"Tardamos bastante en caer en la magnitud de lo que estaba pasando. Todos estábamos en esa ignorancia de que 'mañana lo largan, si no hizo nada, le toman los datos y lo largan". La policía misma nos decía eso. Pero pasan los días y mi hermano sigue en un penal de máxima seguridad, donde los reclusos conviven con las ratas, las ves pasar por adelante tuyo. Es desesperante... es más que eso, no encuentro palabras para explicar bien lo que se siente. Tenemos que estar tranquilos para transmitirle eso a él, pero a mí se me hace cada vez más difícil". La que habla es Micaela Gómez, hermana de Facundo, una de las cinco personas que permanecen detenidas desde el 12 de junio pasado, cuando el Senado trató la ley Bases y en las calles la movilización popular fue sofocada con un operativo represivo que incluyó la "caza", muy al azar según se comprueba en las causas y lo que el fiscal Carlos Stornelli recolectó como pruebas, de 33 personas.   

De ellas, Daniela Calarco, Facundo Gómez, Cristian Valiente, David Sica y Roberto María de la Cruz continúan detenidos desde hace ya casi veinte días, alojados, inéditamente para situaciones de este tipo, en un penal federal, el de Ezeiza, adonde fueron trasladados sin aviso a familiares ni abogados, rompiendo aquellos "primeros días de ignorancia", en lo que los familiares relatan "como si fuese una película de terror, algo que te cuentan y no podés creer". Con las denegaciones de excarcelaciones y prisiones preventivas apeladas, a partir del martes podría haber novedades en una causa que sin embargo puede exhibir pocas certezas, cuando nada sigue un patrón ajustado a derecho. Al punto que los mismos exactos argumentos que la jueza María Servini usó para dictar algunas faltas de mérito, los usó en el caso de Gómez para procesarlo, acusado de las mismas supuestas acciones (tirar piedras y traspasar una valla). También inéditamente, se les imputa un delito grave como intimidación pública, que prevee penas de hasta 6 años de prisión. 

Los varones detenidos pasaron por otra situación fuera de toda norma procesal: al llegar al penal fueron desnudados y rociados con gas pimienta. El maltrato de todo tipo fue una norma aplicada ya desde las comisarías, donde entre otras formas de humillación los familiares cuentan que los policías se encargaron de comer delante de los detenidos unas pizzas que ellos les habían comprado juntando plata entre todos, la primera noche a la comisaría. Finalmente, dicen, la amenaza de "ir a parar con los presos comunes" se cumplió, pero terminaron siendo mejor tratados por estos compañeros de celda que por el personal policial y penitenciario.    

Culpables

En el relato de los hechos y sin que medien pruebas en contrario, a excepción de la palabra policial, Facundo Gómez es culpable de haberse apoyado en una de las vallas con las que rodearon el Congreso el día de la represión para atender el llamado de su madre, en Rivadavia y Entre Ríos. "Ella quería ir a la manifestación pero se sentía mal y estaba en cama, estaba tratando de hablar con Facu para ver cómo iba todo y la llamada se cortaba. Finalmente lograron comunicarse y Facu se paró para decirle que ya se estaba yendo la gente y él se estaba por volver, eran las 7 y cuarto. Ahí lo rodean cuatro efectivos y se corta la comunicación. Mi mamá sigue llamando hasta que la atiende un policía y le dice: 'su hijo está detenido por averiguación de antecedentes, cuando terminemos con esto lo largamos'. Nos preocupamos porque no sabíamos dónde estaba, recién casi a la 1 nos enteramos que lo estaban trasladando a Lugano. Después él nos contó que cuando lo llevaban detenido un fotógrafo al que le rompieron la cámara para que no tome registro le gritó: ¡compañero, decí tu nombre! Ahí la policía le pegó dos piñas en el estómago, para que no hable. Por eso al principio no podíamos encontrarlo".

David Sica vive en situación de calle y es culpable de haber querido pasar por la zona para llegar a la iglesia San Expedito, en Mitre y Azcuénaga, a buscar comida y abrigo. La suya fue de las primeras detenciones, ocurrió cerca de las 2 de la tarde. La policía le dijo que tenía que dar toda una vuelta porque la cuadra estaba vallada, y él intentó cortar camino por un lugar por donde estaba algo abierta la fila de vallas. Ahí quedó detenido. 

