El obispado castrense debe ofrecer asistencia espiritual a sus fieles –los integrantes de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, monseñor Santiago Olivera parece haber ampliado los límites de su actuación y se dedica a hacer lobby entre los jueces de Comodoro Py. Hizo saber que organizó para agosto próximo una visita al Papa Francisco de dos integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky y Daniel Petrone, y de la jueza María Eugenia Capuchetti, blanco de duras críticas esta semana por su investigación del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner.

Olivera ocupa el obispado castrense desde junio de 2017. El cargo estaba vacante desde que Antonio Baseotto había propuesto colgar una piedra al cuello de Ginés González García –ministro de Salud de Néstor Kirchner– y tirarlo al mar en una reversión de los vuelos de la muerte. En ese momento, los dichos de Baseotto fueron el plafón que usó Cecilia Pando para salir en defensa de los criminales de uniforme que volvían a ser investigados por la justicia después de casi 20 años de impunidad.

Desde que llegó al cargo, Olivera no desentonó con los reclamos de la familia militar. En 2019, participó de un curso internacional para capellanes militares en Roma, desde donde despotricó fuertemente contra los juicios por crímenes contra la humanidad. Allí dijo que se llevan adelante acciones por las violaciones a los derechos humanos cometiendo nuevas violaciones a esos mismos derechos. “A los militares se los llama ‘genocidas’ o ‘represores’ mientras que a los terroristas y subversivos ‘jóvenes idealistas’”, se quejó casualmente parafraseando el libro publicado por Victoria Villarruel, Los llaman jóvenes idealistas. También dijo que se podía hablar de una “mala praxis judicial en los llamados juicios de lesa humanidad” y que se juzga a los acusados con leyes retroactivas.

En 2021, monseñor Olivera volvió a la carga: hizo escuchar sus quejas por las prisiones preventivas prolongadas y dijo que los derechos humanos no son iguales para todos. El 26 de marzo pasado, ofició misa en la capilla Stella Maris –frente a los tribunales de Comodoro Py. Desde allí, habló de miradas parciales e ideologizadas, y de que se cometen muchas injusticias que son “lo más parecido a la venganza”. Entre la feligresía estaban Carlos Manfroni, jefe de gabinete de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, y Francisco Sánchez, el secretario de Culto de Javier Milei.

Tanto Manfroni como Sánchez son hombres con vínculos con Villarruel. Manfroni escribió un libro con ella, Los otros muertos. Sánchez se define como su amigo personal. Los dos son sensibles a la causa de la “memoria completa”. Durante la campaña del año pasado, Manfroni había publicado que, desde los equipos de Bullrich, buscaba una solución para los mayores de 70 años que están presos por delitos contra la humanidad.

Olivera estuvo con Villarruel el 21 de diciembre, once días después de que asumiera. La visitó en su despacho en el Senado y la invitó a una serie de actividades para los próximos meses –e incluso años. Ante la prensa del obispado, Olivera contó que la conocía por su militancia en el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), una organización que supuestamente se dedica a las “víctimas civiles”, no a la defensa de los uniformados –quienes conforman la feligresía del obispado castrense. Recordó entonces Olivera que solían compartir las misas en la capilla San Lucas del Seminario Diocesano Castrense o en la parroquia San Lucas Castrense.

Olivera tiene vínculo también con otro integrante del Celtyv: Arturo Larrabure, hijo de Argentino del Valle Larrabure, un militar secuestrado en 1974 por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y que apareció muerto un año después. Olivera impulsa la canonización de Larrabure y el mes pasado le dejó un libro con su historia al Papa cuando lo visitó en Roma. Larrabure hijo se prepara para desembarcar en las próximas horas en la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, donde ya dijo que pretende poner fin a 20 años de políticas kirchneristas.

Olivera estuvo con el Papa el 25 de mayo. En ese momento, le hizo saber que había jueces que querían reunirse con él. Se presume que él lo sabía porque ya había estado en contacto con ellos. La audiencia finalmente tendrá lugar el 19 de agosto próximo en el Palacio Apostólico.

Hasta ahora, los invitados son Borinsky, Petrone y Capuchetti. Circula la versión en los tribunales de Retiro que la comitiva podría ampliarse. Los temas que supuestamente se abordarían en el encuentro con el Papa son la reforma del Código Penal y la implementación del sistema acusatorio. Borinsky y Capuchetti integran la comisión para reformar el Código Penal que convocó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Petrone integra otra comisión que monitorea cómo funciona el sistema acusatorio.

El Papa ha sostenido encuentros con jueces y fiscales. Muchos magistrados viajan a verlo y él incluso ha enviado mensajes sobre cómo debería funcionar el sistema de justicia. Lo insólito en este caso es que quien gestione la audiencia sea el obispo castrense –que se ocupa de asistir espiritualmente a militares y policías.

Consultado por este diario, el camarista Borinsky confirmó que estará el 19 con Francisco. Sin embargo, dijo que él realizó las gestiones con el pontífice y que el financiamiento del viaje corre por su cuenta. Negó que obedezca a una invitación de Olivera.

Nada de esta gestión fue publicitado en las redes sociales del Obispado castrense, que acaba de celebrar sus 67 años de existencia. Tampoco hay gacetillas que den cuenta de encuentros con jueces o juezas, por lo que es difícil saber cómo se enteró de la voluntad de los tres magistrados de reunirse con el Papa para discutir esos temas.

La Cámara Federal de Casación Penal es un lugar clave para todas las causas. Desde diciembre pasado, defensores de represores posaron su atención en ese tribunal. Pidieron con insistencia que se hiciera un plenario para discutir bajo qué condiciones les corresponde a los mayores de 70 años acceder a la prisión domiciliaria. El planteo fue rechazado por la superintendencia de la Cámara, que integran, entre otros, Borinsky y Petrone.

Las críticas de Olivera de que la justicia argentina tiene una mirada parcial o revanchista frente a los militares alcanzan a todos los jueces que fueron invitados, particularmente a Borinsky por ser el presidente del máximo tribunal penal del país. En 2022, la sala de Casación que integra, la IV, había sido eje de cuestionamientos por parte de organizaciones que defienden a los detenidos por crímenes contra la humanidad porque entendían que no era favorable a sus intereses. Así se lo hicieron saber cuando fueron a pedir una reunión en la Cámara, enfurecidas porque sus autoridades habían convocado a las Madres y las Abuelas.

Capuchetti no intervino en demasiadas causas por crímenes contra la humanidad. En los últimos tiempos, se destacó por haber frenado la investigación de las líneas que conducían a posibles responsabilidades políticas o autorías intelectuales del intento de magnicidio que sufrió CFK en septiembre de 2022. Fue también criticada por haber sobreseído a todos los acusados de la mesa judicial del gobierno de Cambiemos –incluido Mauricio Macri y su exasesor prófugo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón.