El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) advirtió que el Gobierno de Ecuador, bajo el mandato presidencial de Guillermo Lasso (2021-2023), facilitó la proliferación de armas de fuego en el mercado legal e ilegal del país, en un momento de auge y expansión de la violencia de las bandas del crimen organizado.
En el informe '¿El paraíso perdido? Tráfico de armas de fuego y violencia en Ecuador', el organismo aseguró que "la centralidad de las armas de fuego en las dinámicas de violencia en Ecuador (presentes en nueve de cada diez homicidios en 2023) es el resultado de una flexibilización de las normas internas que permiten la importación, la fabricación, el comercio y el porte de armas".
"A pesar del crecimiento de la violencia armada, el 1 de abril del 2023, el Gobierno ecuatoriano aprobó varias medidas que ampliaron el mercado legal de armas de fuego", sostuvo el OECO.
Entre esas medidas estuvo la legalización de la importación y porte de armas de uso civil con fines de autoprotección y la reducción del impuesto especial que tenían las armas de fuego en Ecuador del 300 al 30 por ciento.
Para el OECO, "estas decisiones fueron adoptadas a pesar de la debilidad institucional del Estado para ejercer un efectivo control sobre los permisos de porte y tenencia de armas; de la creciente corrupción en instituciones relacionadas con la seguridad; y de las duras críticas de algunos sectores de la sociedad civil hacia el Gobierno por fomentar la adopción de medidas de autoprotección y privatización de la seguridad en lugar de promover una política pública de seguridad".
"Este cambio ha facilitado la proliferación de armas en medio de un proceso de expansión de las actividades criminales en el país, lo que ha permitido el crecimiento de un activo y sombrío mercado", sentenció el informe.
Falta de control
Según el Departamento de Control de Armas de Ecuador, en 2021 existían 146.401 armas de fuego legalmente registradas en el país, el 58 por ciento en manos de la Policías y de las Fuerzas Armadas y el 42 en poder de empresas de seguridad privada y personas particulares.
Desde el Observatorio señalaron que "apenas el 26% de los permisos concedidos para el porte de armas estaban vigentes, mientras que el 73% estaban caducados".
"Estos datos demuestran que Ecuador no cuenta con las capacidades institucionales (o la voluntad política) para ejercer un adecuado control sobre los usuarios obligados a renovar sus permisos y sobre el destino final de sus armas", remarcó el documento.
"Pese al número de armas legales en circulación reconocidas por el Gobierno de Ecuador, la investigación realizada para este informe sugiere que las que se encuentran al margen de la ley superan de manera significativa aquellas legales", agregó.