Cristian Valiente es culpable de otra mala idea: contó que encontró tirado un aerosol químico de los que usa la policía para gasear a los manifestantes, y se lo guardó en la mochila. La pieza tiene un track de ministerio de Defensa, con su código de lote, y un detalle: la fecha de vencimiento estaba expirada. No lo usó ni tenía pensado usarlo. Como la etiqueta dice: "Granada de mano. Gas de hostigamiento. Candela", se difundió a la prensa que el hombre "llevaba una granada". 

Muy culpables

Daniela Calarco reúne una serie de condiciones que su abogado entiende que fueron tomadas en la acusación como "un disvalor": es militante social y al momento de la detención llevaba una pechera de su agrupación, el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR). Llevaba también un pañuelo verde de la campaña por el derecho al aborto. En su mochila llevaba además volantes de su agrupación y un libro sobre la Esma. Todo esto fue inventariado en el planteo de la fiscalía con un marcado acento acusatorio.

Pueden consignarse más "disvalores" condenatorios de esta mujer que en marzo fue despedida de la Secretaría de Niñez, que defiende la lucha ambiental y que como lesbiana integra el colectivo LGBT contra el que este gobierno ha apuntado de diversas maneras. La acusan de intimidacion pública y estrago doloso por un supuesto intento de generar un incendio. "Ninguno de los hechos se ha consumado. Al principio no había nada de prueba documental, solo relatos de policías. Ahora hay fotos y videos, una captura de pantalla de una cámara de TN que se hizo viral, que muestra que se prenden unos papeles, viene un viejito y los apaga, así de grave fue. Tampoco hay nada secuestrado, es todo insostenible", plantea Vázquez, defensor de Calarco. 

Dice que Daniela "está fortalecida, está bien, se siente acompañada. La visitan sus compañeras, su pareja, la llaman las ex detenidas que estuvieron con ella. Hay mucho apoyo de organismos, mucha presencia, ayer la visitó María Máximo, responsable del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Hubo mucha solidaridad, juntamos 78 mil firmas, se presentó un amicus curiae encabezado por Pérez Esquivel, el Serpaj, Amnesty Internacional. Es una situación muy dura e injusta pero ella la asume con ánimo militante", relata. 

La visita

Facundo Gómez tiene un hijo de 14 años. Trabaja en Plaza Serrano con su madre, que comenzó hace veinte años a vender café en carritos, principalmente a los feriantes. También hace repartos, changas. No es la primera manifestación a la que iba, solía ir con sus hermanas, a veces con su madre, que también quería ir ese 12 de junio, pero se sentía mal.

Ahora comparte pabellón en Ezeiza con David Sica y Cristian Valiente, hace unos días los cambiaron de pabellón, también juntos. La familia se ha organizado y su hermana Micaela es la encargada de ir a visitarlo: "Hay mucho que hacer por su liberación, mientras tanto hay que seguir trabajando porque no queda otra, y además no queremos que mi mamá ni mi sobrino tengan que pasar por eso", dice con tristeza, relatando el extenuante periplo de horas, requisas y papeleos que debe pasar para cada ingreso a la vista. 

"Facu es una persona que se sabe amoldar, un pibe que se hace querer, y dentro del penal logró tener su lugar, que lo respeten y respetar. El está bien en ese sentido. Pero por mucho que pueda rescatar y ver eso positivo, ahí adentro sigue siendo una cárcel, las condiciones son terribles. El me dice que no me preocupe y no puedo dejar de pensar en todo lo horrible que está viviendo. Sé que duermen con ratas, que come mal, que el abrigo no alcanza y a la noche pasa frío, que en este nuevo pabellón ahora son muchos y si hay una llamada tiene que ser corta, pensar en todo eso me da mucha angustia. También lo bajonea ver que a otros los van liberando y él, que está en la misma, va quedando. Es desesperante porque no hay explicación. La verdad nunca nos imaginamos, ni remotamente, que nos iba a tocar pasar por este infierno", se angustia. 

Ninguna de estas cinco personas -una de ellas, como se contó, en situación de calle- tiene recursos para hacer frente al embargo de 500.000 pesos que les fijó el juzgado. Pero en su afán de ir por más, el fiscal Stornelli pidió aumentar el monto. Mientras, sin presentar nuevas pruebas, apeló las faltas de mérito de 7 de los 33 detenidos, para quienes también pide prisión preventiva. 

Los abogados hablan de dislates jurídicos, de inexistencia de delito, de "manotazos" de la fiscalía. Hasta la jueza ha consignado la evidente "orfandad de pruebas". Pero Facundo, Daniela, David, Cristian y Roberto van a cumplir veinte días presos por haber ido a manifestarse contra la aprobación de una ley, o simplemente por intentar pasar cerca del Congreso.