Tras muchas idas y vueltas en torno a la arista cultural incluida en la Ley Bases, la conclusión del proceso es "agridulce". El calificativo es de Gonzalo Pérez, presidente de ARTEI, organización que representa a gestores de salas teatrales y que siguió bien de cerca el devenir de la norma, aprobada este viernes en la madrugada por Diputados. En el texto final los organismos de la cultura quedan excluidos de una posible disolución. Sin embargo, al Gobierno le quedan otras vías para avanzar con el ataque, las presiones y el desguace que viene ejerciendo sobre ellos desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

"Agridulce" es la síntesis de Pérez en parte porque el comienzo del proceso que concluyó en la Ley Bases mostraba un escenario muy dramático. A fines de diciembre de 2023, Milei enviaba al Congreso la Ley Omnibus, que contemplaba sólo dos caminos para los organismos que protegen y fomentan a la cultura en todo el país: cierre o desfinanciamiento. El primero era el final previsto para el Instituto Nacional del Teatro (INT) y el Fondo Nacional de las Artes (FNA), dos instituciones muy relevantes y valoradas. Se recuerdan de esos tiempos las acaloradas exposiciones de los referentes artísticos en el Congreso, a la par que se realizaban abrazos y movilizaciones en las calles. Finalmente, el capítulo cultural que contenía la Ley Omnibus -un claro y específico ajuste para el sector- fue eliminado por completo.

Sin este apartado, la primera versión de la Ley Bases mantenía la posibilidad de que el Gobierno interviniera, desguazara y cerrara organismos mediante las facultades delegadas. El texto incluía un listado de entes excluidos de la posibilidad de disolución. De los culturales solamente figuraba el INCAA, paradójicamente de los más perjudicados a la fecha. A mediados de junio de este año, luego de diálogos con la oposición dialoguista, el Senado incluyó, en el artículo 3, la prohibición de disolver los organismos del ámbito cultural.

El listado menciona con nombre completo y sigla a distintos organismos excluidos de la posibilidad de disolución, como el CONICET, la ANMAT, el INCUCAI, el INTA y el INCAA, y termina así: "y aquellos organismos vinculados a la cultura". No hay enumeración que detalle cuáles. Este viernes, los diputados aprobaron el texto con la modificación realizada por los senadores. "La parte dulce sería que la unidad y movilización de todo el sector cultural logró algo, una muy pequeña concesión, que es que se reconozca en un texto que los organismos de la cultura no se pueden eliminar. Si no hubiesen estado todo el trabajo, la movilización y la presión no hubiese sucedido", desliza Pérez.

"Pero así tal cual está la sanción hay un riesgo muy grande de que el Poder Ejecutivo implemente lo que está en sus ideas. Tiene un diagnóstico errado, no sólo del sector cultural. Específicamente en relación a nuestro sector, piensa que está sobredimensionado, habla de nichos de militancia... es evidente que pueden avanzar hacia el vaciamiento de las instituciones culturales", advierte el presidente de ARTEI.

La advertencia está en la propia ley. Aunque no esté la luz verde para cerrar determinados organismos u órganos de la administración central o descentralizada, la Ley Bases incluye otra lista de verbos no poco sutiles que preanuncian un posible peligro para su funcionamiento. El mismo artículo 3 plantea que el Poder Ejecutivo puede modificar, eliminar competencias, funciones o responsabilidades "dispuestas legalmente cuyo mantenimiento resulte innecesario"; a la vez que puede reorganizar, modificar, transformar su estructura jurídica. También queda habilitado para ejecutar la "centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previo acuerdo que garantice la debida asignación de recursos". 

A la vez, diga lo que diga la ley, la realidad puede ir por otro carril. Claro ejemplo es lo que ocurre en el INCAA, donde, con la figura del economista Carlos Pirovano a la cabeza, se profundiza el desguace, con retiros voluntarios, despidos y la destrucción de programas alternativos y federales de exhibición, entre otras cosas. Javier Gabino, de Unidxs por la Cultura, organización que puso el cuerpo en la calle durante todo el tratamiento de la ley -con el costo de una detención-, advertía sobre esto cuando el Senado había modificado el artículo 3: "Si bien los tipos dicen que no pueden cerrar el INCAA, pueden llevarlo a un nivel cero de trabajo, que es lo mismo que cerrarlo". 

Pérez comenta que los mecanismos institucionales del INT funcionan en este momento con normalidad. Pero los fondos del instituto "son insuficientes y están congelados, como todo en el Estado", lo que dificulta el cumplimiento de su objetivo central, que es el fomento de la actividad teatral en todo el país. Por eso, Pérez reconoce que no queda más opción para la comunidad artística que continuar "en estado de alerta".