Wenance, tras casi un año de instrucción. 

El procesamiento ocurrió apenas una semana después de que Buenos Aires/12 publicara un llamativo ascenso de González en un concurso para camarista, desde el puesto 28 hasta el primero, por el que algunos querellantes preparaban un reclamo ante el consejo de la magistratura.

Alejandro Muszak, "el Madoff de Olivos", era el jefe de la organización delictiva que implementó un esquema Ponzi en tres países (Argentina, Uruguay y España), cuyo monto total aún discuten los peritos contables.

Muszak, que está actualmente detenido en el penal de Magdalena por una causa similar radicada en San Isidro, fue procesado sin prisión preventiva, en este caso, pero con una fianza de 500 millones de pesos, que debe cubrir dentro de los próximos cinco días hábiles. Además le impuso un embargo de 9 mil millones de pesos, medida largamente reclamada por sus víctimas, que todavía conservan la esperanza de recuperar parte de lo invertido.

En la otra causa la Cámara de Apelaciones de San Isidro le otorgó la excarcelación, Muszak aún no pudo cumplir con la fianza. Su último intento fue a través de las escrituras de los departamentos que posee en Miami, pero no prosperó. Ahora se suman las dos fianzas por lo que las fuentes consultadas coinciden en que esperará ambos juicios desde la cárcel.

Distintos abogados sostienen que Muszak tiene, en algún paraíso fiscal, no menos de 300 millones de dólares, pertenecientes a sus inversores. La sospecha surge de la suma de acusaciones que lo apuntan por el caso de la  quiebra fraudulenta, razón por la cual el CEO de Wenance no puede echar mano de ese dinero sin autoincriminarse. En la última indagatoria, Muszak declaró no tener ingresos y recibir ayuda familiar para sobrevivir, en lo que algunos apuntan como una estrategia de negar todo.

La inacción de la jueza y su permeabilidad a los planteos de la defensa de Muszak le valieron sendos recursos de queja por retardo de justicia, tanto de los querellantes como de la fiscal interviniente, Mónica Cuñarro, y hasta pedidos de recusación.

El juzgado debe volver a sortearse cuando concluya la feria de invierno, de manera que es probable que el procesamiento sea la última actuación de González en el expediente Wenance. El sorteo ya recayó sobre ella dos veces consecutivas.

Wenance es la fintech que prestaba dinero por internet a sectores no bancarizados de la población. Desde 2016 fue demandada sucesivas veces por usura y cobros abusivos a los tomadores de crédito. En julio de 2023 dejó de cumplir sus obligaciones con los inversores, que son alrededor de 8 mil, repartidos entre Argentina, Uruguay y España.

La investigación penal confirmó que Muszak realizaba intermediación financiera ilegal, sin licencia del Banco Central (BCRA). Su operación consistía en emitir títulos de deuda por esos préstamos y colocarlos, tercerizando así el riesgo. Llegó a vender hasta seis veces el mismo préstamo, lo que constituye una típica conducta de esquema Ponzi, donde los nuevos inversores pagan los beneficios de los anteriores. 

Los inversores eran atraídos por las altas tasas en dólares que ofrecía la empresa, algo que suele volverse frecuente en tiempos de alta inflación, cuando la gente necesita complementar sus ingresos para mantener el nivel de vida o evitar caer en la pobreza. 

Entre los estafados, los montos van de los cinco mil a los quinientos mil dólares. Hay quienes le entregaron indemnizaciones por despido, quienes tomaron préstamos bancarios a tasa menor para calzarlos allí y pymes que perdieron su capital de trabajo. Al menos uno de los damnificados se quitó la vida.

Dos causas, dos velocidades

La suerte judicial de Muszak empezó a cambiar cuando 23 inversores estafados iniciaron una nueva demanda en los juzgados de San Isidro y comenzó la investigación del fiscal Alejandro Guevara. 

Este, en tiempo récord acumuló la evidencia necesaria para procesarlo con prisión preventiva. Su accionar expuso a González como su contracara, que a pesar de tener 524 afectados se negaba a tomar testimonios, medidas de prueba y, sobre todo, medidas  tendientes a proteger el patrimonio que los estafados reclaman como propio.

González reclamó para sí la causa de San Isidro, invocando el principio de "fuero de atracción", lo que fue rotundamente rechazado por la jueza y el fiscal de San Isidro, ya que sus actuaciones estaban mucho más avanzadas, causando a la vez el alivio de los querellantes.

Recientemente, en un demoledor escrito, la titular del juzgado Civil y Comercial Nro 9 de San Isidro, Gabriela Paladín, a cargo del concurso de acreedores solicitado por Muszak, dio intervención a la fiscalía, por la posible comisión de delitos de acción pública. Ocurre que la firma se negó a presentar los libros, a pesar de los apercibimientos de la justicia, nada menos que ocho veces. 

Milton Kees, representante legal de un centenar de demandantes, aseguró que “ya existieron contactos que evidencian un claro riesgo de entorpecimiento, pues Muszak en las últimas semanas ha contactado insistentemente a los inversores damnificados para intentar lograr que desistan de la acción penal a cambio de acuerdos absurdos de pago". 

"Peor aun", agrega, "a varios inversores se les solicitó nuevas disposiciones millonarias de dinero so pretexto de recuperar el dinero que previamente les había sustraído mediante esta sofisticada defraudación”. Quién realiza estás gestiones en su nombre es Ivana Román Luquez.

Finalmente, indicó el abogado querellante que solicitarán profundizar la investigación para determinar la responsabilidad que en este entramado delictivo le cupo al CEO de la Firma Promotora Fiduciaria SA, Martin Abacens. “Esta mega millonaria defraudación no hubiera sido posible sin la confianza que inspiraba su intervención como administrador del fideicomiso financiero, del que Muszak y sus cómplices se valieron para sustraer el dinero de sus inversores”, afirma.