La Ley Bases no fue aprobada por las habilidades políticas del gobierno de Milei para conseguir la mayoría necesaria en las cámaras de Diputados y Senadores. Quedó en evidencia la ineptitud de los libertarios en esta materia, así como la insólita violencia discursiva del Presidente contra los legisladores. ¿Cómo lo consiguió entonces sin gobernadores propios, con solo 7 senadores y 38 diputados?
La clave no se debe buscar en evaluaciones políticas acerca del liderazgo del Presidente o en la supuesta ausencia de autoestima de diputados o senadores por aceptar semejante denigración personal.
El factor que permite explicar el primer éxito de Milei en el Congreso, luego de casi siete meses de gobierno, se encuentra en un actor político y económico oculto en la mayoría de los análisis. Este sujeto decisivo es el poder económico.
La aprobación de la Ley Bases tuvo la indispensable colaboración de grupos económicos locales y extranjeros que, con diferentes estrategias de convencimiento, apuraron a gobernadores, diputados y senadores de varias fuerzas políticas.
El RIGI y el capítulo Energía
Dos capítulos de la Ley Bases exponen el motivo del interés para invertir esfuerzos de persuasión sobre almas frágiles ante la presencia de jugadores poderosos: el RIGI y las modificaciones en la norma que regula el sector de hidrocarburos.
Ambas iniciativas son un escándalo por los extraordinarios beneficios entregados a grandes compañías. Son tan espectaculares que ni ellas mismas pueden creer que hayan sido aprobados tantos privilegios.
Los dos proyectos fueron redactados por estudios jurídicos que atienden a estas empresas y fueron definidos con objetivos de máxima, apuntando a la previsible lógica de negociación.
La sorpresa para estas compañías fue que no hubo negociación, sino una obscena capitulación frente a la seducción de inversiones que igual iban a realizar antes con o sin RIGI y con o sin modificación en la regulación del sector energético.
Así es con los proyectos de planta de GNL (Petronas-YPF), expansión de la red de gasoductos (TGS), explotación de áreas en Vaca Muerta y en Palermo Aike (CGC-YPF en Santa Cruz) y de yacimientos mineros (litio, cobre, potasio).
Cada uno de estos planes de inversión ya tenía incorporado en la respectiva tasa de retorno beneficios fiscales, cambiarios e impositivos acordados con la Nación y provincias, que con la Ley Bases se ampliaron hasta niveles obscenos.
Diferencias entre el actual régimen y el aprobado
Las características del RIGI fueron detalladas en estas páginas con la advertencia sobre el escándalo que implicaba aprobarlo. El otro capítulo que merece igual sentencia es el de Energía.
Las diferencias entre las condiciones existentes y las aprobadas son descaradas:
La ley anterior definía el concepto de soberanía hidrocarburífera con el autoabastecimiento. Ahora se enfatiza el objetivo de maximizar la renta obtenida de la explotación de recursos y se quita la obligación de cumplir con el abastecimiento local.
Respecto a los precios, antes se definía el control de precios internos a través del barril criollo a efectos de compensar aumentos o disminuciones de precios internos ante variaciones del precio internacional. Ahora, desaparece cualquier tipo de regulación y las empresas podrán comercializar el petróleo al precio que quieran, y el Estado no podrá fijar precios cuando la producción nacional no alcance a cubrir las necesidades internas.
Antes, debía cubrirse primero el mercado local y luego generar saldos exportables. Ahora, se cambió el paradigma y se dejó de lado el interés por el desarrollo interno y el autoabastecimiento, y se puede exportar sin ninguna limitación hasta niveles que pueden poner en riesgo el abastecimiento interno.
En cuanto a las regalías, en la actualidad las provincias cobran del 12% al 18%; ahora serán convenidas con la Nación y las provincias y las compañías podrán pagar el 5%, mínimo establecido por ley.
Atados de pies y manos
El senador Oscar Parrilli (UxP) detalló, según la versión taquigráfica de la sesión de debate de la norma, las consecuencias de estos cambios: “Esto significa, lisa y llanamente, que toda la actividad de los hidrocarburos en la Argentina va a estar sometida al designio y a lo que decidan los grandes grupos económicos”.
Para agregar: “Con el agravante de que, además, se intenta fijar que la Argentina sea un país al que le da lo mismo tener petróleo que no tenerlo, porque los precios se van a relacionar con los precios internacionales”. Parrilli apuntó que “esta ley beneficiará mucho a las empresas petroleras, pero va a perjudicar a las provincias”.
Se refería a las regalías. Dijo que en la nueva ley se establece, como mínimo, el 15%, lo que pareciera un avance. Pero al mismo tiempo se dispuso que ese porcentaje será definido a discreción del oferente cuando una provincia convoca a licitación de una nueva concesión.
¿Esto qué significa? Que las empresas pueden ponerse de acuerdo para ofertar por debajo de ese 15% y la provincia deberá aceptarlo. Y si no lo hace, será demandada en un juicio en el tribunal arbitral del Ciadi, dependiente del Banco Mundial, cuyos antecedentes son dictar sentencias a favor de las empresas.
Rocca y Eurnekian
El objetivo de la política nacional será entonces “maximizar la renta obtenida de la explotación de los recursos” abandonando el histórico objetivo de autoabastecer la demanda doméstica de gas y petróleo a partir de la explotación de los recursos, para luego exportar.
El esquema de negocios definido en la ley para maximizar la renta de quienes explotan esos recursos, es decir, las empresas, consiste en reducir los impuestos y contribuciones que realizan a las provincias, uno de ellos son las regalías.
Las modificaciones sobre la Ley de hidrocarburos favorecen a los principales grupos empresarios del sector hidrocarburífero que son a su vez los principales soportes del gobierno de Javier Milei.
Los resultados de los balances de dos de estas compañías exponen lo innecesario de estos cambios para incentivar inversiones. Por ejemplo, entre el primer trimestre del 2023 y el primer trimestre del 2024, sin RIGI y sin la nueva ley de hidrocarburos, CGC, una de las principales empresas hidrocarburíferas del país del empresario Eduardo Eurnekian, incrementó la ganancia en 1398%. Tecpetrol de Paolo Rocca incrementó las ganancias en 2731%, según balances de las empresas presentados ante la Comisión Nacional de Valores.
Esta performance de dos de las petroleras más activas expone el grado de colonización (o defensa de intereses propios inconfesables) de gobernadores de provincias petroleras/gasíferas que pujaron para que se aprobara la ley vía sus diputados y senadores, aceptando de este modo semejante pérdida de poder y cediendo una herramienta política regulatoria sustancial para la autonomía provincial.
Mala praxis
Este cuadro de situación hace incomprensible que haya sido un tema poco debatido en los medios y en el ámbito público el Título VI de la Ley Bases denominado “Energía”. A pesar de contener una serie de inconsistencias en su redacción y un avance dentro de las potestades de las provincias, en una de las actividades económicas estratégicas para el desarrollo y el crecimiento.
El extitular de YPF Pablo González elaboró varios informes para advertir acerca del peligro de esta reforma. En uno de ellos observa que se declara la emergencia energética por un año sin tener sentido por cuanto tras un déficit energético de 4400 millones de dólares en 2002, en el siguiente hubo equilibrio en la balanza y durante este año se podría alcanzar un superávit de 4000 millones de dólares.
Explica que, en realidad, el problema de estos últimos meses en materia energética se debió a la ineptitud de gestión del gobierno de Milei.
Los problemas en este año fueron consecuencia de la mala praxis: indica que más allá de echar culpas a las bajas temperaturas, la obsesión fiscalista y la imprevisión de la administración de Milei determinó menos compras de barcos de GNL para regasificar en mayo: 5000 MM3/d con respecto a los 12.000-14.000 MM3/d en mayo del año pasado, ante lo cual Enarsa tuvo que adquirir de emergencia un cargamento de 44 MM3 de GNL sin licitación a Petrobras, pagando 13 dólares por millón de BTU, o sea, el triple del valor.
