Desde Lima
Este lunes se inició un juicio considerado clave en la lucha contra la corrupción. La tres veces candidata presidencial Keiko Fujimori se sentó ante un tribunal de justicia para comenzar a responder por los cargos de organización criminal, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración. La acusación es por los aportes económicos ocultos de más de 18 millones de dólares que recibió de grandes empresas para sus campañas electorales de 2011 y 2016.
La Fiscalía pide una condena de 30 años para la hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori. Son 42 los acusados en este caso, entre ellos miembros de la cúpula fujimorista más cercana a Keiko y su exesposo. En las afueras del tribunal hubo manifestantes en contra y a favor de la jefa del fujimorismo.
El juicio oral a la presidenta del partido fujimorista Fuerza Popular se inicia en el contexto de una ofensiva de ataques desde su partido y sus aliados políticos y mediáticos contra la Fiscalía para desacreditar su trabajo y sacar del proceso a los fiscales que llevan el caso. Y cuando en el Congreso, manejado por las bancadas de derecha y ultraderecha, con el fujimorismo marcándoles el paso, se aceleran acciones para cambiar leyes para favorecer a los procesados por corrupción y para capturar el sistema de justicia.
Al abrirse la audiencia judicial, abogados de varios de los acusados, entre ellos la abogada de Keiko, intentaron impedir que se inicie el juicio solicitando que el tribunal declare nula la acusación fiscal y el caso regrese a la etapa procesal anterior ya superada de control de acusación, en la que un juez revisa la acusación fiscal y determina si procede o no pasar a juicio oral. Pero esa maniobra fracasó. Los jueces rechazaron todos esos pedidos. La Fiscalía estima que si hay voluntad del Poder Judicial de avanzar con audiencias más continuas -por ahora se han programado solamente dos audiencias semanales- el juicio podría concluir en un año, pero de lo contrario se podría prolongar dos años o más.
Odebrecht
El juicio se reanudará este martes con la sustentación de la acusación por parte del fiscal José Domingo Pérez. La excandidata presidencial está sindicada de haber recibido 1,2 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht, involucrada en una trama de pago de sobornos, para su campaña presidencial de 2011, aporte no declarado. También se le acusa de captar financiamiento oculto de grandes empresarios nacionales para las campañas electorales de 2011 y 2016. El empresario Juan Rassmuss le entregó 7 millones de dólares, el principal banquero del país, Dionisio Romero, le dio 4 millones de dólares. Son los aportes ocultos más significativos, pero no los únicos. Todo este dinero fue entregado en reuniones clandestinas a la propia Keiko Fujimori o a sus cercanos colaboradores, en maletines cargados con fajos de billetes, eludiendo los controles legales. La defensa de la tres veces derrotada candidata presidencial niega el dinero entregado por Odebrecht y en los otros casos señala que se trata de dinero de origen lícito y que no haberlo declarado es una falta pero no un delito.
PáginaI12 conversó con el fiscal José Domingo Pérez. Se mostró confiado en el caso que tiene la Fiscalía. “En el juicio oral hablarán las pruebas. Tenemos un caso sólido y estamos confiados en lograr una sentencia condenatoria”, señaló. “En el caso de Odebrecht -precisó- el dinero proviene de la corrupción. Hay documentos de la empresa que acreditan esa entrega y altos funcionarios de Odebrecht lo han confirmado. El banquero Dionisio Romero ha declarado a la Fiscalía que violó todas las normas para sacar de la entidad financiera el dinero que canalizó a Keiko Fujimori, lo que constituye una extracción ilegal de ese dinero. Ocurre lo mismo en el caso de los otros empresarios. Esas extracciones ilegales de dinero, fraguando la contabilidad de estas empresas, poniendo como destino otro concepto, constituyen delito de fraude en la administración de la persona jurídica, lo que hace ilegal la procedencia de ese dinero. Una vez obtenidos estos recursos, se lavaron a través de falsos aportantes a la campaña y cócteles en los que se inflaba lo recaudado. La modalidad de entrega no bancarizada sino en forma oculta de millones de dólares en efectivo es un claro indicador que hay un conocimiento de la ilicitud de ese dinero que se recibió”.
Para sustentar su acusación la Fiscalía presentará más de mil testimonios, de empresarios que dieron estos aportes ocultos de campaña, de excolaboradores de Keiko que operaron para lavar ese dinero, de falsos aportantes reclutados para ocultar su origen y otros. El fiscal Pérez adelantó que espera una defensa política antes que jurídica de la principal acusada en este caso. Denunció una campaña de ataques y amenazas en su contra y expresó su preocupación por presiones y amenazas a los testigos y colaboradores de la Fiscalía que deben declarar, lo que ya se ha dado en la etapa de la investigación fiscal, razón por la que Keiko está acusada por obstrucción a la justicia.
“Nos vamos a encontrar con una defensa muy agresiva, que seguramente me va a atacar. La defensa de Keiko Fujimori lo que ha buscado y sigue buscando es sacarme del proceso. Por su influencia en la Fiscalía me han abierto procesos y denuncias disciplinarias, igual que al fiscal Rafael Vela (coordinador del equipo de fiscales que lleva este caso y otros de corrupción política), para sacarnos del caso. Soy blanco de ataques en medios, en las redes, de agresiones impunes por grupos violentistas, he recibido amenazas de muerte. Esto se ha reactivado con el inicio de este juicio. También se ataca y denuncia a la prensa que investiga la corrupción. El ataque en mi contra no es solo un mensaje a mí, sino también a los colaboradores eficaces de la Fiscalía y los testigos. Con qué garantía ellos van a declarar contra estas personas si están viendo que al fiscal lo están destruyendo. Estamos juzgando a una organización criminal”, advirtió el fiscal.
Como argumento de defensa el fujimorismo se ha quejado, sin evidencias, de una supuesta persecución política contra su jefa. “Decir que ella es una perseguida política es falso y es una situación de presión a la justicia -aseguró Pérez-, la acusada no puede hablar de excesos, arbitrariedades de la justicia en su contra, por el contrario, ella está recibiendo un trato privilegiado. Los jueces le permitieron viajar al extranjero poco antes que empiece este juicio, fue a España a decir que es una perseguida política, cuando a otros procesados en casos similares se les ha negado incluso salir de Lima para ir a sus provincias de origen o viajar al extranjero para un tratamiento médico”.
Keiko es la tercera integrante de la familia Fujimori en sentarse como acusada ante un tribunal de justicia. Su padre Alberto, el exdictador, fue condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad y corrupción, y su hermano Kenji, excongresista, fue sentenciado en enero a cuatro años y medio de prisión suspendida por la compra de votos en el Congreso.
