La última cumbre de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Asunción del Paraguay será recordada, entre otros motivos, por el retroceso político marcado por la delegación argentina, enrolada ahora en las filas de la ultraderecha internacional, y luego de liderar por décadas en asuntos de derechos humanos y en posiciones progresistas.    

El 18 de junio, en una reunión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA en el que se trató una iniciativa sobre Haití y un proyecto sobre “enfoque multidimensional” en materia de seguridad, existió un aviso de lo que ocurriría pocos días más tarde en la asamblea del organismo continental.

En las dos propuestas de resolución, la embajadora argentina en la OEA, Sonia Cavallo, hija del exministro de Economía, Domingo Cavallo, propuso reescribir o borrar todo rastro de afirmaciones referidas al fortalecimiento de la democracia; a la protección a los derechos humanos, medioambientales y reproductivos; a la lucha contra el racismo y la discriminación hacia personas con discapacidad, comunidades indígenas y afrodescendientes; y al reconocimiento de la perspectiva de género, incluyendo la violencia sexual contra mujeres y niñas.

El cambio de Argentina en la OEA responde a una estrategia mucho más amplia, impulsada desde el gobierno de Javier Milei y que tiene como unos de sus principales objetivos confrontar contra la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a partir de una política exterior regresiva y de alto nivel de confrontación pública.

La Agenda 2030 fue aprobada por las Naciones Unidas en 2015 y plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que abarcan las esferas económica, social y ambiental. Entre otros, tiene como objetivos prioritarios el fin de la pobreza, la igualdad de género, la educación, la seguridad alimentaria, el crecimiento económico inclusivo, y el combate urgente al cambio climático y a sus efectos ambientales

Además, la Agenda 2030 crea un horizonte en común, reúne a los países alrededor del mundo en un acuerdo básico que favorece la cooperación internacional y que posibilita, incluso, el financiamiento extranjero, tan aclamado por el actual gobierno argentino.

Así, bajo la Agenda 2030 se apuesta a la construcción de un capitalismo global y sustentable, que no sólo prescinda de los combustibles fósiles, sino que también apueste a la utilización de energías renovables, que tienda a minimizar la generación de residuos, que limite la cultura del consumo exacerbado e incluso, que incorpore criterios éticos a la gobernanza económica ejercida por las corporaciones y por los mercados financieros.

En cambio, para la ultraderecha a nivel internacional, la ambición del “desarrollo sostenible” debe ser combatida de manera inapelable. Como lo expresara Milei todavía durante su campaña electoral, la Agenda 2030 es una expresión más de la “decadencia” en la que se encuentra el planeta, principalmente, por la infiltración del “marxismo cultural” en organismos como las Naciones Unidas.

La lucha contra los ODS implica sostener los tradicionales modelos de producción y de consumo capitalista frente a cualquier posibilidad de cambio y de mejora social, aun a riesgo de provocar un desastre social de proporciones mayúsculas y una crisis ambiental de signo irreversible

Pero la cruzada internacional de Milei no es gratuita, ya que contradice el ordenamiento jurídico nacional (el país tiene aprobada ya las leyes del divorcio, matrimonio igualitario y aborto), como así también el ordenamiento jurídico internacional con el que está comprometida la Argentina. Y eso sin tomar en cuenta la incómoda situación diplomática en la que termina situado el país.

Por otro lado, y pese a las diferencias, en algunos casos inocultables en asuntos ambientales o en materia de género, para la administración demócrata de Joe Biden la postura argentina en la OEA es funcional a sus principales intereses en la región ya que, entre otros aspectos, opera como un ariete de peso frente a los gobiernos de Venezuela y de Nicaragua.

Aunque se comporte como un francotirador dispuesto a boicotear acuerdos históricos, lo cierto es que la delegación argentina no se desempeña de manera autónoma ni independiente.

Detrás de sus iniciativas se encuentran los vínculos ideológicos y programáticos construidos por una ultraderecha cada vez más articulada a nivel internacional y donde el protagonismo lo ostentan los sectores más reaccionarios del Partido Republicano y del “trumpismo” que buscan ganar las próximas elecciones presidenciales del 5 de noviembre.

De ahí que el gobierno de Javier Milei utilice a la OEA principalmente como una arena de lucha, más allá de la agenda política que allí se debata, preparando en consecuencia el terreno y las condiciones políticas frente a la posibilidad de que Donald Trump retorne a la Casa Blanca con un programa mucho más radicalizado y regresivo que el de su anterior mandato.