Se agregó que Cammesa tuvo que licitar con urgencia la importación de doce cargamentos de gasoil y fueloil a alto precio para reemplazar el gas en las generadoras eléctricas.
Otra decisión insólita fue la no finalización de la construcción de las dos compresoras de cabecera del Gasoducto Néstor Kirchner, que determinaron que en vez de gastar 44 millones de dólares, los funcionarios de Milei tuvieron que salir a comprar gas por más de 500 millones de dólares.
No hay que ceder soberanía para atraer inversiones, generar empleo o aumentar las exportaciones
El centro de estudios Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior (Ocipex) explica que el flujo de inversión extranjera directa (IED) en el sector minero y petrolero, desde 1992, tuvo un crecimiento exponencial desde el gobierno de Néstor Kirchner y un pico de inversiones de 12.267 millones de dólares durante el segundo gobierno de Cristina Fernández.
Indica que esto se debe a que en 2012 se estatizó la mayoría accionaria de YPF y comenzaron las inversiones en Vaca Muerta. El principal hito de IED fue el acuerdo entre YPF y Chevron para la explotación de recursos hidrocarburíferos en la formación neuquina, esto es un caso testigo de asociación público-privado con una empresa extranjera.
Inclusive, durante 2013 se estableció un régimen de incentivos para hidrocarburos (decreto 929/13), donde se planteaba la posibilidad de obtener libre disponibilidad de divisas para quienes aumentaran la inversión y la producción de hidrocarburos.
Esto sería así si se garantizaran inversiones reales y el abastecimiento del mercado interno. El estudio concluye que “en este caso se ve el rol central del Estado como regulador y promotor activo del desarrollo y la inversión”.
Pierden consumidores y grandes y pequeños comercios e industrias
Pese a este antecedente, el objetivo de la reforma de Milei (de las petroleras) en el estratégico sector de hidrocarburos es liberar absolutamente el mercado, eliminar prácticamente cualquier injerencia en las decisiones del Estado nacional y de las provincias (dueñas del recurso), establecer paridad de importación/exportación y, finalmente, establecer los precios internos en línea con el internacional. Así, el consumidor pagará la nafta al mismo precio que el de los países que no tienen petróleo.
Hasta ahora existía un sistema legal que ha determinado en la práctica el desarrollo del potencial de la actividad hidrocarburífera en estos últimos años, fundamentalmente en la explotación no convencional de Vaca Muerta, que mes a mes viene registrando récords de producción y con grandes proyectos de expansión y transporte.
Esto ha venido funcionando de esta manera con la actual legislación e inclusive el Poder Ejecutivo pudo desplegar su política tarifaria y de precios en aumento sostenido sin ningún tipo de problemas.
Reducir a la mínima expresión la intervención estatal en esta materia con un nuevo paradigma es una desmesura: desde el descubrimiento del petróleo el 13 de diciembre de 1907 en Comodoro Rivadavia hasta hoy, el objetivo de la explotación fue que la producción de petróleo y gas garantice el autoabastecimiento y el desarrollo del país.
Ahora, como consecuencia de la nueva política energética de Milei, el país será una plataforma de exportación de petróleo y gas (segunda reserva de shale gas y cuarta de shale oil del mundo) con precios internos en línea con los internacionales (como si fuera Argentina un país sin estos recursos estratégicos) y serán las petroleras las que decidirán el destino final de los hidrocarburos.
Las víctimas de estas nuevas reglas de juego son consumidores domésticos y grandes y pequeños comercios e industrias que quedan rehenes de un esquema totalmente a favor de las petroleras y profundamente desigual en el acceso a un recurso estratégico y necesario para el bienestar general.
